Judicial
Dos jóvenes fueron acribillados por pandilleros de la MS mientras esperaban pupusas en San Pedro Perulpán
Joel Alejandro Rodríguez Menjívar, José Gilberto Flores y José Omar Mendoza Ramírez, miembros de la MS que operaban en San Pedro Perulapán, fueron condenados a un total de 40 años para cada uno, por ser coautores del Homicidio Agravado de dos jóvenes.
El Fiscal del caso de la Unidad de Vida de la oficina de Cojutepeque, detalló que las víctimas fueron acribilladas a tiros el 3 de mayo de 2015, aproximadamente a las 7:10 de la noche, en una tortillería, ubicada en el kilómetro 22 y medio de la Carretera Panamericana, a la altura del cantón La Loma, del municipio de San Pedro Perulapán, en el departamento de Cuscatlán.
Los dos jóvenes se encontraban en el negocio junto a otras seis personas, cuando fueron sorprendidos con disparos de arma de fuego, por unos seis sujetos que se transportaban en un pickup con placas guatemaltecas.
Los dos fallecidos no pudieron escapar del ataque, pero los demás sí lograron ponerse a salvo al huir.
El proceso penal enfrentó diferentes controversias legales, porque los imputados enfrentaron un primer juicio a cargo del Juez Sentencia unipersonal, José Virgilio Jurado Martínez, que los absolvió de cargos el 10 de enero de 2019.
Jurado Martínez no le dio credibilidad a un testigo protegido identificado como “Hashi”, porque en su declaración no pudo establecer el color del vehículo utilizado y si los vidrios iban arriba o abajo cuando atacaron a las víctimas, así como la distancia en que se encontraba a la hora de los hechos.
El Fiscal del caso al no estar de acuerdo con la sentencia del operador de justicia, interpuso un recurso de apelación ante la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, que anuló y ordenó otro juicio, que estuvo a cargo del Juez de Sentencia, Oscar Ernesto Contreras Quintanilla, que los declaró responsables del doble Homicidio Agravado.
La Cámara consideró que la resolución emitida por el juez Jurado Martínez, no estaba apegada a derecho porque la prueba vertida en la vista pública, no había sido valorada en forma íntegra y en su conjunto, bajo los principios de la lógica, la sicología y la experiencia común.
El Tribunal Superior consideró en su resolución que no puede desmerecer fe el testigo “Hashi”, porque la información proporcionada se puede corroborar con otras pruebas como el acta de inspección, el reconocimiento de cadáver, la prueba balística y el álbum fotográfico entre otros.
Y que la duda del juez Jurado Martínez, no estaba basada en las pruebas aportadas sino en “apreciaciones meramente subjetivas”.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
