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Régimen de excepción logra la captura de 87,088 miembros de pandillas
Desde su instauración a finales de marzo de 2022, el régimen de excepción en El Salvador ha permitido la detención de 87,088 personas vinculadas a estructuras pandilleriles, según el último informe del Ministerio de Seguridad.
Esta medida, prorrogada en 39 ocasiones, forma parte de la estrategia gubernamental para desarticular grupos criminales que durante años generaron violencia y temor en diversas comunidades del país. Entre los capturados figuran jefes y cabecillas de pandillas, extorsionistas y homicidas.
Durante este período, las autoridades han decomisado 11,247 vehículos relacionados con actividades ilícitas, incluyendo automóviles, motocicletas, microbuses y moto taxis. Además, se han incautado más de cinco millones de dólares en efectivo, 22,701 teléfonos celulares y 4,869 armas de diversos tipos, como pistolas, fusiles, ametralladoras, escopetas y granadas.
El régimen de excepción fue implementado tras un repunte violento que dejó 76 homicidios en solo dos días, el 25 y 26 de marzo de 2022, y busca restablecer el control territorial y la seguridad ciudadana.
En materia de narcóticos, se han confiscado drogas valoradas en más de 1,181 millones de dólares, entre ellas 1,695 kg de marihuana, más de 46 toneladas de cocaína, crack, hachís, éxtasis, metanfetaminas, plantas de marihuana y fentanilo.
El ministro de Defensa, René Merino Monroy, ha calificado el régimen de excepción como la herramienta legal más eficiente para combatir la inseguridad en El Salvador, recordando que antes de su implementación las pandillas tenían control absoluto en las calles.
Una encuesta reciente del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) reveló que el 66.6 % de los salvadoreños considera que el combate a la delincuencia es el principal logro del gobierno del presidente Nayib Bukele en su sexto año de gestión. Este esfuerzo incluye la estrategia Plan Control Territorial, vigente desde 2019 y reforzada con el régimen de excepción desde marzo de 2022.
Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), a través de la División de Medio Ambiente, liberaron un halcón peregrino en las cercanías del Lago de Coatepeque, luego de haber sido rescatado por un habitante de la zona, quien lo entregó a las autoridades para su atención.
El ave silvestre fue evaluada y atendida por personal de la División de Medio Ambiente de Texistepeque, en el departamento de Santa Ana. Tras su recuperación, fue liberada durante la tarde del sábado para que continúe su vida en libertad dentro de su hábitat natural.
Las autoridades reiteraron su compromiso con la protección de la fauna e hicieron un llamado a la población a respetar a estos animales, así como a preservar los espacios naturales y su entorno.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el sábado 18 de abril cerró con cero homicidios en todo el territorio nacional, sumando así 14 días consecutivos sin muertes a causa de la violencia.
A través de su cuenta oficial en X, la institución detalló: «Finalizamos el sábado 18 de abril, con 0 homicidios en el país». Con este registro, ya son 91 días sin homicidios en lo que va de 2026.
Según el desglose proporcionado, en enero se contabilizan 27 días sin homicidios, en febrero 24, en marzo 23 y en lo que va de abril 17 días.
De acuerdo con la información oficial, El Salvador se ha posicionado como el país más seguro de la región, lo que ha generado interés de otras naciones en el modelo de seguridad implementado.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
