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Muyshondt incumple promesa de no cambiar el color a los camiones recolectores de basura
El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, cuando era candidato ofreció no pintar los camiones recolectores de basura, promesa que incumplió en febrero de 2019 y por la cual gastó miles de dólares.
No obstante, en entrevista de Canal 12 del pasado 5 de marzo de 2018, cuando era aspirante a la comuna capitalina, Muyshondt sostuvo que “no vamos a pintar camiones de basura ni oficinas”, luego de afirmar que volvería a los símbolos que la comuna tenía antes del gobierno municipal del ahora presidente Nayib Bukele.
Sin embargo, el edil pasó por alto esa promesa y aprobó un desembolso por $45,000 en cambiar el color de los camiones recolectores, algo que fue denunciado en su momento por varios concejales, debido a que comenzó a dilapidar los recursos de la alcaldía e incumplir los compromisos de pagos de proveedores, como también las retenciones de los empleados.
Aunque, esta no es la única promesa inconclusa del arenero. También dijo que colocaría wifi en todas las plazas públicas y que construiría un hospital municipal, del cual aún no ha colocado ni la primera piedra.
También anunció como una de sus mega obras la construcción de un corredor urbano, desde el parque Libertad hasta el redondel Masferrer, con cableado subterráneo, aceras en buen estado y paradas de buses, lo cual aún sigue durmiendo el sueño de los justos.
Por el contrario, colocó una bandera por $360 mil que no duró ni cuatro días por ser de mala calidad, pero acusó que la misma fue objeto de actos vandálicos por personas que están en contra de su gestión.
En el marco de la conmemoración del 188 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y El Salvador, la Embajada de México en El Salvador desarrolló ayer un conversatorio para reflexionar sobre la importancia de fortalecer estos lazos de cooperación entre los dos países. Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, comentó que este tipo de eventos sirve «para reconocer cuál ha sido su historia, sus orígenes y con base a eso actuar en el presente con mayor acierto para que las relaciones sigan mejorando».
La conferencia magistral estuvo a cargo de Mario Vásquez, secretario académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y Roberto Turcios, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, quienes dieron detalles de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, desde sus primeros años.
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
