Judicial
¿Qué está ocurriendo en la Fiscalía General de la República?
Un artículo periodístico publicado el pasado 1 de septiembre por Dairo Latino.net pone en tela de juicio un “posible descontrol y orden”, al interior de la Fiscalía General de la República (FGR).
El editorial rubricado por Eduardo Vázquez Bécker, deja entrever sí el actual fiscal general, Raúl Melara, tiene el control total del organismo fiscal que preside o si son sus subalternos y empleados de la institución los que tendrían el “control» de la FGR.
El artículo de Diario Latino.net hace un recuento de caso judiciales que han dejado entrever ciertas anomalías por la supuesta fabricación de pruebas y testimonios fasos de testigos que habrían sido obligados a declarar contra ciertos funcionarios y empresarios salvadores bajo la administración del exfiscal, Douglas Meléndez.
A continuación, el artículo integro de Diario Latino.net.
Han comenzado circular versiones preocupantes sobre lo que está ocurriendo en la Fiscalía General de la República. Muy a pesar nuestro, los vientos que soplan es que al fiscal Raúl Melara cada día se le hace más difícil el control efectivo de la institución. Las perspectivas de que sería un fiscal ecuánime y justo, se han comenzado a desvanecer.
Y es que no puede ser de otra manera, cuando vemos que las toneladas de basura mediática con las que está lleno el ámbito nacional, apenas permiten a los ciudadanos conocer lo que el fiscal Melara está haciendo en defensa de la legalidad tal como se lo prescribe la Constitución de la República. La falta de una versión oficial, clara y firme, sobre lo que se está haciendo en el caso de los fiscales y empleados de la FGR que han sido denunciados por “inventar” juicios, se está convirtiendo en la piedra que impedirá a Raúl Melara entregar una Fiscalía General de la República diferente a la que recibió.
Sabemos que el fiscal tiene sus limitaciones de ley para hablar de los casos judicializados pero ese no es el tema, se trata de que demuestre “con hechos”, que le preocupan las graves denuncias sobre supuestos grupos de poder, organizados por el ex fiscal Douglas Meléndez, para “inventar” procesos penales valiéndose de pruebas falsas u obtenidas ilícitamente.
No es legal que funcionarios a los que la ley faculta para la defensa de los intereses del Estado y de la sociedad, utilicen los recursos del mismo Estado para producir u obtener pruebas ilícitas e inculpar a ciudadanos que gozan de la presunción de inocencia.
Tampoco es legal que esos funcionarios y empleados que se han puesto al margen de la ley y que han sido denunciados debidamente, permanezcan en sus cargos y desde ahí continúen conociendo de los procesos que ellos mismos han “fabricado”. Eso es, a todas luces, una ilegalidad que debe terminar para salvaguardar la institucionalidad del Estado y particularmente la de la Fiscalía General de la República.
Las denuncias públicas que se han hecho, de cómo el ex fiscal Douglas Meléndez y sus más estrechos colaboradores, construyeron en la FGR una entramada red delincuencial para hacer su campaña de reelección, lo que afortunadamente no ocurrió, son avasalladoras y contundentes, al menos en lo que se refiere a los casos Rais Martínez y corruptela.
El fiscal Melara debe investigar en las declaraciones del exfiscal Meléndez, cuando aseguró que había construido un tablero de ajedrez en que los jueces eran peones que jugaban con las estrategias que él señalaba, Todo juez que no se plegaba a su poder era calificado hasta de terrorista. Estas situaciones deben quedar claras para que tengan validez las acciones del fiscal Melara.
No se trata de cuentos de alcoba o chismes de mercado, las denuncias se han hecho formalmente ante la misma fiscalía y ante jueces jurisdiccionales; ante cortes internacionales y embajadores. Se trata de señalamientos serios sobre hechos y conductas que han herido de muerte a la Fiscalía General de la República.
Qué ha hecho la institución para sancionar a los empleados y fiscales que obligaron a sus compañeros, también fiscales, a mentir sobre hechos que no les constaban y por los cuales hay una treintena de personas procesadas injustamente. El fiscal Melara no puede permanecer indiferente, ni legal ni moralmente.
Cuando una fiscal admite ante un juez que “se equivocó”, que el teléfono que se intervino y que fue utilizado para “montar” el caso contra Enrique Rais, no le pertenecía a este, estamos frente a lo que se conoce “error en el hecho” y “error en la persona”. La confesión judicial de esa fiscal es suficiente para declarar la inmediata de todo lo actuado. Esa sería una buena manera de hacer justicia.
El fiscal debe saber que los elementos que supuestamente se han salido del huacal, que todavía están dentro de la institución y que su pellejo depende del rumbo que tomen los casos señalados; sabe que harán hasta lo imposible por evitar que los jueces resuelvan favorable a los reos a quienes les han “inventado” procesos. Si el fiscal no hace algo para evitar que eso ocurra, estará exponiendo a la FGR a que se rija con la ley de la selva.
La ley es universal y no admite excepciones, por eso, la Justicia debe ser para todos. Cuando esta no es pareja deja de serlo para convertirse simplemente en venganza.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
