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Una joven intentó introducir chips y droga a bartolinas y recibió esta condena

El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla condenó a 10 años de prisión a Ana Katherine Arévalo Argueta por los delitos de posesión y tenencia con fines de tráfico y tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios de detención o reeducativos.
El informe de la Fiscalía General de la República (FGR) detalla que el 8 de octubre de 2017 la procesada intentó ingresar a las bartolinas del puesto policial de Conchalío, La Libertad, seis chips para celulares y una porción de marihuana. Los objetos fueron encontrados por agentes policiales quienes procedieron a la detención de Arévalo Argueta.
Durante la vista pública en contra de la imputada, el juez dictó sentencia condenatoria de 7 años de prisión como autora, en la comisión del delito de posesión y tenencia con fines de tráfico, en perjuicio de la salud pública y 3 años de cárcel por tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios de detención o reeducativos, en perjuicio de la administración pública.
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Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones

El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.

Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.