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Policías y soldados redoblan esfuerzos a nivel nacional para atender emergencia por el COVID-19 y tormenta tropical Amanda
Ante la emergencia Nacional por el COVID-19 y por la Tormenta Tropical “Amanda”, la Policía Nacional Civil (PNC), y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), han redoblado los esfuerzo para servir a la población salvadoreña en medio de esta crisis.
En las últimas horas, elementos de la corporación policial se han dedicado a colaborar en las diferentes tareas preventivas como en la distribución de los paquetes alimenticios, así como atender los estragos de la tormenta tropical.
Este lunes, policías desalojan escombros de derrumbes el km 76 de la carretera Troncal del Norte y que generan riesgo para los conductores en generar un accidente de tránsito y potenciales víctimas.
Asimismo, la PNC coordinó esta mañana con las demás instituciones para retirar rocas y escombros que obstaculizaron un tramo de la carretera que conduce hacia el municipio de Metapán.
De igual manera, en la frontera de Anguiatú, los agentes se desplazaron en los accesos del cantón El Brujo y los pasos no habilitados de la franja fronteriza conocida como El Desconsuelo y El Zapote.
También, los policías mantienen patrullajes en la carretera de Santa Ana lleva hacia Metapán. Hasta el momento no se ha identificado daños en esta zona, explicaron las autoridades policiales.
Por su parte, el Director General de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, expresó que “en esta emergencia estamos brindando apoyo a la población, pero también a nuestro talento humano afectado por la tormenta. Ánimo y mucha fe, que saldremos adelante”.
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En el marco de la conmemoración del 188 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y El Salvador, la Embajada de México en El Salvador desarrolló ayer un conversatorio para reflexionar sobre la importancia de fortalecer estos lazos de cooperación entre los dos países. Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, comentó que este tipo de eventos sirve «para reconocer cuál ha sido su historia, sus orígenes y con base a eso actuar en el presente con mayor acierto para que las relaciones sigan mejorando».
La conferencia magistral estuvo a cargo de Mario Vásquez, secretario académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y Roberto Turcios, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, quienes dieron detalles de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, desde sus primeros años.
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
