Judicial
¿Qué está ocurriendo en la Fiscalía General de la República?
Un artículo periodístico publicado el pasado 1 de septiembre por Dairo Latino.net pone en tela de juicio un “posible descontrol y orden”, al interior de la Fiscalía General de la República (FGR).
El editorial rubricado por Eduardo Vázquez Bécker, deja entrever sí el actual fiscal general, Raúl Melara, tiene el control total del organismo fiscal que preside o si son sus subalternos y empleados de la institución los que tendrían el “control» de la FGR.
El artículo de Diario Latino.net hace un recuento de caso judiciales que han dejado entrever ciertas anomalías por la supuesta fabricación de pruebas y testimonios fasos de testigos que habrían sido obligados a declarar contra ciertos funcionarios y empresarios salvadores bajo la administración del exfiscal, Douglas Meléndez.
A continuación, el artículo integro de Diario Latino.net.
Han comenzado circular versiones preocupantes sobre lo que está ocurriendo en la Fiscalía General de la República. Muy a pesar nuestro, los vientos que soplan es que al fiscal Raúl Melara cada día se le hace más difícil el control efectivo de la institución. Las perspectivas de que sería un fiscal ecuánime y justo, se han comenzado a desvanecer.
Y es que no puede ser de otra manera, cuando vemos que las toneladas de basura mediática con las que está lleno el ámbito nacional, apenas permiten a los ciudadanos conocer lo que el fiscal Melara está haciendo en defensa de la legalidad tal como se lo prescribe la Constitución de la República. La falta de una versión oficial, clara y firme, sobre lo que se está haciendo en el caso de los fiscales y empleados de la FGR que han sido denunciados por “inventar” juicios, se está convirtiendo en la piedra que impedirá a Raúl Melara entregar una Fiscalía General de la República diferente a la que recibió.
Sabemos que el fiscal tiene sus limitaciones de ley para hablar de los casos judicializados pero ese no es el tema, se trata de que demuestre “con hechos”, que le preocupan las graves denuncias sobre supuestos grupos de poder, organizados por el ex fiscal Douglas Meléndez, para “inventar” procesos penales valiéndose de pruebas falsas u obtenidas ilícitamente.
No es legal que funcionarios a los que la ley faculta para la defensa de los intereses del Estado y de la sociedad, utilicen los recursos del mismo Estado para producir u obtener pruebas ilícitas e inculpar a ciudadanos que gozan de la presunción de inocencia.
Tampoco es legal que esos funcionarios y empleados que se han puesto al margen de la ley y que han sido denunciados debidamente, permanezcan en sus cargos y desde ahí continúen conociendo de los procesos que ellos mismos han “fabricado”. Eso es, a todas luces, una ilegalidad que debe terminar para salvaguardar la institucionalidad del Estado y particularmente la de la Fiscalía General de la República.
Las denuncias públicas que se han hecho, de cómo el ex fiscal Douglas Meléndez y sus más estrechos colaboradores, construyeron en la FGR una entramada red delincuencial para hacer su campaña de reelección, lo que afortunadamente no ocurrió, son avasalladoras y contundentes, al menos en lo que se refiere a los casos Rais Martínez y corruptela.
El fiscal Melara debe investigar en las declaraciones del exfiscal Meléndez, cuando aseguró que había construido un tablero de ajedrez en que los jueces eran peones que jugaban con las estrategias que él señalaba, Todo juez que no se plegaba a su poder era calificado hasta de terrorista. Estas situaciones deben quedar claras para que tengan validez las acciones del fiscal Melara.
No se trata de cuentos de alcoba o chismes de mercado, las denuncias se han hecho formalmente ante la misma fiscalía y ante jueces jurisdiccionales; ante cortes internacionales y embajadores. Se trata de señalamientos serios sobre hechos y conductas que han herido de muerte a la Fiscalía General de la República.
Qué ha hecho la institución para sancionar a los empleados y fiscales que obligaron a sus compañeros, también fiscales, a mentir sobre hechos que no les constaban y por los cuales hay una treintena de personas procesadas injustamente. El fiscal Melara no puede permanecer indiferente, ni legal ni moralmente.
Cuando una fiscal admite ante un juez que “se equivocó”, que el teléfono que se intervino y que fue utilizado para “montar” el caso contra Enrique Rais, no le pertenecía a este, estamos frente a lo que se conoce “error en el hecho” y “error en la persona”. La confesión judicial de esa fiscal es suficiente para declarar la inmediata de todo lo actuado. Esa sería una buena manera de hacer justicia.
El fiscal debe saber que los elementos que supuestamente se han salido del huacal, que todavía están dentro de la institución y que su pellejo depende del rumbo que tomen los casos señalados; sabe que harán hasta lo imposible por evitar que los jueces resuelvan favorable a los reos a quienes les han “inventado” procesos. Si el fiscal no hace algo para evitar que eso ocurra, estará exponiendo a la FGR a que se rija con la ley de la selva.
La ley es universal y no admite excepciones, por eso, la Justicia debe ser para todos. Cuando esta no es pareja deja de serlo para convertirse simplemente en venganza.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
