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Mañana, la Defensoría mantendrá presencia en centros comerciales en el Viernes Negro
Mañana, la Defensoría del Consumidor (DC) mantendrá activo un operativo de verificación y atención a salvadoreños en todos los centros comerciales, con el objetivo de asegurar que se cumpla la ley en la colocación de promociones y ofertas.
Los salvadoreños podrán acercarse desde mañana y hasta el fin de semana a los puntos express que serán instalados en puntos céntricos de los establecimientos. En caso de tener alguna queja o inquietud, el personal de la DC estará atento a resolver, aseguró el presidente de la entidad, Ricardo Salazar.
«El día de mañana y el fin de semana, desde tempranas horas de la mañana, nuestros equipos estarán en centros comerciales, donde se espera tener un importante movimiento comercial», dijo.
No obstante, este trabajo es complementario a las más de 300 inspecciones realizadas previo a este evento comercial. Como resultado de estas acciones, se han encontrado 30 casos de incumplimiento, muchos de ellos relacionados con productos vencidos en restaurantes.
Los comercios involucrados serán sancionados y sumarán a los más de $300,000 en multas impuestos en lo que va del año, a partir de incumplimientos de promociones y ofertas.
«Nuestros equipos se encuentran monitoreando cualquier tipo de incremento injustificado de precios, no solo en el marco del Viernes Negro, sino durante todo el año», declaró.
Por otra parte, recordó que los nacionales pueden hacer uso del portal Compara, un espacio de consulta de precios diseñado por la Defensoría y presente en el sitio web de la entidad. Con ello, se pueden asegurar que las promociones son legítimas y tendrán la seguridad de recibir un beneficio.
«La Defensoría del Consumidor cuenta con un portal con los precios de más de 1,500 productos. Este portal se llama Compara, en el cual los consumidores pueden consultar la información de bienes y servicios. como televisores, electrodomésticos, entre otros. »
Por último, mencionó que en lo que va del año se han atendido más de 122,000 consumidores. «Una cifra importante de casos, los cuales son resueltos en horas», añadió el funcionario.
Cabe destacar que cerca de un 70 % de todos los casos que se atienden en las oficinas son resueltos a través de conciliación.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
