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Ley Crecer Juntos beneficiará a la primera infancia de El Salvador en 2023
La ley Crecer Juntos entrará en vigor en enero de 2023 y su implementación traerá consigo múltiples beneficios para la primera infancia del país.
Crecer Juntos sustituye a la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina) y garantizará la protección y la atención integral de la primera infancia, niñez y adolescencia en todos los ámbitos.
De acuerdo con el despacho de la primera dama, la ley Crecer Juntos posee tres grandes cambios respecto a las normativas anteriores: en el pasado el enfoque era adultocentrista, hoy se basa en las necesidades de la niñez y la adolescencia. Las leyes anteriores solo atendían las problemáticas, hoy se previenen; y no había mecanismos de ejecución establecidos, ahora cada institución tendrá claridad sobre los procesos a seguir porque habrá un modelo de atención definido.
«En enero esperamos la implementación de la ley con todas las novedades. Los funcionarios deben cambiar la mentalidad, la atención que se brinde por parte de las instituciones públicas a la niñez y la adolescencia, debe cambiar a una visión integral. Debemos trabajar en equipo entre las instituciones del Estado, esas son algunas diferencias que los niños y las familias deben ver en el trato que se les da en el día a día», dijo la asesora jurídica del despacho de la primera dama, Francesca Rivas.
Detalló que entre las novedades de la nueva normativa están la implementación del Número Único de Identidad y la creación de nuevas instituciones que velarán por la niñez y la adolescencia del país de manera integral, para garantizar sus derechos como parte de la sociedad.
«El Número Único de Identidad se brindará a los niños desde el nacimiento para identificarlos y generar un sistema de alertas para prevenir la vulneración de derechos de la niñez y la adolescencia. Se crean dos instituciones nuevas, el Conapina, que se incorpora a las funciones de ente rector, pero también de institución que brinda programas a la niñez y adolescencia, como lo hacía el ISNA. También se crea el Instituto Crecer Juntos, que estará centrado y enfocado en la primera infancia, que está entendida desde la concepción hasta antes de cumplir los ocho años», indicó Rivas.
Agregó que este instituto se encargará de gestionar y administrar las atenciones integrales para la primera infancia.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
