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Por negociaciones ilícitas y falsedad ideológica exempleados de Medicina Legal y un familiar enfrentan juicio

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El Tribunal 2° de Sentencia de San Salvador instaló la vista pública contra los doctores Juan Carlos Monterrosa Pashaca y su esposa, Josefina Morales de Monterrosa, acusados de negociaciones ilícitas, asimismo se procesa a la sobrina de esta, Sindi Berenice García de Portillo, por falsedad ideológica.

Según los alegatos iniciales por parte de la Fiscalía General de la República (FGR),  los galenos que laboraban en el área de Genética del Instituto en Medicina Legal (IML) habrían comprado material a través de adjudicaciones en las modalidades de compras directas, compras por licitación y libre gestión a la empresa Diprolab S.A de C.V, representada por García de Portillo, quien según documentación firmada por la misma, negó tener vínculo familiar en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Dicha investigación inició  en marzo de 2016 por aviso de un empleado del IML, quien manifestó que la comisión encargada de evaluar las licitaciones del doctor Monterrosa encontró irregularidades en el valor de algunos productos adquiridos.

En el juicio declaró un médico, quien manifestó que evaluó las compras directas realizadas por Monterrosa y que en algunos ítems redactados para los ofertantes existían ambigüedades que se prestaba a una interpretación distinta para los que la leían.

Además, señaló que algunos productos comprados a Diprolab variaban de precio. En algunos productos el valor era menor al del mercado; mientras que en otros, era hasta 10 veces mayor.

Los médicos se desempeñaron como jefe y coordinadora del Departamento de Biología Forense del IML, en el periodo de 2011 y 2016.

Este 16 de enero se prevé el desfile de 21 testigos presentados por la FGR, día en el que continuará el juicio en contra de los procesados.

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Prisión para mujer que estafó $8,000 por una falsa costrucción en La Libertad

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El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a seis años de prisión a Elizabeth Durán Campos por el delito de estafa agravada, en perjuicio del patrimonio de una víctima.

Según las investigaciones, en 2023 la víctima contrató a Durán Campos para la construcción de una piscina en el municipio de La Libertad Costa. Para realizar el trabajo, la imputada recibió un anticipo de $8,150, de un total de $16,000 acordado por la terminación de la obra.

Sin embargo, Durán Campos abandonó los trabajos al segundo día de haberlos iniciado y se negó a devolver el dinero recibido. Además de la pena de prisión, deberá devolver el monto estafado.

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PNC captura a tres personas con marihuana en residencial Terranova de San Miguel; una de ellas había sido reportada como desaparecida

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La Policía Nacional Civil capturó a dos hombres y una mujer durante un procedimiento en una vivienda de la residencial Terranova, en San Miguel, donde se localizó marihuana y objetos presuntamente vinculados a su distribución. Los detenidos son Lindsay Michelle Aguilar Fuentes, de 19 años; José Luis Méndez Argueta, de 21, y Dixma Alexander Amador Torres, de 23. Aguilar Fuentes había sido reportada como desaparecida en redes sociales antes de ser localizada en el operativo.

Durante el registro, las autoridades incautaron marihuana (sin especificar cantidad), una balanza electrónica, una picadora para droga, seis teléfonos celulares, una motocicleta, una pipa y dinero en efectivo. Los tres quedaron bajo custodia y serán remitidos por el delito de posesión y tenencia de droga.

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La PNC no ha detallado las circunstancias exactas que llevaron al operativo ni el rol específico atribuido a cada uno de los capturados. Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades individuales.

El caso se suma a los operativos que la institución realiza de forma permanente contra el tráfico y posesión de sustancias ilícitas en el oriente del país.

Las autoridades instan a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa a través de los canales oficiales.

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Condenan a cinco años de cárcel a un hombre que amenazó de muerte a su propia madre en Santa Ana

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El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana condenó a cinco años de prisión a José Andrés Ábrego Coto, de 31 años, por los delitos de amenazas en perjuicio de su madre y resistencia. Los hechos ocurrieron el 7 de marzo de 2026 en una vivienda de la colonia Gerardo Barrios, distrito de Santa Ana.

Ábrego Coto llegó al domicilio de su madre y la amenazó con quitarle la vida. Ante el temor de que cumpliera la amenaza, la víctima pidió auxilio a la Policía Nacional Civil. Cuando los agentes llegaron al lugar lo encontraron en el exterior de la vivienda y le ordenaron someterse a una requisa personal, pero el imputado se negó y debió ser neutralizado.

Durante el proceso, la madre del condenado manifestó que su hijo ya había sido procesado anteriormente por causarle lesiones y que cumplió una condena por ese delito. El caso se tramitó por la vía de juicio sumario.

La sentencia confirma la detención del imputado y cierra el proceso por estos hechos específicos. Las autoridades no han informado sobre medidas adicionales de protección para la víctima.

Este tipo de casos de violencia intrafamiliar reiterada pone de relieve la importancia de la denuncia oportuna y la actuación policial inmediata.

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