Judicial
Sala ordena a la Fuerza Armada y Estado Mayor investigar sobre desaparición de dos jóvenes a manos de militares en San Martín
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una sentencia en la que ordena a la Fuerza Armada y al Estado Mayor Conjunto investigar la desaparición forzada de dos jóvenes a manos de siete militares ocurrida en el municipio de San Martín en 2014.
Según un comunicado de la Sala, el solicitante interpuso un habeas corpus ante esta instancia en la que se argumentó que los dos jóvenes salieron de su casa y se dirigieron al mercado del municipio de San Martín, donde fueron interceptados por siete soldados uniformados con boina roja-ocre y franja anaranjada, al parecer miembros de la Fuerza Armada de El Salvador, quienes los habrían desaparecido.
Según el relato, este grupo militar detuvo a los jóvenes, los registraron y los golpearon, luego procedieron a amarrarlos con las manos hacia atrás y los exhibieron recorriendo el mercado. Posteriormente, los subieron a un carro blanco sin placas, doble cabina tipo pick up, y luego de un tiempo, los mismos soldados los bajaron en la Colonia Santa María y desde entonces nadie da información de ellos.
El comunicado de la Sala asegura que pese a que los jóvenes fueron capturados por militares que habitualmente patrullaban el mercado y sus alrededores, nunca fueron remitidos a la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República o la autoridad judicial. En este sentido, su detención ha sido ilegal y a estas alturas puede considerarse como una desaparición forzada de personas, manifiesta la publicación.
A criterio de los magistrados lo ocurrido ese 30 de julio de 2014 en el mercado de San Martín puede considerarse como una desaparición forzada a manos de miembros de la Fuerza Armada, pues desde esa fecha en que fueron intervenidos por los soldados no han sido vistos nuevamente.
Como efecto de esta sentencia, la Sala ordena al ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés, y al jefe del Estado Mayor Conjunto, Félix Núñez realicen nuevas indagaciones internas y exhaustivas sobre las desapariciones forzadas de los jóvenes, con el objeto de determinar lo sucedido y los responsables concretos desde el inicio de su desaparición hasta el momento actual en que se desconoce su paradero, para localizarlos y hacer cesar la lesión a sus derechos constitucionales.
Asimismo, les ordena mantener informada a la Fiscalía General de la República (FGR) para que puedan investigar lo sucedido y se de con el paradero de los dos jóvenes, ya sea vivos o muertos.
La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó la captura de Héctor Nathan Aquino Melgar y Mauricio Esteban Polanco Trigueros, ambos abogados y notarios, acusados de participar en la elaboración de compraventas falsas de inmuebles.
Según las investigaciones, los inmuebles pertenecían a personas fallecidas o a terceros que no habían otorgado su consentimiento para dichas transacciones.
Los delitos habrían ocurrido entre mayo y julio de 2022.
Aquino Melgar enfrenta cargos por estafa agravada, falsedad material, y uso y tenencia de documentos falsos. Por su parte, Polanco Trigueros será procesado por falsedad material agravada continuada.
Las investigaciones continúan para determinar si hay más implicados en este esquema de fraude inmobiliario.
René Alberto Rivera Hernández fue condenado a 91 años de prisión por el feminicidio agravado de una niña de 3 años y por violar e intentar asesinar a otra menor.
De acuerdo con la acusación fiscal, una de las víctimas falleció en enero de 2024, luego de haber sido golpeada brutalmente por René Rivera.
La otra víctima fue localizada con múltiples lesiones, fracturas, con signos de abuso sexual y desnutrición.
Por el mismo caso también Patricia Elizabeth García Castro recibió más de 46 años de cárcel por su complicidad en el crimen, ya que no denunció los hechos.
Por el mismo caso también Patricia Elizabeth García Castro -madre de una de las víctimas – recibió más de 46 años de cárcel por su complicidad en el crimen, ya que no denunció los hechos.
Las investigaciones han demostrado que la víctima sufría violencia física de manera continua.
Según las autoridades, Rivera Hernández golpéo a la niña, causándole graves lesiones que requirieron que fuera hospitalizada; la menor murió el 4 de enero de este año cuando recibía asistencia médica. El crimen ocurrió en el interior de un mesón ubicado en barrio El Molino, en la ciudad de San Miguel.
El Juzgado Sexto de Paz de San Salvador procesó en audiencia inicial, a René Francisco Salazar Castro, capturado de forma infraganti con marihuana, en el bulevar Constitución de San Salvador.
Según la información, una denuncia alertó a las autoridades que en la vivienda del imputado se vendía marihuana, tras esa llamada anónima la Fiscalía General de la República tramitó una orden de allanamiento y junto a un equipo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), ingresaron al inmueble para registrar, encontraron 58 porciones medianas y 17 pequeñas de marihuana.
También decomisaron 18 vapeadores con marihuana, dos balanzas, tres teléfonos celulares y $2,680 en efectivo. Todo lo incautado fue embalado y documentado en un acta para que al momento de judicializar el caso sirviera como evidencia.
Además, hubo actas del procedimiento de captura y prueba de campo realizada a la droga. Todos esos elementos probatorios fueron valorados por el juzgado.
Al finalizar la diligencia se decretó instrucción formal con detención provisional en contra de Salazar Castro, quien permanecerá en un centro penal mientras dure el proceso por el delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud pública.
Según las pesquisas iniciales, el imputado supuestamente tenía bastante tiempo de dedicarse a la venta de marihuana en la zona, pero será en la fase de investigación que durará seis meses, que la Fiscalía amplíe las indagaciones y recolecte más información.
Luego de la audiencia inicial, el expediente será enviado a un juzgado de instrucción de San Salvador, una vez finalice la segunda etapa del proceso se hará la vista pública.
