Judicial
Dos jóvenes fueron acribillados por pandilleros de la MS mientras esperaban pupusas en San Pedro Perulpán
Joel Alejandro Rodríguez Menjívar, José Gilberto Flores y José Omar Mendoza Ramírez, miembros de la MS que operaban en San Pedro Perulapán, fueron condenados a un total de 40 años para cada uno, por ser coautores del Homicidio Agravado de dos jóvenes.
El Fiscal del caso de la Unidad de Vida de la oficina de Cojutepeque, detalló que las víctimas fueron acribilladas a tiros el 3 de mayo de 2015, aproximadamente a las 7:10 de la noche, en una tortillería, ubicada en el kilómetro 22 y medio de la Carretera Panamericana, a la altura del cantón La Loma, del municipio de San Pedro Perulapán, en el departamento de Cuscatlán.
Los dos jóvenes se encontraban en el negocio junto a otras seis personas, cuando fueron sorprendidos con disparos de arma de fuego, por unos seis sujetos que se transportaban en un pickup con placas guatemaltecas.
Los dos fallecidos no pudieron escapar del ataque, pero los demás sí lograron ponerse a salvo al huir.
El proceso penal enfrentó diferentes controversias legales, porque los imputados enfrentaron un primer juicio a cargo del Juez Sentencia unipersonal, José Virgilio Jurado Martínez, que los absolvió de cargos el 10 de enero de 2019.
Jurado Martínez no le dio credibilidad a un testigo protegido identificado como “Hashi”, porque en su declaración no pudo establecer el color del vehículo utilizado y si los vidrios iban arriba o abajo cuando atacaron a las víctimas, así como la distancia en que se encontraba a la hora de los hechos.
El Fiscal del caso al no estar de acuerdo con la sentencia del operador de justicia, interpuso un recurso de apelación ante la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, que anuló y ordenó otro juicio, que estuvo a cargo del Juez de Sentencia, Oscar Ernesto Contreras Quintanilla, que los declaró responsables del doble Homicidio Agravado.
La Cámara consideró que la resolución emitida por el juez Jurado Martínez, no estaba apegada a derecho porque la prueba vertida en la vista pública, no había sido valorada en forma íntegra y en su conjunto, bajo los principios de la lógica, la sicología y la experiencia común.
El Tribunal Superior consideró en su resolución que no puede desmerecer fe el testigo “Hashi”, porque la información proporcionada se puede corroborar con otras pruebas como el acta de inspección, el reconocimiento de cadáver, la prueba balística y el álbum fotográfico entre otros.
Y que la duda del juez Jurado Martínez, no estaba basada en las pruebas aportadas sino en “apreciaciones meramente subjetivas”.
Una mujer y su hija fueron sentenciadas a 20 años de cárcel por el delito de homicidio agravado en perjuicio de otra mujer.
La Fiscalía General de la República (FGR) identificó a las sentenciadas como Sonia Maribel Chávez y su hija Jacqueline Evelin Vanegas.
Según la acusación fiscal, Sonia Maribel y Jacquelin Evelin interceptaron a otra mujer a quien le reclamaron por lo que dijo de una de las hijas de las acosadas.
Pese a que la víctima se disculpó por sus comentarios, las procesadas comenzaron a golpearla hasta que falleció debido a la gravedad de sus lesiones.
Tras analizar la prueba de la FGR, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la mencionada sentencia.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a Wilmer Javier Zavala Gómez, de 33 años de edad, a la pena de 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Zuleyma Marisol Flores Guardado, quien tenía 24 años de edad.
El 30 de mayo de 2018, la víctima salió de su casa, ubicada en Ciudad Delgado, San Salvador, para ir a trabajar. Al llegar la tarde, su padre se preocupó porque no había regresado, le realizó múltiples llamadas y no respondió. Al día siguiente, sus padres fueron al lugar de trabajo de Zuleyma y les informaron que no se había presentado, lo cual les pareció extraño, ya que ella era una persona responsable. Inmediatamente, su padre denunció la desaparición de su hija en la sede policial.
En la investigación, se determinó que Zuleyma tuvo una cita con Wilmer, con quien mantenía una relación sentimental. A través del monitoreo de las cámaras DE videovigilancia, se observó que, para dicha cita, la víctima llegó a un centro comercial ubicado en San Salvador, abordó un vehículo conducido por el imputado y se dirigieron a un auto hotel ubicado en Mejicanos. Posteriormente, la víctima no apareció.
El cuerpo de Zuleyma fue encontrado el 3 de diciembre del mismo año, dentro de un pozo seco en Usulután, lugar donde vivía el ahora condenado. El cuerpo se encontraba atado de manos y envuelto en una colchoneta y una bolsa plástica.
El exalcalde de Olocuilta, Marvin Ulises Rodríguez Álvarez, fue condenado a 27 años de cárcel por peculado e incumplimiento de deberes, la pena se la impuso el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, departamento de La Paz.
En el mismo fallo, el extesorero municipal, Edwin Orlando León, fue encontrado culpable y lo sentenciaron a 12 años de prisión.
El proceso también llegó a vista pública en contra de otros nueve miembros del exconcejo municipal de Olocuilta y un particular, quienes recibieron tres años de cárcel.
El juicio fue por el mal uso de fondos públicos y falta de supervisión en proyectos que no cumplieron con los procedimientos legales para la compra de un terreno que serviría para ampliar el cementerio municipal y la construcción de un parque ecológico.
La vista pública fue efectuada con siete presentes y cinco prófugos, entre ellos el exalcalde, Marvin Ulises Rodríguez Álvarez; el extesorero municipal, Edwin Orlando León, los exconcejales: Roque Zepeda López y Roberto Antonio Ruiz Zavaleta.
Solo comparecieron al juicio, el particular, Jorge Salvador Yada Córdova; el exsíndico Gilberto Antonio Toloza; y los exconcejales Luis Alonso Chávez Ramírez, Venancio Cruz Ortiz, Walter Antonio Artiga Montalvo; Carlos Córdova Díaz, Carlos Mendoza y Juan Miguel Aragón Ramírez.
Todos fueron parte del concejo municipal en el período comprendido entre el año 2012 y 2015.
La Fiscalía General de la República probó anomalías en la compra de un terreno para construir un cementerio municipal y un parque ecológico.
El inmueble fue adquirido en $236,000, y en la compraventa acordada se tenía una extensión determinada, pero en la escritura aparece una menor cantidad de terreno.
Respecto al cementerio se desembolsó $50,000, pero al final no se hizo nada de ese proyecto y por el parque ecológico se erogaron $260,000.
Marvin Ulises Rodríguez, incurrió en el delito de peculado cuando transfirió de las cuentas del FODES hacia su cuenta personal y del tesorero, dinero destinado a la comuna.
