Judicial
“¡Mira, si yo quiero te mato porque tengo una pistola y te puedo dar unos tres balazos! Vas a quedar tirada” Doctor de la colonia Monserrat a una de sus vecinas
“Maldita, te voy a matar”, fueron las palabras que un médico le dijo a su vecina antes de ser arrestado por la Policía Nacional Civil (PNC) en la colonia Monserrat, en San Salvador. El pleito vecinal fue llevado a los tribunales donde esperan que el agresor pague con una condena.
José R., tiene 60 años de edad y debido a su carácter no supo controlar sus emociones por las que fue detenido tras una denuncia de Sandra (nombre modificado por seguridad), una vecina del imputado a la que no toleraba y trataba con desprecio.
Debido a la edificación de esta famosa zona de la capital, José y Sandra estaban acostumbrados a verse con frecuencia, algo que de a poco fue empeorando su relación vecinal.
Robusto, de piel morena con barba y cabello repleto de canas el imputado reside en el lugar con su compañera de vida y meses atrás había perdido su trabajo, algo que lo tenía propenso a ataque de ira.
Según el expediente judicial, el domingo 10 de febrero de 2019, a las 9:30 de la noche, la ofendida se encontraba en el parqueo de los condominios conversando con un amigo cuando apareció José con un semblante enojado.
La mujer y su acompañante se quedaron sorprendidos ante la actitud de José, ambos comenzaron a alejarse al ver que el médico levantaba un bate de béisbol con el que los amenazaba.
Una vez estuvo cerca de sus víctimas, el hombre optó por lanzar el bate que impactó con la pierna izquierda de la mujer a la que le insultaba a los gritos sin importarle que el resto de vecinos fueran testigos de lo que acontecía.
El problema se agravó cuando la esposa del médico, que estaba en una zona cercana del edificio, en lugar de buscar detener la pelea se unió a la agresión tomando una roca que se la lanzó a su vecina..
“¡Mira, si yo quiero te mato porque tengo una pistola y te puedo dar unos tres balazos! Vas a quedar tirada”, le repitió varias veces el acusado que irrumpía el silencio característico de esta colonia de San Salvador.
Con los golpes en su cuerpo y llena de miedo, Sandra y su amigo decidieron irse del lugar para evitar problemas por razones que hasta la fecha sigue sin tener claras.
Al día siguiente, la mujer decidió interponer una denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC) debido al temor que sentía que las amenazas del médico y su esposa se convirtieran en realidad.
La denuncia interpuesta permitió a las autoridades proceder con la detención del imputado quien fue interceptado cuando iba llegando a su casa. Los agentes le hicieron la inspección y no le encontraron ningún tipo de arma, ni algún otro ilícito.
El caso ha llegado al Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador a la espera de la audiencia preliminar en la que se va a decidir si el caso pasa a juicio o no.
La Fiscalía General de la República (FGR) tendrá un máximo de dos meses para recabar información que puedan determinar los hechos que se le atribuyen al imputado.
El supuesto agresor se encuentra en libertad bajo medidas sustitutivas con la condición de presentarse periódicamente a los tribunales y no acercarse a la víctima.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
