Judicial
Pandillero que colocó coche bomba en Centro de Gobierno es condenado a 15 años de prisión
Jonathan Humberto Ruiz Lobos, alias “Sayco” y quien era miembro de una estructura terrorista fue condenado a 15 años de prisión, por el Tribunal Especializado de Sentencia “B” en San Salvador, luego de encontrarlo culpable por los delitos de actividades delictivas relacionadas con armas, artefactos o sustancias explosivas, agentes químicos o biológicos, armas de destrucción masiva o artículos similares agravadas y por organizaciones terroristas.
Parte de la prueba expuesta por la Fiscalía General de la República (FGR) fueron las declaraciones de dos exintegrantes de la Pandilla 18 Revolucionarios, quienes relataron ante el juez los distintos hechos delictivos cometidos por esa organización criminal.
De acuerdo a la versión testimonial, los sujetos pretendían utilizar artefactos explosivos para causar daño y terror en la población.
El juicio fue desarrollado en la modalidad de videoconferencia, debido a que Ruiz Lobos guardaba prisión de manera provisional en un centro penitenciario.
Al sujeto se le impuso 12 años por el primer ilícito; mientras que por organizaciones terroristas se le sumaron tres años.
En enero de este 2018 ya había sido condenado Noel Artemio Ortiz Tobar, a quien se le atribuyeron los mismos delitos y el mismo tiempo de prisión.
Varios sujetos, incluyendo militares, estacionaron un vehículo con explosivos frente al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el 28 de agosto del año 2015.
Un total de 43 pandilleros de la MS-13 enfrentan una Audiencia Única Abierta por el delito de agrupaciones ilícitas en San Miguel.
Entre los imputados se encuentran homeboys, tres chequeos, seis paros y 17 colaboradores, de acuerdo con la información proporcionada.
Las autoridades señalan que los acusados mantenían el control de sectores en Chapeltique, San Miguel, Moncagua y Lolotique, donde habrían cometido al menos 456 homicidios agravados, 101 extorsiones agravadas y 109 privaciones de libertad, además de otros delitos por los cuales también enfrentarán juicio.
Entre las víctimas de los homicidios figura un operador del sistema 911, quien fue asesinado en un punto de taxis ubicado en la colonia San José, en San Miguel.
Todos los imputados fueron capturados mediante las herramientas implementadas durante el Régimen de Excepción.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado al Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel la pena máxima para cada uno de los acusados, de acuerdo con el rango que ocupaban dentro de la estructura criminal.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un allanamiento para capturar a Orlando Israel Amaya Fuentes, quien es investigado por adquirir material de abuso sexual infantil.
De acuerdo con las investigaciones, la FGR recibió un aviso de la INTERPOL que alertaba sobre la participación de Amaya Fuentes en un grupo de distribución de este tipo de material que opera desde Buenos Aires, Argentina. Según la información, el investigado se comunicaba con dicho grupo mediante plataformas digitales para obtener el contenido.
El operativo se desarrolló en Mejicanos, San Salvador Centro.
El detenido será procesado por el delito de adquisición o posesión de material pornográfico de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad a través de las tecnologías de la información.
Emely Gabriela Paz Sermeño fue condenada a 45 años de prisión por el homicidio agravado de su recién nacido, ocurrido en agosto de 2025 en Sonsonate.
De acuerdo con los hechos expuestos, la imputada se encontraba al interior de un hospital de la zona cuando se dirigió al baño del establecimiento, donde inició su labor de parto. Posteriormente, dio a luz y abandonó al bebé en un basurero.
Las evidencias presentadas durante el proceso determinaron que el recién nacido nació con vida y que la causa de muerte fue asfixia perinatal.
La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate.
