Connect with us

Judicial

Empleadas de Tigo son privadas de libertad y abusadas en Guazapa

Publicado

el

La tarde del 26 de diciembre de 2016, cinco empleados de la empresa de telefonía Tigo fueron enviados hacia el municipio de Guazapa, al norte de San Salvador, para realizar su trabajo de ofrecer casa por casa la contratación de paquetes de cable satelital e internet.

El grupo estaba integrado por dos mujeres y tres hombres, quienes abordaron un pequeño microbús de la empresa que los trasladó hasta el cantón San Jerónimo del citado municipio, cuando llegaron eran cerca de las 2:00 de la tarde. El objetivo que llevaban era visitar la mayor cantidad posible de potenciales clientes para llegar a la meta de ventas establecida mensualmente.

Al llegar al lugar, los cinco jóvenes emprendieron sus labores; Brenda, Jorge (nombres cambiados por protección a las víctimas) y el resto se bajaron de la unidad móvil y se dirigieron a una vivienda para comenzar lo que esperaban fuera una jornada productiva.

Lo que no se imaginaron es que antes de tocar la primera puerta, serían interceptados por dos pandilleros del Barrio 18, entre ellos Oscar Rivera Marroquín, quienes los intimidaron con las armas que portaban. Estos les cuestionaron qué andaban haciendo en el lugar; antes que terminaran de increparlos un tercer sujeto se unió al grupo de criminales.

Jorge y Brenda fueron apartados del grupo y conducidos hacia una “casa destroyer”. Él fue golpeado por dos delincuentes, mientras a ella le dieron dos opciones, ser violada o morir. Por su mente pasó la imagen de sus hijos.

Brenda no tuvo más opción que ser abusada sexualmente por los tres pandilleros.

Tras ello, la mujer salió de la habitación en donde la atacaron y logró ver que el resto de sus compañeros estaban retenidos en el interior de la casa, sentados en el piso. Los tres hombres estaban golpeados y Cecilia (nombre cambiado por protección) fue obligada a entrar a la habitación. También fue violada.

Las cinco víctimas fueron despojadas de sus teléfonos celulares y del dinero que portaban y al cabo de tres horas fueron dejados en libertad; sin perder más tiempo, regresaron al vehículo y se fueron del lugar.

En el camino lograron ser localizados por una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC), luego de que la empresa telefónica reportara a las autoridades que por mucho tiempo la unidad no tenía movimiento.

Solo un criminal fue sentenciado

Ambas mujeres coincidieron a la hora de brindar sus relatos ante el Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador, donde tuvieron que enfrentar -esta vez mediante videoconferencia- a sus verdugos. Del otro lado de la pantalla, desde un penal, estaban los sujetos llenos de tatuajes.

El caso logró ser individualizado por la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que Rivera Marroquín, quien fue detenido por la PNC, fue procesado por el delito de violación agravada, robo y privación de libertad.

El Tribunal de Sentencia le impuso una pena de 41 años y 8 meses de prisión, después de que se le comprobara su actuar en el caso.

Judicial

Condenan a Vanda Pignato y otros exfuncionarios involucrados en el caso Saqueo Público

Publicado

el

La exprimera dama en el gobierno del FMLN, Vanda Pignato, y otros exfuncionarios de la gestión del prófugo expresidente Mauricio Funes, fueron condenados este viernes, por el Tribunal Primero de Sentencia a penas de hasta 14 años por el desvío de $351 millones de las arcas del Estado a cuentas personales.

Pignato fue sentenciada a 3 años por simulación de delito, pena que será sustituida por 144 jornadas de trabajo. Sin embargo, fue absuelta por lavado de dinero, ya que según se resolvió, los fondos que recibió eran parte del dinero desviado por el principal implicado en el caso Saqueo Público, su ex esposo Mauricio Funes.

En cuanto a José Miguel Menéndez Avelar, alias, «Mecafé» purgará hasta 14 años de prisión por los delitos de lavado de dinero (8 años) y evasión de impuestos (6 años).

El juez mencionó que se logró establecer la participación de Mecafé como prestanombre de Funes, además de la entrega de una fuerte cantidad de dinero desde la presidencia en el período de 2009-2014.

Asimismo, habría ayudado al ocultamiento de incidentes dentro de la relación de confianza con Funes Cartagena. Miguel Menéndez recibió dinero de los gastos reservados de la presidencia a ritmo de $10,000 mensuales y siendo presidente «adhorem» del CIFCO, dada la confianza con el exmandatario salvadoreño, por lo que se configuró el delito de lavado de dinero.

Respecto al delito de defraudación al fisco, Menéndez no habría declarado al Ministerio de Hacienda más de $180,000. El juez indica que la Fiscalía logró probar la evasión de impuestos por parte de Mecafé y deberá pagar más de $183,000 en concepto de responsabilidad civil.

En el caso del expresidente del Banco Hipotecario, Manuel Rivera Castro, le decretaron 13 años de cárcel por los delitos de peculado (8 años) y lavado de dinero (5).

El juzgador explicó que el acusado era un funcionario público al quien se le puede atribuir el delito de peculado. El juez agregó que existe una conducta delictiva por parte del acusado en el ilícito de peculado en calidad de cómplice necesario.

Con respecto al lavado de dinero, la Fiscalía señaló que Rivera Castro recibía $5,000 mensuales provenientes de los fondos reservados de la presidencia, como pago por los servicios realizados en el Banco Hipotecario para beneficio de la red, por lo que se configura el referido delito, afirmó el juez.

Otros sentenciados son David Marciano Rivas, exsecretario de Comunicaciones de la presidencia, ha sido declarado culpable por lavado de dinero y pasará 8 años en la cárcel. Se comprobó que Rivas recibió 31 cheques y alcanzó un patrimonio de $225,000 de fondos ilícitos.

En tanto, el exsuegro de Funes, Juan Carlos Guzmán Berdugo, fue declarado culpable por lavado de dinero y condenado a 8 años de prisión.

Continuar Leyendo

Judicial

68 años de prisión para pandillero que extorsionó a una ruta de buses y una empresa de fotografía

Publicado

el

El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 60 años de cárcel a Óscar Armando Villeda Portillo por los delitos de extorsión agravada en perjuicio de una ruta de autobuses, una empresa de fotografía y una víctima con régimen de protección.

Además, se le sentenció a tres años de prisión por el delito de actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas en delitos relacionados con droga. Finalmente, sumó cinco años más por el delito de agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.

También, se condenó a diez años de cárcel a Nelson David Flores, alias «Davidcillo», por el delito de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, otros cuatro años por el delito de intento de contrabando de mercadería, así como tres años por actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas en delitos relacionados con droga. Asimismo, el juez le impuso cinco años por el delito de agrupaciones ilícitas por ser miembro activo de la clica Fulton Locos Salvatruchos de la Mara Salvatrucha.

Junto a estos sujetos, se condenó a otras 35 personas a penas que oscilan entre los 3 y los 20 años de prisión por delitos como agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública, intento de contrabando de mercadería, extorsión agravada, así como actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas en delitos relacionados con droga.

Continuar Leyendo

Judicial

Mujer es enviada a juicio por golpear a su hijo y negar la cuota alimenticia entregada por su padre

Publicado

el

Zulma V. enfrentó una audiencia inicial por el delito de maltrato infantil, tras un incidente ocurrido el 29 de septiembre. Ese día, su hijo de 16 años regresó a casa después de recibir la cuota alimenticia mensual de su padre. Al llegar a su vivienda en la comunidad Las Victorias, en Soyapango, Zulma le pidió que le entregara parte del dinero para la compra de alimentos. Aunque el joven accedió a darle una cantidad, su madre insistió en que le diera más dinero, lo que provocó la negativa del menor.

La negativa del adolescente generó una reacción violenta por parte de la imputada, quien le causó lesiones físicas. Las autoridades escolares del menor observaron los golpes y notificaron a su padre, quien presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República.

En la audiencia inicial, y tras valorar las pruebas presentadas, el Juzgado 4.º de Paz de Soyapango ordenó que el caso avance a la siguiente etapa procesal, en el Juzgado 2.º de Instrucción de Soyapango.

 

Continuar Leyendo

Publicidad

Lo Más Leído