Judicial
Gustavo López Davidson interpone demanda contra el presidente de la República y pide $8 MillS. por difamación y calumnia
El Presidente del COENA, Gustavo López Davidson, llegó a la Fiscalía General de la República (FGR), a interponer una demanda contra el Presidente de la República, Nayib Bukele, por difamación y calumnia en la Cámara Segunda de lo Penal sección Centro, exigiendo ocho millones de dólares para «reparar su omagen y honor».
Según mencionó López Davidson, el motivo de la demanda es por los señalamientos de varios delitos que le imputa la Fuerza Armada a su empresa distribuidora de armas CENTRUM.
«Estamos basados en diferentes acciones que él [Bukele] ha estado tomando en contra de mi persona, consideramos que es injusto. Esperamos que esto se compruebe en tribunales y procederemos según constituye la ley. Esta va a ser una lucha de David contra Goliat», dijo el tricolor.
CENTRUM fue acusada de supuestamente de estafa, cohecho, evasión de impuestos, falsedad material e ideológica y posible tráfico de armas, en perjuicio de la institución castrense.
«No tenemos la mayor duda que este proceso irá avanzando, el Presidente Nayib Bukele ha dicho que soy ladrón, que me he robado cargamento de arma, que soy mercader de la muerte”, aseveró López Davidson.
“Consideramos que es lo justo y lo debido en nuestro país no tenerle miedo a ningún funcionario porque todos somos iguales ante la Ley. Él ha hablado y escrito un montón de cosas en Twitter y lo que esperamos es que sean comprobadas en un tribunal, espero que él llegue a demostrar lo que él dice”, indicó Davidson a la prensa tras presentar la demanda ante la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro, en San Salvador.
“Nosotros lo que queremos es que salga la verdad y no por un tuit venga a difamar, que venga a decir cosas negativas en contra del honor y reputación de cualquier persona”, agregó.
“Ha estado diciendo que soy ladrón, que me he robado cargamento de armas, que soy mercader de la muerte y curiosamente, los que andan cuidando a la familia del presidente andan equipo que nosotros les hemos proveído, mucho del equipo de la Policía Nacional Civil y piezas de artillería del Ministerio de la Defensa también los hemos proveído nosotros”, apuntó.
Un total de 43 pandilleros de la MS-13 enfrentan una Audiencia Única Abierta por el delito de agrupaciones ilícitas en San Miguel.
Entre los imputados se encuentran homeboys, tres chequeos, seis paros y 17 colaboradores, de acuerdo con la información proporcionada.
Las autoridades señalan que los acusados mantenían el control de sectores en Chapeltique, San Miguel, Moncagua y Lolotique, donde habrían cometido al menos 456 homicidios agravados, 101 extorsiones agravadas y 109 privaciones de libertad, además de otros delitos por los cuales también enfrentarán juicio.
Entre las víctimas de los homicidios figura un operador del sistema 911, quien fue asesinado en un punto de taxis ubicado en la colonia San José, en San Miguel.
Todos los imputados fueron capturados mediante las herramientas implementadas durante el Régimen de Excepción.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado al Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel la pena máxima para cada uno de los acusados, de acuerdo con el rango que ocupaban dentro de la estructura criminal.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un allanamiento para capturar a Orlando Israel Amaya Fuentes, quien es investigado por adquirir material de abuso sexual infantil.
De acuerdo con las investigaciones, la FGR recibió un aviso de la INTERPOL que alertaba sobre la participación de Amaya Fuentes en un grupo de distribución de este tipo de material que opera desde Buenos Aires, Argentina. Según la información, el investigado se comunicaba con dicho grupo mediante plataformas digitales para obtener el contenido.
El operativo se desarrolló en Mejicanos, San Salvador Centro.
El detenido será procesado por el delito de adquisición o posesión de material pornográfico de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad a través de las tecnologías de la información.
Emely Gabriela Paz Sermeño fue condenada a 45 años de prisión por el homicidio agravado de su recién nacido, ocurrido en agosto de 2025 en Sonsonate.
De acuerdo con los hechos expuestos, la imputada se encontraba al interior de un hospital de la zona cuando se dirigió al baño del establecimiento, donde inició su labor de parto. Posteriormente, dio a luz y abandonó al bebé en un basurero.
Las evidencias presentadas durante el proceso determinaron que el recién nacido nació con vida y que la causa de muerte fue asfixia perinatal.
La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate.
