Judicial
Gustavo López Davidson interpone demanda contra el presidente de la República y pide $8 MillS. por difamación y calumnia
El Presidente del COENA, Gustavo López Davidson, llegó a la Fiscalía General de la República (FGR), a interponer una demanda contra el Presidente de la República, Nayib Bukele, por difamación y calumnia en la Cámara Segunda de lo Penal sección Centro, exigiendo ocho millones de dólares para «reparar su omagen y honor».
Según mencionó López Davidson, el motivo de la demanda es por los señalamientos de varios delitos que le imputa la Fuerza Armada a su empresa distribuidora de armas CENTRUM.
«Estamos basados en diferentes acciones que él [Bukele] ha estado tomando en contra de mi persona, consideramos que es injusto. Esperamos que esto se compruebe en tribunales y procederemos según constituye la ley. Esta va a ser una lucha de David contra Goliat», dijo el tricolor.
CENTRUM fue acusada de supuestamente de estafa, cohecho, evasión de impuestos, falsedad material e ideológica y posible tráfico de armas, en perjuicio de la institución castrense.
«No tenemos la mayor duda que este proceso irá avanzando, el Presidente Nayib Bukele ha dicho que soy ladrón, que me he robado cargamento de arma, que soy mercader de la muerte”, aseveró López Davidson.
“Consideramos que es lo justo y lo debido en nuestro país no tenerle miedo a ningún funcionario porque todos somos iguales ante la Ley. Él ha hablado y escrito un montón de cosas en Twitter y lo que esperamos es que sean comprobadas en un tribunal, espero que él llegue a demostrar lo que él dice”, indicó Davidson a la prensa tras presentar la demanda ante la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro, en San Salvador.
“Nosotros lo que queremos es que salga la verdad y no por un tuit venga a difamar, que venga a decir cosas negativas en contra del honor y reputación de cualquier persona”, agregó.
“Ha estado diciendo que soy ladrón, que me he robado cargamento de armas, que soy mercader de la muerte y curiosamente, los que andan cuidando a la familia del presidente andan equipo que nosotros les hemos proveído, mucho del equipo de la Policía Nacional Civil y piezas de artillería del Ministerio de la Defensa también los hemos proveído nosotros”, apuntó.
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
