Judicial
Pandilleros de la MS son condenados hasta 165 años de cárcel por diversos crímenes
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Durante la vista pública, el Tribunal Especializado de Sentencia de Santa Ana valoró las pruebas presentadas por fiscales de la Unidad de Patrimonio Privado y Propiedad Intelectual de esa ciudad, en la que se demostró que los imputados participaron en al menos cinco casos de homicidio, ocho propocisiones de homicidio, 2 propocisiones de extorsión, una tenencia y uso de uniforme de la Fuerza Armada y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la investigación, todo inició tras la denuncia de una víctima que estaba siendo extorsionada. Mediante diferentes técnicas de investigación se logró detectar las amenazas que recibía, así como órdenes para cometer homicidios y otros delitos.
Entre las penas más altas impuestas por el tribunal destaca la de Noé López Monroy alias Chiqui, y que dentro de la estructura tiene el nivel de homeboy; lo condenó a cinco años por el delito de agrupaciones ilícitas, 75 años por cinco homicidios en contra del mismo número de víctimas, cinco años por proposición de extorsión a una empresa de boquitas, 10 años por el delito de proposición de homicidio y 20 años por el delito de proposición de homicidio contra dos víctimas, haciendo un total de 165 años de prisión.
A los pandilleros Ronal Amilcar Tobar Martínez el tribunal le impuso 140 años de prisión, y a Iván Jonathan Méndez 105 años.
Adilson Efraín Maldinera Álvarez alias Chocolate, recibió una condena de 64 años de cárcel, y Mauricio Martínez López alias Gasper fue condenado a 63 años.
Las demás condenas van desde los 3 años hasta los 54 años de prisión. La oficina fiscal de Sonsonate se mostró satisfecha ya que estos peligrosos delincuentes ahora están fuera de las calles.
Los hechos que dieron parte a esta investigación y que han terminado con estas penas, sucedieron en el año 2018 en el municipio de Jujutla y Guaymango del departamento de Ahuachapán.
Por el delito de tráfico ilegal de personas, Alejandro Pascual Rivera fue condenado a ocho años de prisión.
El fiscal del caso dijo que Rivera engañó a cuatro personas de nacionalidad ecuatoriana y les cobró $1,000 dólares para llevarlos de manera ilegal a los Estados Unidos de América. El imputado les dijo que los pasaría por puntos ciegos (puntos fronterizos no autorizados)
La investigación indica que el día ocho de octubre del 2022, agentes policiales hacían un control vehicular a la altura de la carretera que de Santa Ana conduce a Candelaria de la Frontera y al intervenir el autobús donde viajaban las víctimas con el imputado, les localizaron y Rivera fue capturado.
El Juzgado Primero de Paz de Santa Ana decretó instrucción formal con detención provisional contra Jacqueline Liseth M. D., de 44 años, acusada del delito de lesiones muy graves en perjuicio de Marcelo M., de 49 años.
De acuerdo con la información judicial, los hechos ocurrieron el 12 de mayo de 2026 en la urbanización El Milagro, en el distrito de Santa Ana, cuando la víctima se encontraba departiendo con otras personas.
Según el reporte, el afectado observó la llegada de una pareja que, tras varios minutos, inició una discusión. Al percatarse de que ambos se encontraban alterados, intervino con el propósito de mediar la situación y les pidió que se calmaran.
Sin embargo, la imputada presuntamente le propinó un golpe con un objeto contundente en el ojo derecho, ocasionándole una fractura facial. Posteriormente, huyó del lugar.
La víctima fue auxiliada por familiares y trasladada a un centro asistencial. Debido a la gravedad de las lesiones, fue referido a un hospital en San Salvador, donde fue intervenido quirúrgicamente y permaneció ingresado durante cinco días.
Según el informe médico, Marcelo M. sufrió la pérdida total del ojo derecho y una fractura en el pómulo. Asimismo, el Instituto de Medicina Legal determinó que las lesiones sanarán en aproximadamente 90 días, período que también corresponde a la incapacidad otorgada, además de establecer una secuela permanente por la pérdida del ojo derecho.
El vigilante Franklin Gilberto Cartagena Moreno fue enviado a prisión provisional tras ser acusado de sustraer dos armas de fuego de la ferretería donde laboraba, ubicada en la avenida Juan Aberle y avenida Monseñor Romero, en San Salvador.
Durante la audiencia en el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador, la Fiscalía General de la República indicó que el hecho ocurrió el 9 de mayo de 2026, cuando otro vigilante del establecimiento notó la ausencia de su arma de fuego y la del ahora procesado.
De acuerdo con la investigación, al realizar una verificación interna se determinó que Cartagena Moreno habría sustraído el armamento, entre el que se incluyen un revólver calibre 38 y una escopeta calibre 12, además de tres radios portátiles, seis cartuchos calibre 12, 12 cartuchos calibre 38, un cinturón táctico, funda y otros accesorios.
El caso fue denunciado ante las autoridades, quienes posteriormente ubicaron al sospechoso. En coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), se ejecutó un allanamiento que permitió la recuperación de las armas y demás objetos reportados como hurtados.
Durante el procedimiento también se le decomisó una porción de marihuana. La Fiscalía lo acusa de los delitos de hurto agravado, así como de posesión y tenencia.
