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Policía inspecciona ventas clandestinas de pólvora en el Centro Histórico de San Salvador
En el marco del Plan Navidad Segura, policías de la División de Armas y Explosivos (DAE) realizaron este martes un recorrido en el centro histórico de San Salvador para verificar que no haya venta ilegal de pólvora y darle cumplimiento a la ley que regula la venta de estos juegos pirotécnicos.
Durante el patrullaje realizado esta mañana, las autoridades decomisaron diferentes clases de estos productos en un punto de venta ambulante, debido a que su comercialización está prohibida y además, porque el vendedor no poseía la licencia de venta y no guardaba las medidas de seguridad.
En ese sentido, el sargento Mario Cortez, de la Sección de Inspección de la DAE dijo que se realizan constantes inspecciones en puntos de venta de pólvora con el objetivo de mantener la seguridad de los vendedores y los clientes.
«Quiero hacer un llamado a los vendedores a que no transgredan la ley, ya que si distribuyen pólvora prohibida serán sancionados con multas de 5 a 10 salarios mínimo y el decomiso de la pólvora», expresó el sargento Cortez.
Asimismo, como Policía hacemos un llamado a los padres de familia a no descuidar a los niños y niñas si éstos juegan con pólvora, y no comprar productos prohibidos como los llamados silbadores, fulminantes, morteros mayores al número 5 y pelotitas de fútbol, entre otros. Mantener la seguridad de la familia es nuestro mayor objetivo, señaló.
A ocho años de cárcel fue condenado el estafador Walter Reyneris González Contreras, quien engañó a una víctima con la venta de un inmueble en San Salvador.
Además de los años de prisión, el Tribunal Sexto de Sentencia, ha ordenado que debe de pagar $25,000 en concepto de responsabilidad civil, por el delito de estafa agravada.
La Fiscalía General de la República expuso durante la vista pública que González Contreras, le ofreció a la víctima la venta de un inmueble ubicado en San Salvador por un monto de $25,000.
La persona afectada le pidió toda la documentación para verificar que el inmueble estuviera inscrito en el Centro Nacional de Registros (CNR), por lo que el imputado le entregó una escritura a nombre de la supuesta vendedora, Ana Elisa Alemán Rivera, quien ha sido separada del proceso.
Confiada en que los documentos eran auténticos la víctima formalizó la compraventa del inmueble el 4 de enero de 2018 y desembolsó los $25,000, para no levantar sospecha, Alemán Rivera compareció para firmar el contrato a favor de la víctima.
Después, el hermano de la persona denunciante se presentó a la administración del edificio para consultar los costos de mantenimiento del local, pero le informaron que el inmueble no había sido vendido y que pertenecía a otra persona distinta de Ana Elisa Alemán Rivera.
La víctima se comunicó con González Contreras para reclamarle que ese local estaba a nombre de otra persona, respondiéndole que le devolvería el dinero, pero nunca le hizo la entrega, por lo que acudió a denunciarlo.
Jeanine Alejandrina Cárcamo Jiménez, quien se hacía pasar como doctora, utilizando el número de registro de una profesional de la medicina, fue enviada a juicio por el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador
Al finalizar la audiencia preliminar se le decretó auto de apertura a juicio por los delitos de ejercicio ilegal de la profesión y falsedad material, será un tribunal de sentencia el que definirá su situación jurídica.
El caso comenzó a ser investigado en mayo de 2022, cuando la víctima detectó que alguien estaba utilizando su número de registro de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica (JVPM), esa irregularidad fue reportada al Consejo Superior de Salud Pública.
En las pesquisas efectuadas se determinó que Cárcamo Jiménez, se hacía pasar como doctora y había rentado un local para instalar un consultorio con el fin de atender pacientes, realizar evaluaciones médicas, prescribir recetas, también efectuaba procedimientos quirúrgicos.
Cuando las autoridades realizaron una inspección les proporcionó otro número de registro de la JVPM inexistente, eso provocó que los inspectores dieran aviso a la Policía Nacional Civil (PNC).
Cuando la detuvieron le decomisaron gabachas médicas con logotipos de hospitales nacionales, equipo médico y sellos profesionales.
En la resolución emitida por el juzgado se detalla que hay suficientes elementos de prueba que un tribunal de sentencia debe analizar y debatir mediante una vista pública.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó la captura de cinco personas señaladas de participar en una pelea ocurrida frente a un bar ubicado en el kilómetro 12½ de la carretera Troncal del Norte, en Apopa.
Según las autoridades, el incidente quedó grabado en video y posteriormente circuló en redes sociales.
Luis Alexander Campos Rauda, Jaqueline Lisbeth Alfaro Marroquín, Michael Jeremías Borja Efigenio y Jorge Amílcar Mazariego Marroquín serán remitidos por el delito de lesiones.
Mientras tanto, Edwin Alexander Beltrán Escobar enfrentará cargos por desórdenes públicos.
