Judicial
Fiscalía presenta dictamen de acusación en Caso “El Chaparral”
La Fiscalía General de la República (FGR), presentará el dictamen de acusación en el caso conocido como “El Chaparral”, en el que se procesa al expresidente Mauricio Funes Cartagena y a 5 involucrados más por hechos de corrupción, este día, a las 2 de la tarde.
En esta etapa, figuran como imputados Carlos Mauricio Funes Cartagena, Jose Leopoldo Samour Gómez, José Miguel Antonio Menéndez Avelar, Mario Pieragostini Maiocchi, José Efraín Quinteros y Ada Mitchell Guzmán Sigüenza y será ventilado en el Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador.
Los delitos que se les atribuyen son: Peculado, Cohecho activo, Lavado de dinero y de activos y Agrupaciones ilícitas.
Conforme a los plazos establecidos por ley, la Jueza del caso determinó que la etapa de instrucción ha finalizado.
La etapa de instrucción está prorrogada, para los peritos, hasta el 7 de diciembre del 2020.
Relación de los hechos
El día 26 de septiembre de 2008, se suscribió entre CEL y la empresa constructora italiana ASTALDI, el contrato número CEL-4143-S, con la finalidad de ejecutar la construcción de la presa Hidroeléctrica El Chaparral, cuyo costo fue fijado en la cantidad de US$219,900,509.90.
La empresa constructora ASTALDI incumplió el contrato al cometer atrasos significativos en la obra desde sus inicios, hasta llegar a la suspensión unilateral de los trabajos.
Esto constituía motivo suficiente para que CEL caducara el contrato, les impusiera multas e hiciera efectivas las fianzas contractuales.
Por otra parte, la constructora ASTALDI, representada por el señor Mario Pieragostini MaiocchI, interpuso ante la CEL, una serie de reclamos donde se alegaba la existencia de situaciones geológicas no comprobadas, como el movimiento de la margen derecha del cauce del río, que denominaron “imprevistos imprevisibles”. Con esto, pretendían justificar un incremento o ajuste del precio del contrato.
Al presentarse los reclamos por parte de ASTALDI, el señor Carlos Mauricio Funes Cartagena, ya había asumido la presidencia de la República de El Salvador.
Con fecha 22 de agosto de 2010, CEL contrata a la firma legal internacional, CURTIS, MALLET-PREVOST, COLT & MOSLE, S.C., expertos en arbitrajes internacionales, con el objetivo de prevenir un posible litigio con la empresa ASTALDI.
La firma recomienda un peritaje común técnico para verificar las situaciones geológicas planteadas por ASTALDI.
CEL contrata a la empresa NOVOTEC, para que realice un peritaje en el sitio de la obra, emitiendo un dictamen técnico que sustenta las argumentaciones de CEL ante un posible arbitraje.
José Miguel Antonio Menéndez Avelar (Mecafé), ordena a los asesores legales locales buscar el arreglo directo con ASTALDI y evitar el arbitraje a toda costa.
Posteriormente Mauricio Funes nombra a José Leopoldo Samour Gómez como presidente de CEL y este, con fecha 11 de julio de 2011, ejecuta la orden previa de llegar a un arreglo directo con ASTALDI. Se les paga el costo de la obra ejecutada hasta ese momento, más una suma adicional de US$45,244,418.00, sin existir base legal ni técnica para pagar un monto adicional.
Paralelamente, cuando se daban las negociaciones para llegar al Arreglo Directo con ASTALDI, Miguel Menéndez en compañía de Leopoldo Samour y otras personas más, viajaron a la república de Panamá, entre el 10 y el 12 de junio de 2012, un mes antes de formalizarse el Arreglo Directo.
En este viaje, se adquiere una sociedad fachada denominada HEADFORD BUSINESS y se abre una cuenta bancaria en el FPB BANK INC de Panamá, a nombre de HEADFORD BUSINESS que se utilizó recibir las dádivas o retribuciones que entregó ASTALDI a MAURICIO FUNES y MIGUEL MENENDEZ por el arreglo directo que benefició a ASTALDI en más de cuarenta y cinco millones de dólares.
Una vez se comenzaron a ejecutar los desembolsos de CEL hacía ASTALDI, el señor Miguel Menéndez en acuerdo con Mario Pieragostini y la participación del testigo clave “Mateo”, elaboraron unos contratos falsos donde simulaban el pago o retribución de servicios supuestamente brindados por la sociedad HEADFORD, recién adquirida por Miguel Menéndez, y dos sociedades fachadas relacionadas con ASTALDI, RAILWAY INTERNATIONAL TRADING CORP. y RIFT INTERNATIONAL, S.A. Estos contratos fueron presentados al FPB BANK en Panamá. A su vez, MIGUEL MENENDEZ adquirió otra sociedad panameña denominada RAYNE SERVICES y le abrió una cuenta en el FPB BANK.
Según uno de los testigos del caso, Miguel Menéndez logó conseguir 3.5 millones de dólares de ASTALDI en beneficio del expresidente, Mauricio Funes.
Este monto ingresó a las Cuentas Bancarias de HEADFORD BUSINESS y RAYNE SERVICES, según las Asistencias Internacionales.
En el peritaje las cuentas bancarias de las dos sociedades adquiridas por el señor MENÉNDEZ AVELAR en Panamá, se constató que la Sociedad RAYNE SERVICES CORP. recibió depósitos por la cantidad total de US$1,500,000.00, y HEADFORD BUSINESS la cantidad de US$2,000,000.00, sumando ambas cantidades en un total de US$3,500,000.00, lo que concuerda con el último incremento negociado con ASTALDI para liquidar el Arreglo Directo, gestionado por José Leopoldo Samour.
Según las diferentes asistencias internacionales, se logra establecer vínculos comunes entre las diversas personas naturales y jurídicas en la trazabilidad de fondos ilícitos.
En total, ASTALDI transfirió US$3,500,000.00, a las empresas fachadas de Mauricio Funes y Miguel Menéndez.
Se comprueba que una parte de este dinero se utilizó para la creación y funcionamiento de la franquicia de sociedades LATIN AMERICA SPAS, constituyéndose en El Salvador, Panamá y Suiza, propiedad de Mauricio Funes.
En El Salvador, LATIN AMERICA SPA tenía un negocio de masajes, peluquería y Spa que era administrado por Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, compañera de vida de MAURICIO FUNES.
Esta sociedad adquirió dos inmuebles de alto valor comercial, uno en la colonia Maquilishuat, San Salvador, donde funcionaba el negocio del Spa, y otro en Sierra de Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, destinado como residencia de Mitchell Guzmán. El señor José Efraín Quinteros trabajaba en un despacho que llevó la contabilidad de LATIN AMERICA SPA, y esta persona era la encargada de nombrar la estructura de testaferros para ocultar a los verdaderos propietarios de los inmuebles y los fondos ilícitos.
La otra parte de las dádivas entregadas por ASTALDI a Mauricio Funes y Miguel Menéndez fueron transferidas a la sociedad WARTILA ENGINEERING PROCESS LT, sociedad controlada por Miguel Menéndez constituida en Islas Marshall y con cuenta bancaria en Curacao.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
