Aliado de El Salvador desde 1960, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) se ha caracterizado por apoyar los más importantes proyectos de desarrollo del país y para 2023 continuará con este apalancamiento con un monto estimado en $1,000 millones, informó el presidente de la multilateral, Dante Mossi.

«Yo espero que el banco se capitalice y que el apoyo a El Salvador sea $1,000 millones, por lo menos en 2023, y realmente este país ha demostrado todas las señales de apoyo a este proceso de fortalecer al BCIE», dijo el ejecutivo a Diario El Salvador.

Adelantó que la agenda de cooperación entre el país y el BCIE estará enmarcada el próximo año en proyectos de desarrollo e infraestructura logística, y otros de impacto social y económico.

«Yo creo que el más emblemático va a ser el Tren del Pacífico donde ya hubo una licitación así que, finalmente, se va a poder viajar desde Acajutla a San Salvador. Creo que va a transformar mucho, y que al sector privado lo va a hacer más eficiente», dijo Mossi, y agregó que, la puesta el viaducto de Los Chorros es otra de las apuestas de peso para 2022.

«Mi ambición para El Salvador es que podamos hacer más proyectos de movilidad eléctrica, más proyectos de agua y saneamiento, para mejorar el área de surf city, y creo que todavía tenemos espacio para formular más proyectos», agregó.

En este sentido, el presidente del banco regional resaltó que la relación con el Gobierno de El Salvador es sólida, transparente y abierta, lo que ha permitido el entendimiento y avance exitoso de diversas estrategias.

«La relación con el Gobierno de El Salvador ha sido magnífica, no hay mejor forma de describirla. Hoy por hoy, El Salvador es uno de los países más activos, hay un diálogo de primera, cuando hay un problema lo trabajamos», afirmó.

Basado en esta sólida relación, Mossi señaló que a lo largo de 2022 la entidad regional ha trabajado junto al país en diversos proyectos, entre ellos la culminación de las obras de la Central Hidroeléctrica 3 de Febrero, proyectos de conectividad logística, agua potable, apoyo en materia de COVID-19 y el apuntalamiento del Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas (Firempresa).

De tal forma que, con datos a noviembre de 2022, El Salvador es el país que más ha desembolsado de toda Centroamérica. En total, detalló Mossi, las aprobaciones otorgadas ascienden a $500 millones, mientras que los desembolsos significaron otros $509.68 millones.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que ayer, 4 de diciembre, El Salvador no registró homicidios. Un dato que indica que el país se mantiene a la baja ante hechos violentos y que este mes continúa, consecutivamente, sin contabilizar asesinatos en el territorio nacional. Por su parte, el presidente Nayib Bukele destacó el logro en sus redes sociales.

«Diciembre cierra su cuarto día. Todos sin homicidios. Gracias a Dios», reiteró el mandatario.

Diciembre cierra su cuarto día. Todos sin homicidios.

Gracias a Dios.#GuerraContraPandillas https://t.co/ARWgj6CIx1

— Nayib Bukele (@nayibbukele) December 5, 2022

Por su parte, noviembre finalizó como el mes más seguro en toda la historia de El Salvador, ya que solamente registró 13 homicidios en todo el territorio salvadoreño, una reducción considerable en comparación del año más violento del país, 2015, en el cual hubo 449 muertes a causa de la violencia en noviembre.

Cabe mencionar que octubre, finalizó con 20 días con cero homicidios, siendo el tercer mes más seguro en la historia de El Salvador. Este logro es atribuido al régimen de excepción, que cuenta ya con la aprobación de prórroga por parte Asamblea Legislativa, de igual forma, al Plan Control Territorial (PCT).

Con la implementación del régimen de excepción las autoridades han logrado encarcelar a más 58,096 pandilleros, de igual forma, han logrado incautar 1,829 armas de fuego, 2,216 vehículos y $1.43 millones en efectivo, según reportes de la Policía.

La PNC también ha compartido en varias ocasiones el número del centro de atención telefónica 123 para que los salvadoreños denuncien sobre presencia de terroristas en su comunidad.

En la actualidad, las autoridades del Gobierno han llevado a cabo un cerco de seguridad en el municipio de Soyapango, en San Salvador, en el que participan más de 10,000 elementos de seguridad pública, como parte de la fase 5 del Plan Control Territorial, denominada «Extracción», que tiene como objetivo sacar de las comunidades a los integrantes de estructuras terroristas, que buscan esconderse de la guerra contra las pandillas.

La persecución del crimen es una obligación del Estado y un derecho, consideró ayer el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, durante la homilía dominical al referirse al cerco que el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha establecido en el municipio de Soyapango, con el objetivo de extraer a los delincuentes sin afectar la cotidianidad de la población honrada.

«No solo es un derecho, sino la obligación del Gobierno perseguir el crimen, es su deber por la seguridad nacional. El cerco es una novedad porque no se había hecho, en cualquier sociedad civilizada es lo que se hace. El problema de la violencia era grande, esperamos que todos estos esfuerzos nos lleven a la paz social», expresó.

Monseñor opinó que si el Gobierno lo hace guardando y respetando los derechos de las personas honestas, es más legítima la operación que se desarrolla en las colonias y las comunidades de Soyapango, una zona que por años vivió en el acecho de grupos delincuenciales.

Escobar Alas consideró que la sociedad civil también tiene el derecho de ser salvaguardada y que las autoridades velen por su bienestar y tranquilidad.

«Por lo que yo he visto en los reportajes de los medios ese cerco que han hecho tiene ese cuidado, lo que también expresaban ellos [las autoridades de Seguridad] en una conferencia. Les preocupa no maltratar a nadie, sino al contrario garantizar la seguridad», sostuvo.

El jerarca católico también destacó el respaldo de la población que reside en las zonas intervenidas por las autoridades, lo que refleja que no se sienten afectados.

«Ciertamente, se ha visto que las personas están contentas y se sienten más seguras. En ese ambiente, las personas han sufrido mucho, de no poder salir de sus comunidades, jóvenes que están ahí y no pueden salir, es una cosa muy fea», agregó.