La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una sentencia en la que ordena a la Fuerza Armada y al Estado Mayor Conjunto investigar la desaparición forzada de dos jóvenes a manos de siete militares ocurrida en el municipio de San Martín en 2014.

Según un comunicado de la Sala, el solicitante interpuso un habeas corpus ante esta instancia en la que se argumentó que los dos jóvenes salieron de su casa y se dirigieron al mercado del municipio de San Martín, donde fueron interceptados por siete soldados uniformados con boina roja-ocre y franja anaranjada, al parecer miembros de la Fuerza Armada de El Salvador, quienes los habrían desaparecido.

Según el relato, este grupo militar detuvo a los jóvenes, los registraron y los golpearon, luego procedieron a amarrarlos con las manos hacia atrás y los exhibieron recorriendo el mercado. Posteriormente, los subieron a un carro blanco sin placas, doble cabina tipo pick up, y luego de un tiempo, los mismos soldados los bajaron en la Colonia Santa María y desde entonces nadie da información de ellos.

El comunicado de la Sala asegura que pese a que los jóvenes fueron capturados por militares que habitualmente patrullaban el mercado y sus alrededores, nunca fueron remitidos a la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República o la autoridad judicial. En este sentido, su detención ha sido ilegal y a estas alturas puede considerarse como una desaparición forzada de personas, manifiesta la publicación.

A criterio de los magistrados lo ocurrido ese 30 de julio de 2014 en el mercado de San Martín puede considerarse como una desaparición forzada a manos de miembros de la Fuerza Armada, pues desde esa fecha en que fueron intervenidos por los soldados no han sido vistos nuevamente.

Como efecto de esta sentencia, la Sala ordena al ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés, y al jefe del Estado Mayor Conjunto, Félix Núñez realicen nuevas indagaciones internas y exhaustivas sobre las desapariciones forzadas de los jóvenes, con el objeto de determinar lo sucedido y los responsables concretos desde el inicio de su desaparición hasta el momento actual en que se desconoce su paradero, para localizarlos y hacer cesar la lesión a sus derechos constitucionales.

Asimismo, les ordena mantener informada a la Fiscalía General de la República (FGR) para que puedan investigar lo sucedido y se de con el paradero de los dos jóvenes, ya sea vivos o muertos.