Política
Partido Nuevas Ideas rechaza el espionaje en ciberdelitos
El grupo parlamentario de Nuevas Ideas rechazó categóricamente ayer que la reforma al Código Procesal Penal para combatir y castigar los delitos cometidos con las tecnologías informáticas, y que da vida a la figura del agente encubierto, vaya a ser utilizada para espionaje o persecución, como quieren hacer creer los sectores de la oposición política.
Varios legisladores del grupo parlamentario de la bancada cian recordaron, además, que la figura del agente encubierto ya es utilizada y permitida en el país para investigar, procesar y castigar penalmente otras conductas delictivas.
Asimismo, descartaron que para la obtención de pruebas se vayan a desarrollar otros procedimientos que no sean los mismos que se ejecutan cuando se investiga otro tipo de delitos.
La comisión de seguridad pública de la Asamblea, en su sesión del miércoles pasado, emitió dictamen favorable para las enmiendas que crean un nuevo capítulo en el Código Procesal Penal y que están relacionadas con el uso de tecnologías informáticas y de comunicación.
Las reformas, que serán conocidas en la sesión plenaria de la próxima semana, desarrollan cinco nuevos artículos para combatir los ciberdelitos, los cuales recogen en su redacción las propuestas hechas por la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP).
Los nuevos artículos desarrollan disposiciones generales sobre evidencia digital, registro de la cadena de custodia, incorporación y producción de evidencia digital en el proceso penal, agente encubierto digital y otras técnicas de investigación infor mática y medidas cautelares.
El diputado de Nuevas Ideas e integrante de la comisión de seguridad Wálter Coto rechazó tajantemente que el artículo relacionado con la figura del agente encubierto digital y otras técnicas de investigación informáticas vaya a ser usado para el espionaje o la persecución, como pretende hacer creer la oposición, a la que le recordó que el agente encubierto ya se usa para combatir otros delitos.
«El espionaje en este país no existe. Lo que aquí existe es la posibilidad de que haya agentes encubiertos y la normativa ya lo regula y está establecido en el Código Procesal Penal para llegar a la verdad en un proceso», explicó Coto.
La legislación procesal penal, en el artículo 175, inciso cuarto, permite el uso de «operaciones encubiertas practicadas por la Policía» para investigar y probar conductas delictivas en el crimen organizado, defraudación al fisco, actos de terrorismo, ilícitos de realización compleja, lavado de dinero, narcotráfico e infracciones aduaneras.
El uso de la figura de este agente encubierto, advierte el Código Procesal Penal, es «previa autorización por escrito del fiscal superior».
El agente encubierto es una persona de la Policía, y la Fiscalía se coordina con él, explicó Coto. La comisión, en el marco de su discusión y debate de las reformas, incluyó la opinión técnica de la FGR y del MJSP para la redacción final de este artículo relacionado con las operaciones encubiertas, que «serán con autorización judicial y a petición del fiscal, las cuales estarán a cargo de la Policía, previa autorización por escrito del fiscal general de la república o de sus delegados».
El diputado de la bancada cian Carlos Hermann Bruch, por su parte, aseguró que la reforma procesal penal que desarrolla el artículo relacionado con la evidencia digital tampoco tiene algo distinto a los procedimientos que en la actualidad se observan para investigar otras conductas delictivas. «El proceso de incautación de las pruebas es el mismo que se utiliza en los otros procesos de investigación que no son por ciberdelitos. Estas figuras que contemplan las reformas ya existen en la actualidad dentro de nuestra legislación», acotó Bruch, de la comisión de seguridad.
Giovanny Zaldaña, también diputado de Nuevas Ideas e integrante de la comisión de seguridad, es claro al rechazar el argumento de la oposición con respecto al mal uso de esa figura.
«No es espionaje. Buscamos combatir la delincuencia, buscamos llevar estas figuras legales que ya existen al ámbito de la tecnología para que se pueda acercar a las estructuras delictivas y combatir el crimen. No hay por qué temer», explicó Zaldaña.
Coto, Zaldaña y Bruch coincidieron en que las enmiendas al Código Procesal Penal son parte de un trabajo articulado con las instituciones del Estado encargadas de perseguir y combatir el delito.
Nuevas Ideas denunció que en lo que va del año la FGR ha recibido 8,500 denuncias de personas que han sido víctimas de delitos cometidos por medio del uso de la tecnología de la información, que han sido perpetrados en el territorio nacional o desde el extranjero.
Los legisladores reiteraron su compromiso por legislar en favor de la población, al tiempo que exhortaron a los sectores de oposición a trabajar y respaldar todas aquellas iniciativas que se impulsen para combatir el crimen común y el crimen organizado en el país.
El jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, Christian Guevara, reiteró este martes que los diputados de su bancada en la Asamblea Legislativa continuarán respaldando con sus votos los proyectos destinados a modernizar el sistema público de salud en El Salvador.
“Nuestros votos para mejorar el sistema de salud para los salvadoreños. Lo justo, lo legal y lo correcto siempre”, expresó Guevara a través de su cuenta en la red social X.
Los legisladores oficialistas han respaldado diversas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo para fortalecer la red hospitalaria nacional, incluyendo intervenciones en infraestructura, adquisición de medicamentos y equipos médicos, así como la construcción de nuevos centros de atención, entre ellos el nuevo hospital Rosales.
La fracción cian ha sido clave para la aprobación de financiamiento y reformas que permiten avanzar con la transformación del sistema de salud, como parte del plan de atención integral que el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha promovido durante su gestión.
La Asamblea Legislativa autorizó este martes al Órgano Ejecutivo la suscripción de un contrato de préstamo por $120 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), como financiamiento adicional para el Proyecto de Transporte e Infraestructura Resiliente de El Salvador. Esta iniciativa busca mejorar la conectividad en el norte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
El megaproyecto beneficiará directamente a los distritos de Tonacatepeque, Apopa, Aguilares, Nejapa, Ciudad Delgado y Guazapa, a través de la construcción de una moderna infraestructura vial que incluye un nuevo “by pass” en Apopa, una carretera de circunvalación de aproximadamente 13 kilómetros, pasos elevados y subterráneos, iluminación, señalización, controles de velocidad, paradas de autobús e infraestructura peatonal.
Según estimaciones oficiales, la obra beneficiará de forma directa a más de 550,000 habitantes de los municipios que conforman San Salvador Centro, Este, Oeste y Norte.
Uno de los elementos clave del proyecto es un puente atirantado de 300 metros de longitud y cuatro carriles (dos por sentido), que permitirá desviar el tráfico pesado hacia la carretera de Oro y la Troncal del Norte, facilitando la conexión con la zona norte del país y la frontera con Honduras.
El Gobierno del presidente Nayib Bukele busca posicionar esta región como un nodo logístico estratégico para El Salvador, Honduras y Guatemala, mediante una combinación de inversión pública en infraestructura y atracción de capital privado.
La Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) ha destacado que el potencial de la zona radica en su ubicación estratégica, así como en las obras de conectividad ya ejecutadas y las que están en proceso. Además, se ha informado que el 36 % del suelo destinado para uso logístico y de servicios en San Salvador Oeste ya cuenta con permisos aprobados.
Con este financiamiento adicional, el Ejecutivo busca acelerar el desarrollo vial del AMSS y consolidar al país como un centro regional clave para la movilidad y el comercio.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para autorizar al Ejecutivo la firma de un contrato de préstamo por $120 millones con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), destinado a financiar un ambicioso proyecto de transporte e infraestructura vial en el norte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
El megaproyecto beneficiará directamente a los distritos de Tonacatepeque, Apopa, Aguilares, Nejapa, Ciudad Delgado y Guazapa, y se prevé que la aprobación definitiva del préstamo se realice en la próxima sesión plenaria.
La inversión contempla la construcción de una carretera de circunvalación de aproximadamente 13 kilómetros, pasos elevados y subterráneos, paradas de autobús, infraestructura peatonal, señalización, iluminación y sistemas de control de velocidad. Uno de los componentes clave será la construcción de un «bypass» en Apopa, que incluirá un puente atirantado de 300 metros con cuatro carriles de circulación, diseñado para desviar el tráfico pesado hacia la carretera de Oro y la Troncal del Norte.
Según el Gobierno, la obra beneficiará a más de 550,000 habitantes de los municipios agrupados en San Salvador Centro, Este, Oeste y Norte, mejorando significativamente la conectividad vial y posicionando esta zona como un corredor logístico estratégico para El Salvador, Honduras y Guatemala.
El proyecto se enmarca en el plan de infraestructura resiliente y busca impulsar la inversión pública y privada en la región, facilitando el comercio y el desarrollo económico.
