Política
Partido Nuevas Ideas rechaza el espionaje en ciberdelitos
El grupo parlamentario de Nuevas Ideas rechazó categóricamente ayer que la reforma al Código Procesal Penal para combatir y castigar los delitos cometidos con las tecnologías informáticas, y que da vida a la figura del agente encubierto, vaya a ser utilizada para espionaje o persecución, como quieren hacer creer los sectores de la oposición política.
Varios legisladores del grupo parlamentario de la bancada cian recordaron, además, que la figura del agente encubierto ya es utilizada y permitida en el país para investigar, procesar y castigar penalmente otras conductas delictivas.
Asimismo, descartaron que para la obtención de pruebas se vayan a desarrollar otros procedimientos que no sean los mismos que se ejecutan cuando se investiga otro tipo de delitos.
La comisión de seguridad pública de la Asamblea, en su sesión del miércoles pasado, emitió dictamen favorable para las enmiendas que crean un nuevo capítulo en el Código Procesal Penal y que están relacionadas con el uso de tecnologías informáticas y de comunicación.
Las reformas, que serán conocidas en la sesión plenaria de la próxima semana, desarrollan cinco nuevos artículos para combatir los ciberdelitos, los cuales recogen en su redacción las propuestas hechas por la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP).
Los nuevos artículos desarrollan disposiciones generales sobre evidencia digital, registro de la cadena de custodia, incorporación y producción de evidencia digital en el proceso penal, agente encubierto digital y otras técnicas de investigación infor mática y medidas cautelares.
El diputado de Nuevas Ideas e integrante de la comisión de seguridad Wálter Coto rechazó tajantemente que el artículo relacionado con la figura del agente encubierto digital y otras técnicas de investigación informáticas vaya a ser usado para el espionaje o la persecución, como pretende hacer creer la oposición, a la que le recordó que el agente encubierto ya se usa para combatir otros delitos.
«El espionaje en este país no existe. Lo que aquí existe es la posibilidad de que haya agentes encubiertos y la normativa ya lo regula y está establecido en el Código Procesal Penal para llegar a la verdad en un proceso», explicó Coto.
La legislación procesal penal, en el artículo 175, inciso cuarto, permite el uso de «operaciones encubiertas practicadas por la Policía» para investigar y probar conductas delictivas en el crimen organizado, defraudación al fisco, actos de terrorismo, ilícitos de realización compleja, lavado de dinero, narcotráfico e infracciones aduaneras.
El uso de la figura de este agente encubierto, advierte el Código Procesal Penal, es «previa autorización por escrito del fiscal superior».
El agente encubierto es una persona de la Policía, y la Fiscalía se coordina con él, explicó Coto. La comisión, en el marco de su discusión y debate de las reformas, incluyó la opinión técnica de la FGR y del MJSP para la redacción final de este artículo relacionado con las operaciones encubiertas, que «serán con autorización judicial y a petición del fiscal, las cuales estarán a cargo de la Policía, previa autorización por escrito del fiscal general de la república o de sus delegados».
El diputado de la bancada cian Carlos Hermann Bruch, por su parte, aseguró que la reforma procesal penal que desarrolla el artículo relacionado con la evidencia digital tampoco tiene algo distinto a los procedimientos que en la actualidad se observan para investigar otras conductas delictivas. «El proceso de incautación de las pruebas es el mismo que se utiliza en los otros procesos de investigación que no son por ciberdelitos. Estas figuras que contemplan las reformas ya existen en la actualidad dentro de nuestra legislación», acotó Bruch, de la comisión de seguridad.
Giovanny Zaldaña, también diputado de Nuevas Ideas e integrante de la comisión de seguridad, es claro al rechazar el argumento de la oposición con respecto al mal uso de esa figura.
«No es espionaje. Buscamos combatir la delincuencia, buscamos llevar estas figuras legales que ya existen al ámbito de la tecnología para que se pueda acercar a las estructuras delictivas y combatir el crimen. No hay por qué temer», explicó Zaldaña.
Coto, Zaldaña y Bruch coincidieron en que las enmiendas al Código Procesal Penal son parte de un trabajo articulado con las instituciones del Estado encargadas de perseguir y combatir el delito.
Nuevas Ideas denunció que en lo que va del año la FGR ha recibido 8,500 denuncias de personas que han sido víctimas de delitos cometidos por medio del uso de la tecnología de la información, que han sido perpetrados en el territorio nacional o desde el extranjero.
Los legisladores reiteraron su compromiso por legislar en favor de la población, al tiempo que exhortaron a los sectores de oposición a trabajar y respaldar todas aquellas iniciativas que se impulsen para combatir el crimen común y el crimen organizado en el país.
A solicitud del Presidente de la República Nayib Bukele, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 59 votos, la Ley Especial para Promover Competitividad y Facilitar Acceso a Productos de la Canasta Básica Ampliada, herramienta con la que se eliminan los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) a 120 productos, para asegurar el abastecimiento de los mismos a la población salvadoreña.
La exoneración de aranceles tendrá una vigencia de 10 años y también se aplicarán a insumos agrícolas y materias primas que garanticen la producción agrícola y la seguridad alimentaria.
Algunos productos que estarán libres del DAI son la carne de res, carne de cerdo, carne de pollo, carne de pavo, leche fluida, huevos de mesa, papas, tomates, cebollas, repollo, frijoles, naranjas, maíz, arroz y azúcar. También a alimentos de animales, fertilizantes, insecticidas y herbicidas.
La normativa también establece que la Defensoría del Consumidor deberá monitorear y vigilar el mercado para constatar que las reducciones arancelarias se vean reflejadas en los precios al consumidor final.
Asimismo, se faculta a los Ministerios de Economía, Hacienda y Agricultura y Ganadería, para que cada uno, dentro de sus respectivas competencias y responsabilidades, puedan emitir los acuerdos, instructivos, circulares, resoluciones y cualquier otra actuación administrativa, orientada a garantizar una correcta y efectiva aplicación de la ley.
La diputada Suecy Callejas expresó que la normativa aliviará la economía de los salvadoreños, en especial en este periodo de lluvias en el que los cultivos de granos u hortalizas se han visto afectados. Ella recordó que, en la legislatura pasada, se aprobó una Ley Especial Transitoria de Combate a la Inflación de Precios de Productos Básicos, la cual fue prorrogada hasta 2026.
“Con esta propuesta se ampliará a 10 años más y se agregan todos los productos de la canasta básica ampliada que son 120. Además de la exoneración del DAI se excluye del pago de cuotas de salvaguardas”, señaló.
Callejas explicó que el decreto permitirá que la exoneración del arancel se aplique incluso a aquellos países con los que El Salvador no tiene tratados de libre comercio.
Por su parte, la diputada Norma Lobo destacó la importancia de que los salvadoreños tengan comida en su mesa y que se garantice la sostenibilidad de la misma.
“Este plan va a estar vigente por 10 años, porque de esa manera todos los empresarios y los mismos productores van a poder hacer sus planes de negocio con base a 10 años con la confianza de que hay estabilidad jurídica”, aseguró Lobo.
La parlamentaria sostuvo que la ley respalda la medida del Ejecutivo relacionada a la creación de los agromercados y la creación de centrales de abasto para cambiar la modalidad de comercialización de los productos de canasta básica.
“Vamos a tener varios centros de abasto para que la población sea la mayor beneficiada y garantizar a los productores que van a poder producir y comercializar sus productos a precios que los salvadoreños no golpeen sus bolsillos”, agregó la parlamentaria.
Mientras que la legisladora Sandra Interiano señaló que la aprobación de la normativa es una muestra del trabajo articulado entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa, y que este es un primer impulso para el plan económico anunciado por el Presidente Nayib Bukele.
“Ningún Gobierno en la historia nacional de este país había dado muestras de ser cercanos a la gente, de escucharle y de resolver sus necesidades más sentidas como el tema de la alimentación sostenible. Recordemos que las administraciones anteriores desmantelaron la producción agrícola nacional en función de intereses particulares. Hoy se empieza dar respuesta a 200 años de descuido y abandono”, apuntó Interiano.
Medida anunciada por el Presidente de la República
El pasado 16 de julio, a través de su cuenta de X, el Presidente Nayib Bukele anunció que la propuesta, que busca favorecer la economía de los salvadoreños, sería enviada a la Asamblea Legislativa.
“Hoy, enviaré una propuesta para suspender todos los aranceles a todos los productos de la canasta básica ampliada, así como a otros 70 productos alimenticios, por un período de 10 años”, escribió.
Además, la mañana de este miércoles 17 de julio, el mandatario agregó que también se eliminarán los aranceles para productos agrícolas.
“Hemos decidido eliminar también los aranceles por 10 años a fertilizantes, abonos, alimentos para animales (incluyendo aves y peces) y demás insumos que utilizan los agricultores y productores nacionales. Así ellos también serán más competitivos y no únicamente los importadores”, sostuvo Bukele.
Política
Buscan implementar programa de becas con reducción del presupuesto de la Asamblea Legislativa
Con el propósito de continuar aplicando la eficiencia del gasto público, la Asamblea Legislativa tuvo una disminución significativa del presupuesto para cada uno de los diputados, así como del costo del personal a su cargo.
Por ello, los parlamentarios de la Comisión de Hacienda aprobaron un dictamen a favor de destinar $5 millones, durante lo que resta del periodo legislativo 2024-2027, para desarrollar un programa de becas.
De acuerdo al documento avalado en la mesa de trabajo, el presupuesto vigente de este año para ese fin, desde julio hasta diciembre, será de $792,000.
Estos recursos se asignarán a programas, planes y proyectos destinados a beneficio de la niñez y la juventud salvadoreña, con el fin de generar acciones positivas que posibiliten el desarrollo integral de este sector.
“Estos son los frutos de una política de austeridad que se ha venido siguiendo en esta Asamblea Legislativa y que vino de una sugerencia hecha por el Presidente de la República, Nayib Bukele, y que nosotros estamos dispuestos a apoyar con todo gusto, porque va a ser de beneficio para la juventud salvadoreña”, expresó el jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara.
Para 2025 y 2026, la cantidad que se destinará será de $1,584,000 por cada año; mientras que para el 2027, será de $1,040,000 desde enero a abril.
El nombre de este programa será «Becas Legislativas Dagoberto Gutiérrez», como lo dio a conocer en sus redes sociales, días atrás, el presidente de este órgano de Estado, Ernesto Castro, tras haberse hecho público el fallecimiento del analista político, líder social y exguerrillero salvadoreño.
La Asamblea Legislativa está comprometida con el uso adecuado de los recursos públicos, es por eso que, siguiendo la línea del Gobierno, los parlamentarios avalaron en junio de 2023 –como primera medida- la reducción de 84 a 60 diputados.
La Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente dictaminó a favor de declarar el 27 de julio de cada año se conmemore el Día Nacional del Inspector Técnico de Salud Ambiental, con el objetivo de dignificar a este personal del sistema de salud.
Durante la discusión de la iniciativa, los parlamentarios resaltaron la labor que los inspectores técnicos de salud ambiental realizan en el país, como por ejemplo, ejecutar soluciones técnicas sobre el medio ambiente a través de la programación de actividades, para evitar así el mayor deterioro de la salud y del ambiente biofísico salvadoreño.
Además, se encargan de verificar la aplicación, cumplimento de las normas y reglamentos ambientales, medidas de bioseguridad en establecimientos públicos formales e informales y realizan labores constantes de desinfección y sanitización. También, vigilan el manejo de desechos bioinfecciosos, el cumplimiento de protocolos ante casos sospechosos, confirmados y defunciones por COVID-19, con el compromiso de mantener la salud de las personas, la familia y toda la comunidad.
El diputado Ricardo Rivas explicó que este sector no había sido tomado en cuenta para ser dignificado a través de un día especial; y sostuvo que el trabajo que ejecutan los técnicos en salud ambiental ayudan a cumplir la visión del Presidente Nayib Bukele en materia de salud.
Son más de 700 técnicos a nivel nacional y a pesar de que no tenían su día ellos lo celebran. Dignificarlos los motivará para que puedan hacer un mejor trabajo y que nuestro país siga avanzando y cumpliendo con la visión del presidente”, expresó Rivas.
Según el proyecto de decreto, con el apoyo de los técnicos la Dirección Ambiental ha hecho campañas de vacunación felina y antirrábica canina, cuya efectividad ha hecho que El Salvador no registre ningún caso de rabia humana desde hace 13 años.
El diputado Saúl Mancía resaltó la labor del personal, especialmente durante la emergencia actual por dengue. Él aseguró que son los inspectores técnicos quienes día y noche han realizado jornadas de fumigación y de concientización.
“Quiero agradecerles a estas 700 personas que, día con día, están tratando en estas comunidades para tener un país con más condiciones saludables. Desde el primer nivel de atención comienza la calidad de vida no podemos permitir que un caso que se puede prevenir se complique”, apuntó Mancía.
