Judicial
Interponen aviso ante la FGR para investigar a Rodolfo Parker por posible tráfico de influencias
El diputado Rodolfo Parker podría ser investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) tras presentarse un aviso por parte de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD).
Este documento fue interpuesto ante el Ministerio Público por el posible cometimiento de delitos, así como por utilizar su posición en la Asamblea Legislativa para el tráfico de influencias.
Esto surge luego de los señalamientos contra Parker por recibir información de la Corte de Cuentas de la República (CCR) sobre líneas de auditoría al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), tal como se dio a conocer en fotografías captadas el pasado 11 de agosto en la Comisión de Hacienda.
En dicha ocasión, los diputados citaron a los Ministros de Hacienda, Salud y Agricultura para que explicaran ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa el destino de los $250 millones de un préstamo.
Por su parte, el diputado aseguró que los contenidos de esas fotografías habían sido arreglados y no eran “sus textos”. Ante ello, se ha solicitado que la FGR pueda esclarecer dicho punto y verificar la posible comisión de delito al filtrar dicha información.
Según el ISD, Parker podría haber cometido el delito de tráfico de influencias y el delito de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial.
Sobre el primero, el Código Penal se refiere a que “el que simulando o valiéndose de su influencia con un funcionario o empleado público, recibiera o hiciere que le prometieran para sí o para otro, dinero u ventajas como estímulo o recompensa de su mediación con aquella persona o a pretexto de comprar favores, prisión de uno a tres años y multa de 110 días. Si fuera funcionario se impondrá la inhabilitación especial”.
Sobre el segundo, se establece: “funcionario o empleado público que revelare o divulgare hechos, actuaciones, información o documentación que debieren permanecer en reserva o facilitare el conocimiento de los mismos, será sancionado con cuatro a seis años”.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
