Judicial
Sala ordena a la Fuerza Armada y Estado Mayor investigar sobre desaparición de dos jóvenes a manos de militares en San Martín
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una sentencia en la que ordena a la Fuerza Armada y al Estado Mayor Conjunto investigar la desaparición forzada de dos jóvenes a manos de siete militares ocurrida en el municipio de San Martín en 2014.
Según un comunicado de la Sala, el solicitante interpuso un habeas corpus ante esta instancia en la que se argumentó que los dos jóvenes salieron de su casa y se dirigieron al mercado del municipio de San Martín, donde fueron interceptados por siete soldados uniformados con boina roja-ocre y franja anaranjada, al parecer miembros de la Fuerza Armada de El Salvador, quienes los habrían desaparecido.
Según el relato, este grupo militar detuvo a los jóvenes, los registraron y los golpearon, luego procedieron a amarrarlos con las manos hacia atrás y los exhibieron recorriendo el mercado. Posteriormente, los subieron a un carro blanco sin placas, doble cabina tipo pick up, y luego de un tiempo, los mismos soldados los bajaron en la Colonia Santa María y desde entonces nadie da información de ellos.
El comunicado de la Sala asegura que pese a que los jóvenes fueron capturados por militares que habitualmente patrullaban el mercado y sus alrededores, nunca fueron remitidos a la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República o la autoridad judicial. En este sentido, su detención ha sido ilegal y a estas alturas puede considerarse como una desaparición forzada de personas, manifiesta la publicación.
A criterio de los magistrados lo ocurrido ese 30 de julio de 2014 en el mercado de San Martín puede considerarse como una desaparición forzada a manos de miembros de la Fuerza Armada, pues desde esa fecha en que fueron intervenidos por los soldados no han sido vistos nuevamente.
Como efecto de esta sentencia, la Sala ordena al ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés, y al jefe del Estado Mayor Conjunto, Félix Núñez realicen nuevas indagaciones internas y exhaustivas sobre las desapariciones forzadas de los jóvenes, con el objeto de determinar lo sucedido y los responsables concretos desde el inicio de su desaparición hasta el momento actual en que se desconoce su paradero, para localizarlos y hacer cesar la lesión a sus derechos constitucionales.
Asimismo, les ordena mantener informada a la Fiscalía General de la República (FGR) para que puedan investigar lo sucedido y se de con el paradero de los dos jóvenes, ya sea vivos o muertos.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
