Judicial
Mujer es condenada a 8 años de cárcel por tráfico ilegal de personas
Una condena de 8 años de prisión deberá cumplir una mujer que se venía lucrando del tráfico ilegal de personas indocumentadas, a quienes les aseguraba que llevaría a Los Estados Unidos de América, pero al final todo terminaba en estafas y engaños. Un tribunal la declaró culpable, y le impuso la condena de 8 años de cárcel, más el pago a favor de las víctimas.
La Fiscalía, a través de la Unidad de Tráfico Ilegal y Trata de Personas dio a conocer que se trata de la señora Ana Silvia Reyes Beltrán, que fue llevada a la vista pública en la que fue encontrada culpable por el delito de Tráfico Ilegal de Personas en perjuicio de dos personas adultas y una menor de edad.
La FGR demostró durante la audiencia que la imputada cometió el delito que se le atribuyó, así como la existencia de este.
Caso que inició en febrero de 2019 cuando una de las víctimas acordó con un traficante de origen mexicano, que sería llevada a la nación norteamericana por un valor de $9,000 y para tal efecto Reyes Beltrán, fue la responsable de sacar del país y guiar a la víctima hasta México. Pero durante el trayecto fue aprehendida por autoridades migratorias norteamericanas que posteriormente la retornaron a nuestro país.
Como reparación del frustrado viaje, le ofrecieron a la ofendida que podrían llevarla nuevamente y esta vez acordaron llevar a una hija de la primera víctima y a su nieta, por lo que le entregaron $1,000 más a la imputada. Fue así como el 17 de mayo de 2019 emprendieron el nuevo viaje, pero también fueron detenidas por las autoridades mexicanas y enviadas a El Salvador.
Fue así como decidieron interponer las denuncias, y al establecer la participación de la imputada fue declarada penalmente culpable en juicio.
Ahora deberá cumplir los 8 años de prisión y además deberá responder con el pago de $1,500 en concepto de responsabilidad civil a favor de las ofendidas.
Judicial
Ordenan captura de mujer acusada de agredir sexualmente a menores de edad y grabar material pornográfico
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ordenó la captura de Olinda Madai Claros Rivera, a quien se le acusa de agredir sexualmente a menores de edad y grabar material pornográfico infantil.
La mujer fue detenida este miércoles en su casa de habitación en San Miguel Centro, San Miguel. En el mismo lugar se encontraron a las dos víctimas menores de edad, quienes fueron rescatados y a quienes la Fiscalía les garantizará la debida atención sicológica.
Esta investigación inició en mayo de 2026, cuando se recibió una denuncia y se indicaba que Claros Rivera generaba material pornográfico infantil.
Durante el operativo se incautaron dos dispositivos celulares que ayudarán a robustecer la investigación en curso.
Rivera es acusada de los delitos de utilización de niños/as y adolescentes a través de las tecnologías de la información y la comunicación y agresión sexual en menor en incapaz continuada en perjuicio de los menores identificados. La mujer será presentada ante las autoridades competentes en los próximos días.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), desarticuló una estructura dedicada a almacenar, distribuir y vender crack, cocaína y marihuana en los distritos de San Francisco Gotera, Lolotiquillo, Cacaopera, Chilanga y El Divisadero, todos del departamento de Morazán, y en el distrito de Santa Rosa de Lima, La Unión.
La FGR realizó 22 registros y ordenó la captura de 16 sujetos perfilados como distribuidores, intermediarios, transportistas y vendedores de droga.
El fiscal del caso explicó que la investigación se realizó entre el 26 de mayo de 2025 y el 20 de mayo de 2026, tiempo en el que se efectuaron 18 detenciones en flagrancia y se identificaron aproximadamente 453 transacciones de droga, logrando individualizar a los miembros de las estructura de narcomenudeo.
La investigación determinó que esta estructura estaba conformada por tres células, donde Irma del Rosario Villatoro Hernández (capturada), era la distribuidora principal de dos estructuras que vendían crack y marihuana.
Villatoro Hernández le vendía la droga a Luis Antonio Gómez (primera célula). Este, a su vez, coordinaban a cuatro colaboradores que vigilaban, vendían, distribuían y buscaban compradores para la droga en los distritos de Lolotiquillo, Cacaopera y Delicias de Concepción, todos de Morazán.
Los colaboradores de esta célula fueron identificados como: José Santos Lucio Romero, Rigoberto Luna Romero Granados, Antonio del Cid Chicas y Ricardo Antonio Ganuza Ramos.
Además, Villatoro Hernández le distribuía droga a su hijo José Omar Rosales Villatoro, a Edwin Jeovanny Rosales Cruz y a Zoila Esperanza Ordóñez, los tres fueron capturados. Estos sujetos vendían y suministraban la droga en distintos sectores de Santa Rosa de Lima, La Unión (segunda célula).
La tercera célula vendía marihuana en la colonia La Paz, de San Francisco Gotera, y en Delicias de Concepción, y por eso hechos la FGR capturó a Rolando Wilber Medrano, James Douglas Sorto Castro y los hermanos Edwin Javier Escobar Claros y Douglas Alexander Escobar Claros.
También capturaron a Ruben Ernesto Álvarez Gómez, y José Nextalí Sorto, por vender droga en Santa Rosa de Lima.
Asimismo, fue capturado Mario Enrique Hernández Coca, quien utilizaba como fachada la comercialización de cuadros de pinturas para vender marihuana en Delicias de Concepción y en San Francisco Gotera.
Al momento de las capturas a los imputados se les decomisaron celulares, dinero en efectivo, una báscula electrónica, porciones pequeñas de marihuna y un vehículo (el cual, al realizarle las pruebas respectivas dio positivo a cocaína).
Todos los detenidos serán procesados por siembra y cultivo; agrupaciones ilícitas; tráfico ilícito; actos preparatorios, proposición, conspiración, y asociaciones delictivas.
Por el delito de tráfico ilegal de personas, Alejandro Pascual Rivera fue condenado a ocho años de prisión.
El fiscal del caso dijo que Rivera engañó a cuatro personas de nacionalidad ecuatoriana y les cobró $1,000 dólares para llevarlos de manera ilegal a los Estados Unidos de América. El imputado les dijo que los pasaría por puntos ciegos (puntos fronterizos no autorizados)
La investigación indica que el día ocho de octubre del 2022, agentes policiales hacían un control vehicular a la altura de la carretera que de Santa Ana conduce a Candelaria de la Frontera y al intervenir el autobús donde viajaban las víctimas con el imputado, les localizaron y Rivera fue capturado.
