Un artículo periodístico publicado el pasado 1 de septiembre por Dairo Latino.net pone en tela de juicio un “posible descontrol y orden”, al interior de la Fiscalía General de la República (FGR).

El editorial rubricado por Eduardo Vázquez Bécker, deja entrever sí el actual fiscal general, Raúl Melara, tiene el control total del organismo fiscal que preside o si son sus subalternos y empleados de la institución los que tendrían el “control» de la FGR.

El artículo de Diario Latino.net hace un recuento de caso judiciales que han dejado entrever ciertas anomalías por la supuesta fabricación de pruebas y testimonios fasos de testigos que habrían sido obligados a declarar contra ciertos funcionarios y empresarios salvadores bajo la administración del exfiscal, Douglas Meléndez.

A continuación, el artículo integro de Diario Latino.net.   

Han comenzado circular versiones preocupantes sobre lo que está ocurriendo en la Fiscalía General de la República. Muy a pesar nuestro, los vientos que soplan es que al fiscal Raúl Melara cada día se le hace más difícil el control efectivo de la institución. Las perspectivas de que sería un fiscal ecuánime y justo, se han comenzado a desvanecer.

Y es que no puede ser de otra manera, cuando vemos que las toneladas de basura mediática con las que está lleno el ámbito nacional, apenas permiten a los ciudadanos conocer lo que el fiscal Melara está haciendo en defensa de la legalidad tal como se lo prescribe la Constitución de la República. La falta de una versión oficial, clara y firme, sobre lo que se está haciendo en el caso de los fiscales y empleados de la FGR que han sido denunciados por “inventar” juicios, se está convirtiendo en la piedra que impedirá a Raúl Melara entregar una Fiscalía General de la República diferente a la que recibió.

Sabemos que el fiscal tiene sus limitaciones de ley para hablar de los casos judicializados pero ese no es el tema, se trata de que demuestre “con hechos”, que le preocupan las graves denuncias sobre supuestos grupos de poder, organizados por el ex fiscal Douglas Meléndez, para “inventar” procesos penales valiéndose de pruebas falsas u obtenidas ilícitamente.

No es legal que funcionarios a los que la ley faculta para la defensa de los intereses del Estado y de la sociedad, utilicen los recursos del mismo Estado para producir u obtener pruebas ilícitas e inculpar a ciudadanos que gozan de la presunción de inocencia.

Tampoco es legal que esos funcionarios y empleados que se han puesto al margen de la ley y que han sido denunciados debidamente, permanezcan en sus cargos y desde ahí continúen conociendo de los procesos que ellos mismos han “fabricado”. Eso es, a todas luces, una ilegalidad que debe terminar para salvaguardar la institucionalidad del Estado y particularmente la de la Fiscalía General de la República.

Las denuncias públicas que se han hecho, de cómo el ex fiscal Douglas Meléndez y sus más estrechos colaboradores, construyeron en la FGR una entramada red delincuencial para hacer su campaña de reelección, lo que afortunadamente no ocurrió, son avasalladoras y contundentes, al menos en lo que se refiere a los casos Rais Martínez y corruptela.

El fiscal Melara debe investigar en las declaraciones del exfiscal Meléndez, cuando aseguró que había construido un tablero de ajedrez en que los jueces eran peones que jugaban con las estrategias que él señalaba, Todo juez que no se plegaba a su poder era calificado hasta de terrorista. Estas situaciones deben quedar claras para que tengan validez las acciones del fiscal Melara.

No se trata de cuentos de alcoba o chismes de mercado, las denuncias se han hecho formalmente ante la misma fiscalía y ante jueces jurisdiccionales; ante cortes internacionales y embajadores. Se trata de señalamientos serios sobre hechos y conductas que han herido de muerte a la Fiscalía General de la República.

Qué ha hecho la institución para sancionar a los empleados y fiscales que obligaron a sus compañeros, también fiscales, a mentir sobre hechos que no les constaban y por los cuales hay una treintena de personas procesadas injustamente. El fiscal Melara no puede permanecer indiferente, ni legal ni moralmente.

Cuando una fiscal admite ante un juez que “se equivocó”, que el teléfono que se intervino y que fue utilizado para “montar” el caso contra Enrique Rais, no le pertenecía a este, estamos frente a lo que se conoce “error en el hecho” y “error en la persona”. La confesión judicial de esa fiscal es suficiente para declarar la inmediata de todo lo actuado. Esa sería una buena manera de hacer justicia.

El fiscal debe saber que los elementos que supuestamente se han salido del huacal, que todavía están dentro de la institución y que su pellejo depende del rumbo que tomen los casos señalados; sabe que harán hasta lo imposible por evitar que los jueces resuelvan favorable a los reos a quienes les han “inventado” procesos. Si el fiscal no hace algo para evitar que eso ocurra, estará exponiendo a la FGR a que se rija con la ley de la selva.

La ley es universal y no admite excepciones, por eso, la Justicia debe ser para todos. Cuando esta no es pareja deja de serlo para convertirse simplemente en venganza.