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Sala de lo Constitucional obstaculiza futura recolección de fondos orientados a Seguridad
La más reciente sentencia de la Sala de lo Constitucional estableció que la Contribución Especial para la Seguridad y Convivencia Ciudadana (CESC), es un tributo de carácter inconstitucional, por lo cual no podrá aplicarse, días antes de que se discuta una manera de promover una reforma para volvelo más progresivo.
De esta manera, el Gobierno queda de manos atadas para poder contar con este ingreso adicional a partir de 2022, año para el cual se tenía previsto que lo pagaran aquellos contribuyentes con ganancias de USD 500,000, o más, al año.
En esta ocasión, la Sala incorporó varios recursos promovidos por diferentes ciudadanos en una llamada “inconstitucionalidad acumulada”. De esta manera, la inconstitucionalidad aplicará para 16 artículos del cuerpo normativo que rige al CESC. Esto, incluida la contribución específica para Grandes Contribuyentes.
Para este año, se prevé recolectar USD 129.2 millones por este tributo. Con este dinero se han pagado los bonos de los policías y los soldados que ayudan con el Plan Control Territorial.
El CESC dejará de estar vigente en noviembre próximo y la Sala ajustó la vigencia de la sentencia a ese momento. Por este motivo, no se programó su recaudación para el presupuesto 2021, ya que no había respaldo legal, Sin embargo, el Ministerio de Hacienda (MH) presentó una reforma para mantener el CESC en el 2022, ero solo a estas empresas que reportan más de USD 500,000 en ganancias. Con esto se podía recolectar entre USD 70 millones y USD 80 millones, pero al depender de las ganancias, la cifra puede ser variable.
Ahora, el Gobierno tendrá que formular una alternativa para compensar este ingreso. Para 2021 ya se tienen garantizados los bonos y aumentos en el ramo de Seguridad y en el ramo de Defensa con fondo general.
En el marco del proyecto presidencial Dos Escuelas por Día, la Dirección de Obras Municipales (DOM) inició la remodelación del Centro Escolar Cantón La Morita, en el distrito de San Jorge, en San Miguel Oeste
Este proyecto tiene el propósito de crear condiciones apropiadas para que niñas y niños abran su primera puerta hacia la educación y la superación, a través del desarrollo de sus capacidades cognitivas, emocionales y sociales.
Las obras se ejecutan en un área de 1,267.24 metros cuadrados, donde se intervienen seis módulos, 9 aulas desde parvularia hasta noveno grado, servicios sanitarios, oficinas administrativas, escenario, salón de usos múltiples y laboratorio de informática.
«El aula de parvularia tendrá a su interior sanitario infantil, ducha y lavamanos, también bodega para materiales educativos y externamente, área de juegos lúdicos», dió a conocer la DOM.
También, el proyecto incluye la construcción de un módulo que será exclusivo para cocina y comedor. Además como obras complementarias se construirá una cisterna con su cuarto de bombeo, 3 pozos de absorción, una fosa séptica, área de caminamiento, cambio de piso, puertas y ventanas, techo termoacústico, reparación de paredes, pintura y nuevos acabados, iluminación LED e Internet gratis.
Este proyecto no solo mejorará la infraestructura escolar de más de 200 estudiantes, sino que también generará empleo local, contribuyendo a la reactivación de la economía familiar.
Esta se convierte en la octava escuela en ser intervenida por la Dirección de Obras Municipales en el departamento de San Miguel, en el marco del proyecto presidencial.
Sandra Yamileth Amaya Morales fue condenada a seis años de cárcel y a pagar $ 4,000 en concepto de responsabilidad civil por cometer el delito de apropiación indebida de vehículo automotor, en San Miguel.
En la investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el el 20 de julio de 2022 la víctima le compró el vehículo a Amaya Morales por un monto de $8,000.
Luego de la compra, Amaya Morales se aprovechó de la amistad que tenía con la víctima y el 20 de octubre del mismo año le pidió prestado el vehículo para realizar unas diligencias personales.
«El vehículo se lo entregó (a la procesada) y cuando la víctima quiso registrar el vehículo a su nombre, le informaron que la imputada había vendido el vehículo a otra persona», dice el reporte fiscal.
Los hechos ocurrieron en el cantón Valle Alegre del distrito de San Miguel y la condena fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel.
Un empleado de la alcaldía de Morazán Sur falleció la tarde del pasado viernes en un supuesto accidente laboral ocurrido en la planta de desechos sólidos ubicada en San Francisco Gotera.
El hombre fue identificado como José David Membreño, quien se desempeñaba en el área de recolección de desechos de la oficina distrital de Osicala. La Policía Nacional Civil (PNC) acudió a la planta de Desechos Sólidos para realizar las respectivas indagaciones del caso.
Por su parte, la alcaldía lamentó la pérdida de Membreño, a quien reconocían por su esfuerzo y dedicación; sin embargo, la alcaldía no brindó información sobre los hechos de su fallecimiento.
«Recordaremos siempre su esfuerzo, humildad y dedicación en las labores de aseo y ordenanza pública, trabajo que realizaba con compromiso al servicio de nuestra gente», dice la nota de duelo de la comuna
