Judicial
Juzgado le prohíbe a Nayib Bukele acercarse a síndica Xochitl e impone una fianza de $5,000
El Juzgado Especializado de Instrucción de la Mujer confirmó las medidas alternativas e impuso las medidas de protección para el alcalde de la capital, Nayib Bukele, a quien se le procesa por el delito de expresiones de violencia contra la mujer en perjuicio de la síndico municipal Xochitl Marchelli.
La Jueza dijo que se confirma el sobreseimiento definitivo llevado por el Juzgado 4º de Paz bajo el delito de amenazas en la concejal, Xochitl Marcheli. El seguimiento lo retomó la Cámara Tercera de los Penal quien analizó una apelación por los mismos ilícitos llevados por el alcalde capitalino.
La medidas de protección para la victima fueron impuestas por la Cámara Especializada de la Mujer, donde se estableció que Bukele tiene que abstenerse de cualquier tipo de comunicación siempre y cuando sea por cuestiones laborales. Así como de no exponerla frente a medios de comunicación, redes sociales y la prohibición de cualquier tipo de amenaza.
Se espera que la próxima semana Nayib Bukele se presente para dar cumplimiento a las medidas quien de no hacerlo podría caer en otras medidas legales en su contra. Ayer el alcalde capitalino había sido citado al juzgado pero este se excusó por reuniones relativas a la comuna.
En reiteradas ocasiones, Bukele ha rechazado las acusaciones que se le atribuyen, agresión verbal o física en contra de la síndica Xochilt Marchelli. La síndica dice que fue agredida con expresiones como “maldita traidora” y “bruja” durante una sesión de concejo el año pasado.
“Él tomó la manzana y la hizo de esta forma (lanzándola a un costado). Eso, evidentemente era para mi cara, y yo estaba sobre el mueble, me aparté y cayó, y si yo no me hubiera apartado me hubiera caído en el rostro”, explicó Marchelli durante una entrevista en el canal Gentevé a mediados de septiembre 2016.
El incidente ocurrió el 6 de septiembre en una sesión del Consejo Municipal mientras se discutían aprobaciones del centro histórico de la capital. El aparatoso incidente le valió la expulsión del partido de izquierda.
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Guatemaltecos condenados a 10 años de cárcel por tráfico de drogas e ingresar ilegalmente a El Salvador
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana realizó juicio contra Rudy Abraham Tobar Lemus y José Héctor Urizar Cruz, ambos originarios de Guatemala, y les condenó a 10 años de prisión por tráfico ilícito de droga
Según los reportes, tarde del 21 de febrero de 2022, dos guatemaltecos fueron sorprendidos por soldados de la Fuerza Armada (FAES) cuando transportaban dos maletines que contenían metanfetaminas.
El hallazgo se dio en el caserío Las Conchas del cantón Tecomapa, en Metapán, Santa Ana, donde ingresaban al país por un paso no habilitado.
El total de droga incautada fue de 5,913.4 gramos, con un valor comercial de 206 mil 969 dólares.
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A 10 años de prisión fue condenada Daniela Esmeralda Solano Cuellar, por haber extorsionado con $40 a un comerciante, en San Salvador, según quedó establecido en la vista pública que realizó el Tribunal Segundo de Sentencia.
La denuncia de la víctima y una entrega de dinero controlada que agentes especializados antiextorsiones documentaron, fueron contundentes para que el juez de la causa le impusiera la pena mínima por ese delito.
La víctima con régimen de protección, quien llegó a declarar al juicio, dijo que a su negocio llegaron a exigirle dinero y que acordó entregarles $40 ya que la amenazaron con asesinarla junto a su familia.
El comerciante comenzó a ser chantajeado en abril del año 2021 y la denuncia la interpuso en mayo, pero a través de entregas controladas identificaron a Solano Cuellar en julio del mismo año.
Agentes policiales que llegaron a declarar manifestaron que en una primera entrega de dinero no lograron identificar a la imputada, pero en un segundo pago sí la perfilaron y esas fotografías fueron incluidas a un álbum anexado al expediente.
La víctima en su declaración también sostuvo que los agentes policiales la asesoraron para que instalara cámaras de videovigilancia en su negocio para que verificara cuando llegaran los extorsionistas.
El juez al momento de emitir la sentencia condenatoria, expreso que hubo dolo por parte de la mujer y que tenía conocimiento claro que estaba extorsionando y por eso le impuso los 10 años.
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Acusan a salvadoreño por colaborar con estructura que ordenó el homicidio del fiscal de Paraguay Marcelo Pacci
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó el requerimiento contra un salvadoreño, acusado de colaborar con la estructura que ordenó el homicidio del fiscal paraguayo, Marcelo Pacci.
Wilber Geovanny Rodríguez Huezo está acusado de resguardar a la colombiana Margareth Lizeth Chacón Zúniga, implicada en el homicidio de Pecci.
Chacón Zúñiga fue capturada en una residencial de Antiguo Cuscatlán, el pasado 18 de enero y ya se encuentra en Colombia para enfrentar a la justicia.
El homicidio del fiscal paraguayo ocurrió el mes de mayo de 2022, en una isla de Colombia, durante la luna de miel de Pecci.
El requerimiento fue presentado en el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
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