Judicial
Sala ordena a la Fuerza Armada y Estado Mayor investigar sobre desaparición de dos jóvenes a manos de militares en San Martín
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una sentencia en la que ordena a la Fuerza Armada y al Estado Mayor Conjunto investigar la desaparición forzada de dos jóvenes a manos de siete militares ocurrida en el municipio de San Martín en 2014.
Según un comunicado de la Sala, el solicitante interpuso un habeas corpus ante esta instancia en la que se argumentó que los dos jóvenes salieron de su casa y se dirigieron al mercado del municipio de San Martín, donde fueron interceptados por siete soldados uniformados con boina roja-ocre y franja anaranjada, al parecer miembros de la Fuerza Armada de El Salvador, quienes los habrían desaparecido.
Según el relato, este grupo militar detuvo a los jóvenes, los registraron y los golpearon, luego procedieron a amarrarlos con las manos hacia atrás y los exhibieron recorriendo el mercado. Posteriormente, los subieron a un carro blanco sin placas, doble cabina tipo pick up, y luego de un tiempo, los mismos soldados los bajaron en la Colonia Santa María y desde entonces nadie da información de ellos.
El comunicado de la Sala asegura que pese a que los jóvenes fueron capturados por militares que habitualmente patrullaban el mercado y sus alrededores, nunca fueron remitidos a la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República o la autoridad judicial. En este sentido, su detención ha sido ilegal y a estas alturas puede considerarse como una desaparición forzada de personas, manifiesta la publicación.
A criterio de los magistrados lo ocurrido ese 30 de julio de 2014 en el mercado de San Martín puede considerarse como una desaparición forzada a manos de miembros de la Fuerza Armada, pues desde esa fecha en que fueron intervenidos por los soldados no han sido vistos nuevamente.
Como efecto de esta sentencia, la Sala ordena al ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés, y al jefe del Estado Mayor Conjunto, Félix Núñez realicen nuevas indagaciones internas y exhaustivas sobre las desapariciones forzadas de los jóvenes, con el objeto de determinar lo sucedido y los responsables concretos desde el inicio de su desaparición hasta el momento actual en que se desconoce su paradero, para localizarlos y hacer cesar la lesión a sus derechos constitucionales.
Asimismo, les ordena mantener informada a la Fiscalía General de la República (FGR) para que puedan investigar lo sucedido y se de con el paradero de los dos jóvenes, ya sea vivos o muertos.
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Una condena de 20 años de prisión deberá cumplir Santos Manuel García Madrid, por haber sido declarado culpable de violar a una mujer en 2019.
Las pruebas presentadas en juicio por la Fiscalía General de la República (FGR) lograron que el tribunal que conoció el caso declarara responsable a García Madrid de violación y otras agresiones sexuales.
Las agresiones fueron cometidas aproximadamente a las 5:30 de la tarde el 29 de octubre de 2019, cuando víctima (mujer de 20 años), se encontraba en la parada de buses ubicada en la esquina opuesta de la Catedral Basílica de San Miguel.
Según la acusación fiscal, el imputado interceptó a la víctima y le realizó una serie de preguntas, hasta que finalmente le dijo que actuara con normalidad y que lo acompañara a otro lugar. La víctima se negó a acompañarlo.
“El imputado le dijo que si no se iba con él la mataría y que ya había matado otras mujeres, que ella no iba a ser la primera ni la última. Posteriormente, el hombre le dio un golpe en el pecho a la víctima, provocándole mucho temor”, manifestó la fiscal del caso.
La víctima intentó pedir ayuda a las personas que se encontraban en el lugar, pero nadie le prestó atención. El imputado obligó a la víctima que caminara hasta un hotel cercano a la terminal de buses, donde la obligó a bañarse.
“El imputado le preguntó a la víctima a que iglesia asistía, ella le dijo que a Iglesia Cret y le pidió que le cantara unas alabanzas. Posteriormente este la atacó sexualmente”, agregó la fiscal.
García Madrid, además de la pena de prisión, deberá pagar $600 en concepto de responsabilidad civil.
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Judicial
FGR presentará apelación contra liberación de responsables por tragedia en estadio Cuscatlán
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que presentará un recurso de apelación contra tres dirigentes de Alianza y dos empleados de EDESSA, señalados por la Fiscalía como responsables de la tragedia ocurrida en el estadio Cuscatlán, el pasado 20 de mayo.
Más temprano, este mismo día se informó que los responsables habían llegado a un acuerdo con más de medio centenar de víctimas para conciliar por los delitos de lesiones y homicidio culposos, lo cual permitió que los cinco procesados quedaran en libertad.
En la audiencia inicial realizada este viernes, el Juzgado Primero de Paz de San Salvador autorizó la salida alterna por esos delitos ya que la normativa lo permite.
No obstante, el Ministerio Público indicó que continuarán utilizando todas las herramientas legales para que los responsables continúen detenidos.
«La FGR presentará recurso de apelación ante el resultado obtenido este día, en el caso de la tragedia, ocurrida en el Estadio Cuscatlán. Los responsables seguirán detenidos. Se continuará utilizando todas las herramientas legales, para lograr que se haga justicia», indicó la FGR en su cuenta oficial de Twitter.
El 20 de mayo, una estampida humana en el sector popular del estadio Cuscatlán provocó la muerte de 9 personas -y no 12 como se dijo en el primer momento- y provocó algún tipo de lesiones en decenas de aficionados, pero solo 51 casos de lesionados fueron judicializados.
En las investigaciones que la Fiscalía desarrolló, se determinó que hubo negligencia en la organización del evento deportivo por parte de los dirigentes y empleados de EDESSA procesados.
Los argumentos sostenidos por la representación fiscal es que los imputados estaban en la obligación de garantizar el desarrollo adecuado del encuentro futbolístico entre Alianza FC y Club Deportivo FAS como parte de los cuartos de final de la liga mayor y que definiría el club que avanzaría a las semifinales del torneo que fue dado por finalizado.
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La defensa de los tres dirigentes de Alianza y dos empleados de EDESSA señalados por la Fiscalía como responsables de la tragedia ocurrida en el estadio Cuscatlán, el pasado 20 de mayo, llegó a un acuerdo con más de medio centenar de víctimas para conciliar por los delitos de lesiones culposas y homicidio culposo, lo cual permitió que los cinco procesados quedaran en libertad
En la audiencia inicial realizada este viernes en el Juzgado Primero de Paz de San Salvador autorizó la salida alterna por esos delitos ya que la normativa lo permite.
«Es importante determinar que se ha llegado a un arreglo conciliatorio total en relación a los homicidios culposos y las lesiones culposas a través de todas esta jornada, esta maratón que hemos tenido, creo que hemos tenido resultados que como defensa nos hemos esperado», dijo el defensor Miguel Anaya.
Los acusados por el ministerio público son: Pedro Hernández, Edwin Abarca Ventura y Zoila Córdova, presidente, gerente y financiera de Alianza FC, respectivamente; así como Reynaldo Avelar Contreras, Gerente General de EDESSA y Samuel García Montano, encargado de las llaves del Estadio.
La audiencia comenzó en horas de la tarde ya que durante la mañana las 51 personas que resultaron lesionadas y los parientes de los nueve fallecidos estuvieron reuniéndose por separado con fiscales y defensores como parte del acercamiento y determinar si acordaban la conciliación.
En las investigaciones que la Fiscalía desarrolló, se determinó que hubo negligencia en la organización del evento deportivo por parte de los dirigentes y empleados de EDESSA procesados.
Los argumentos sostenidos por la representación fiscal es que los imputados estaban en la obligación de garantizar el desarrollo adecuado del encuentro futbolístico entre Alianza FC y Club Deportivo FAS como parte de los cuartos de final de la liga mayor y que definiría el club que avanzaría a las semifinales del torneo que fue dado por finalizado.
En cuanto al delito de estragos públicos culposos hubo una suspensión condicional del procedimiento que también les abrió el camino para quedar libres.
La Fiscalía había acusado por estragos públicos agravados, pero la jueza dijo que no existió dolo e intención de causar daño y por lo tanto no hay agravante y calificó el delito como estragos públicos culposos. «Todos los delitos se tipificaron como culposo y se sobreyó por todos los delitos», agregó Anaya.
El 20 de mayo, un estampida humana en el sector popular del estadio Cuscatlán provocó la muerte de 9 personas -y no 12 como se dijo en el primer momento- y provocó algún tipo de lesiones en decenas de aficionados, pero solo 51 casos de lesionados fueron judicializados.
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