Judicial
Mecánico utilizó Facebook para engañar a dos mujeres y posteriormente abusar de ellas en Nejapa
Puestos de trabajos fijos, tatuajes y dinero en efectivo, eso ofrecía un empleado de un taller mecánico que se hacía pasar como un tatuador profesional en redes sociales en las que buscaba mujeres atractivas para tener relaciones sexuales. Dos de las engañadas ahora lo acusan de violación mientras que él alega que todo fue bajo mutuo consentimiento.
Javier Adalberto Mancía es acusado por Girasol y Estrella (nombres modificados por seguridad) de haberlas violado en una residencia en Nejapa a las que ambas llegaron con engaños que le pueden valer para más de 10 años en prisión.
La madre del joven salió en su defensa y alegó que era ilógico pensar que su hijo abusó sexualmente de las dos mujeres en el lugar donde vivía y en el que estaban más personas que lo pudieron haber descubierto.
Luego de salir de bachillerato, el imputado de 21 años de edad comenzó a trabajar en un taller cercano a su casa en el que ganaba $300 que le servían para llevar al hogar que había formado con otra joven que al ver las acusaciones en contra de su pareja decidió terminar la relación.
En su tiempo libre, Mancia interactuaba en redes sociales en las que realizaba publicaciones sobre el consumo de marihuana, música urbana e insultos de manera indirecta a mujeres. Sus amistades ascienden a 2,604 y en su mayoría son mujeres jóvenes y atractivas.
En la vista pública que se desarrolla en contra del joven se reveló que sus víctimas fueron atraídas a través de una publicación colocada en el perfil de Facebook del acusado quien las habría agredido en dos fechas diferentes.
Tatuajes gratis y modelaje
Estrella aseguró, ante un juez, que se sintió atraída por una publicación en la que solicitaba una modelo para tatuajes a la que iba a pagar $200 en efectivo. Y pese a no conocer al imputado coordinó un encuentro.
El trabajo consistía en ser modelo de tatuajes temporales los cuales supuestamente serían expuestos en un evento a realizarse en la Universidad Francisco Gavidia (UFG) en San Salvador.
El 21 de febrero del 2018, Mancía se encontró con la ofendida a quien le explicó iban para la exposición, pero los planes cambiaron repentinamente ya que había olvidado en su casa los materiales a utilizar.
Confiada en el hombre que acababa de conocer, la mujer aceptó y fue a la casa del sujeto que en lugar de buscar los materiales se puso a consumir marihuana y le pidió que se vistiera con una calzoneta ya que el tatuaje se lo iba a hacer en una de sus piernas.
La joven se acostó en un sillón de la sala, así como él se lo sugirió, pero luego le pidió que pasara a su cama en la que comenzó a tocar sus partes íntimas, algo que molestó a la mujer que dice haber sido amenazada por el imputado que en caso de no acceder iba a llamar a otros sujetos para violarla y asesinarla.
Luego de la agresión sexual, la mujer en estado de shock fue al baño donde notó que sangraba y le exigió a su agresor que la dejara ir, pero este le planteó que le tenía que dar dinero o dejarle su celular, la víctima optó por la segunda opción.
Pasadas dos horas, Javier obligó a Estrella a dejar de llorar para dejarla ir, no sin antes amenazarla con su hijo.
Según un fuente cercana al caso, ambos salieron de la vivienda y mientras caminaban otro sujeto armado los acompañó hasta la parada de buses donde la joven abordó un microbús que la sacó del lugar. La denuncia fue interpuesta cinco días después de los hechos..
La promesa de un empleo
Girasol era otra de las miles de “amigas” de Facebook que tenía Mancía quien un mes después de haber abusado de Estrella ideó un plan que terminaría de manera similar.
“Alguien interesada en trabajar, buena paga y empleo formal”, fue la publicación que ilusionó a la joven quien se comunicó de manera inmediata con el supuesto violador.
Mediante mensajes de WhatsApp, Mancía le explicó que la plaza era una recepcionista en un bufete jurídico ubicado en un centro comercial con un salario de $350 mensuales.
El 19 de marzo de 2018, la segunda víctima y el agresor se reunieron en la alameda Juan Pablo, Mancía llegó en un vehículo con el que se puso en marcha hasta la Universidad Modular Abierta de San Salvador, donde dejó el carro.
Víctima y victimario buscaron un bus de la ruta 30B y posteriormente una 109, recorrido que a la mujer le pareció extraño y pese a que le generaba desconfianza siguió ya que al preguntar por el recorrido recibió como respuesta un “no digas nada”.
Girasol terminó llegando hasta la vivienda de Mancía quien no respondía a los cuestionamientos de la mujer por la entrevista. El hombre puso música a todo volumen y comenzó a fumar marihuana.
Pasados varios minutos, ambos comenzaron una discusión que terminó cuando él le propuso que la iba a dejar ir si le practicaba sexo oral, algo que la mujer dice que aceptó para no enfrentar una situación más grave.
Según la víctima, el hombre terminó violándola y posteriormente la obligó a bañarse para ir a dejarla a la parada de buses donde la amenazó y le exigió el celular para borrar todas las conversaciones que había tenido con él.
Con lo sucedido decidió contarle a su hermana quien inmediatamente fue a una delegación a interponer la denuncia en contra del hombre. En ese entonces ya contaba con dos denuncias de presunta violación.
El proceso en tribunales
El 24 de marzo de 2018, Javier Mancía fue detenido por las autoridades bajo los delitos de violación agravada y robo. Esto llenó de consternación a su familia quienes defendieron su inocencia y desde ese día él se mantiene bajo arresto.
Miembros de la Fiscalía junto con los de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron un allanamiento en la vivienda para lograr tener pruebas que apunten a la participación del imputado.
El 2 de mayo se realizó la vista pública en su contra en la cual una de las víctimas declaró lo sucedido; debido a la ausencia de la otra víctima esta fue reprogramada para el 8 de mayo el cual es precedido por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador.
La madre del joven explicó que en un primer momento este aceptó haber tenido relaciones sexuales con las dos supuestas víctimas y que no se trató de una violación, sino de algo de mutuo consentimiento.
Mientras tanto la defensa señaló en la audiencia que el ministerio público no tiene las suficientes pruebas para llevarlo a prisión y confía en que su cliente saldrá en libertad.
Tras conocerse la detención muchas de las personas que lo tiene como amigo en Facebook lanzaron su repudio por las supuestas acciones del hombre.
Por: El Salvador Times.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
