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Judicial

Fiscalía presenta dictamen de acusación en Caso “El Chaparral”

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La Fiscalía General de la República (FGR), presentará el dictamen de acusación en el caso conocido como “El Chaparral”, en el que se procesa al expresidente Mauricio Funes Cartagena y a 5 involucrados más por hechos de corrupción, este día, a las 2 de la tarde.

En esta etapa, figuran como imputados Carlos Mauricio Funes Cartagena, Jose Leopoldo Samour Gómez, José Miguel Antonio Menéndez Avelar, Mario Pieragostini Maiocchi, José Efraín Quinteros y Ada Mitchell Guzmán Sigüenza y será ventilado en el Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador.

Los delitos que se les atribuyen son: Peculado, Cohecho activo, Lavado de dinero y de activos y Agrupaciones ilícitas.

Conforme a los plazos establecidos por ley, la Jueza del caso determinó que la etapa de instrucción ha finalizado.

La etapa de instrucción está prorrogada, para los peritos, hasta el 7 de diciembre del 2020.

Relación de los hechos

 El día 26 de septiembre de 2008, se suscribió entre CEL y la empresa constructora italiana ASTALDI, el contrato número CEL-4143-S, con la finalidad de ejecutar la construcción de la presa Hidroeléctrica El Chaparral, cuyo costo fue fijado en la cantidad de US$219,900,509.90.

La empresa constructora ASTALDI incumplió el contrato al cometer atrasos significativos en la obra desde sus inicios, hasta llegar a la suspensión unilateral de los trabajos.

Esto constituía motivo suficiente para que CEL caducara el contrato, les impusiera multas e hiciera efectivas las fianzas contractuales.

Por otra parte, la constructora ASTALDI, representada por el señor Mario Pieragostini MaiocchI, interpuso ante la CEL, una serie de reclamos donde se alegaba la existencia de situaciones geológicas no comprobadas, como el movimiento de la margen derecha del cauce del río, que denominaron “imprevistos imprevisibles”. Con esto, pretendían justificar un incremento o ajuste del precio del contrato.

Al presentarse los reclamos por parte de ASTALDI, el señor Carlos Mauricio Funes Cartagena, ya había asumido la presidencia de la República de El Salvador.

Con fecha 22 de agosto de 2010, CEL contrata a la firma legal internacional, CURTIS, MALLET-PREVOST, COLT & MOSLE, S.C., expertos en arbitrajes internacionales, con el objetivo de prevenir un posible litigio con la empresa ASTALDI.

La firma recomienda un peritaje común técnico para verificar las situaciones geológicas planteadas por ASTALDI.

CEL contrata a la empresa NOVOTEC, para que realice un peritaje en el sitio de la obra, emitiendo un dictamen técnico que sustenta las argumentaciones de CEL ante un posible arbitraje.

José Miguel Antonio Menéndez Avelar (Mecafé), ordena a los asesores legales locales buscar el arreglo directo con ASTALDI y evitar el arbitraje a toda costa.

Posteriormente Mauricio Funes nombra a José Leopoldo Samour Gómez como presidente de CEL y este, con fecha 11 de julio de 2011, ejecuta la orden previa de llegar a un arreglo directo con ASTALDI. Se les paga el costo de la obra ejecutada hasta ese momento, más una suma adicional de US$45,244,418.00, sin existir base legal ni técnica para pagar un monto adicional.

Paralelamente, cuando se daban las negociaciones para llegar al Arreglo Directo con ASTALDI, Miguel Menéndez en compañía de Leopoldo Samour y otras personas más, viajaron a la república de Panamá, entre el 10 y el 12 de junio de 2012, un mes antes de formalizarse el Arreglo Directo.

En este viaje, se adquiere una sociedad fachada denominada HEADFORD BUSINESS y se abre una cuenta bancaria en el FPB BANK INC de Panamá, a nombre de HEADFORD BUSINESS que se utilizó recibir las dádivas o retribuciones que entregó ASTALDI a MAURICIO FUNES y MIGUEL MENENDEZ por el arreglo directo que benefició a ASTALDI en más de cuarenta y cinco millones de dólares.

Una vez se comenzaron a ejecutar los desembolsos de CEL hacía ASTALDI, el señor Miguel Menéndez en acuerdo con Mario Pieragostini y la participación del testigo clave “Mateo”, elaboraron unos contratos falsos donde simulaban el pago o retribución de servicios supuestamente brindados por la sociedad HEADFORD, recién adquirida por Miguel Menéndez, y dos sociedades fachadas relacionadas con ASTALDI, RAILWAY INTERNATIONAL TRADING CORP. y RIFT INTERNATIONAL, S.A. Estos contratos fueron presentados al FPB BANK en Panamá.  A su vez, MIGUEL MENENDEZ adquirió otra sociedad panameña denominada RAYNE SERVICES y le abrió una cuenta en el FPB BANK.

Según uno de los testigos del caso, Miguel Menéndez logó conseguir 3.5 millones de dólares de ASTALDI en beneficio del expresidente, Mauricio Funes.

Este monto ingresó a las Cuentas Bancarias de HEADFORD BUSINESS y RAYNE SERVICES, según las Asistencias Internacionales.

En el peritaje las cuentas bancarias de las dos sociedades adquiridas por el señor MENÉNDEZ AVELAR en Panamá, se constató que la Sociedad RAYNE SERVICES CORP. recibió depósitos por la cantidad total de US$1,500,000.00, y HEADFORD BUSINESS la cantidad de US$2,000,000.00, sumando ambas cantidades en un total de US$3,500,000.00, lo que concuerda con el último incremento negociado con ASTALDI para liquidar el Arreglo Directo, gestionado por José Leopoldo Samour.

Según las diferentes asistencias internacionales, se logra establecer vínculos comunes entre las diversas personas naturales y jurídicas en la trazabilidad de fondos ilícitos.

En total, ASTALDI transfirió US$3,500,000.00, a las empresas fachadas de Mauricio Funes y Miguel Menéndez.

Se comprueba que una parte de este dinero se utilizó para la creación y funcionamiento de la franquicia de sociedades LATIN AMERICA SPAS, constituyéndose en El Salvador, Panamá y Suiza, propiedad de Mauricio Funes.

En El Salvador, LATIN AMERICA SPA tenía un negocio de masajes, peluquería y Spa que era administrado por Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, compañera de vida de MAURICIO FUNES.

Esta sociedad adquirió dos inmuebles de alto valor comercial, uno en la colonia Maquilishuat, San Salvador, donde funcionaba el negocio del Spa, y otro en Sierra de Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, destinado como residencia de Mitchell Guzmán.  El señor José Efraín Quinteros trabajaba en un despacho que llevó la contabilidad de LATIN AMERICA SPA, y esta persona era la encargada de nombrar la estructura de testaferros para ocultar a los verdaderos propietarios de los inmuebles y los fondos ilícitos.

La otra parte de las dádivas entregadas por ASTALDI a Mauricio Funes y Miguel Menéndez fueron transferidas a la sociedad WARTILA ENGINEERING PROCESS LT, sociedad controlada por Miguel Menéndez constituida en Islas Marshall y con cuenta bancaria en Curacao.

Judicial

Juez rechaza finalizar el caso a Munguía Payés por la tregua entre pandillas

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El Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador rechazó la pretensión de la defensa del exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, para dar por terminado el proceso penal que se le atribuye por haber facilitado y avalado la tregua entre pandillas.

El abogado David Ramírez, planteó al juez que se declarara la extinción de la acción penal porque cuando la Fiscalía General de la República judicializó el caso el 26 de julio del año 2020, los delitos ya habían prescrito.

Munguía Payés es acusado agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios. Esta audiencia también debía realizarse en contra del prófugo Mauricio Funes, asilado en Nicaragua, pero fue separado del proceso.

Ante la solicitud de la defensa, la Fiscalía dijo que la prescripción comenzó a contar desde el momento en que Munguía Payés cesó como ministro de Defensa, el 31 de mayo de 2019, ya que antes de esa fecha no pudo ser acusado por tener fuero constitucional.

Fue ministro de Justicia y Seguridad Pública, entre el 22 de noviembre de 2011 al 15 de junio de 2013, cuando su nombramiento fue declarado inconstitucional, pero luego fue juramentado como ministro de Defensa, cargo que ocupó entre 15 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014, durante el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, también estuvo al frente de la misma cartera de Estado, del 1 de junio de 2014 al 31 de mayo de 2019.

«Los delitos prescriben desde el cese de la función y cuando se presente la solicitud de imposición de medidas habían transcurrido, un años, tres meses y 22 días», le expuso la fiscal Carolina Cabrera al juez.

Es decir que todavía quedaban seis años, siete meses y ocho días para promover la acusación judicial y no es cierto que haya una prescripción, expresó la fiscal.  Las agrupaciones ilícitas para Munguía Payés, de ser encontrado culpable la pena máxima es de ocho años, actos arbitrarios cuatro y el delito de incumplimiento de deberes ocho.

El fiscal Arturo Cruz, dijo que hay abundante prueba para que Munguía Payés sea enviado a juicio. El imputado está en arresto domiciliar con vigilancia de la Policía Nacional Civil y una fianza de $10,000.

Las declaraciones de los testigos criteriados «Noé» y «Salomón» son parte de las pruebas ofrecidas, ambos han contado como se ejecutó la tregua entre pandillas, entre marzo de 2012 a agosto de 2013.

En los casos penales conocidos como «Operación Jaque» y «Operación Cuscatlán» los criteriados y otras personas que llegaron a declarar en calidad de testigos, señalaron el papel clave que tuvieron Munguía Payés y Funes para que la tregua se instalara.

En el caso de Mauricio Funes, asilado en Nicaragua desde el año 2016, el ministerio público lo señala de haber promovido, facilitado e impulsado a las pandillas, que tuvo conocimiento de las ilegalidades y delitos que se estaban generando, pero no hizo nada para detenerlas pues su intención era mantener una buena imagen de que en su gobierno los homicidios habían experimentado un descenso en el país.

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Pandillero confiesa extorsión y le imponen diez años de cárcel

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El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 10 años de cárcel al presunto pandillero Oscar Antonio Argueta Mancía, de 30 años de edad, por el delito de extorsión agravada.

Según el proceso, el 14 de abril del presente año, Argueta llegó a la vivienda de su víctima en Ciudad Barrios, departamento de San Miguel, para exigirle en un plazo máximo de tres días y en nombre de una pandilla, $ 100 dólares, de lo contrario amenazó con hacerle daño a él y su familia.

Ante esto, la víctima interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC) y agentes encubiertos supervisaron la entrega, la cual se realizó la tarde del 17 de abril en el barrio Concepción de Ciudad Barrios.

La FGR señaló que los agentes detuvieron en flagrancia a Argueta a quien le decomisaron los billetes previamente seriados, así como un teléfono celular.

En la vista pública, Argueta confesó los hechos para hacerse acreedor de la pena mínima por el delito de extorsión agravada.

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9 pandilleros son condenados a 35 años de prisión por matar a joven en bartolina policial de La Unión

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Fiscales de la Unidad de Vida de la oficina de La Unión lograron demostrar que nueve miembros de la pandilla 18 sureños, vapulearon a un joven de 20 años al interior de una celda de las bartolinas de la delegación de la Policía Nacional Civil de La Unión que le causó la muerte.

Los terroristas integrantes de un grupo identificado como Flores Locos Sureños se mantenían recluidos en la cárcel, cuando el 9 de febrero del año 2020, la víctima Josué Porfirio Fuentes Melara de 20 años, ingresó después de ser detenido por el delito de Resistencia.

El joven manifestó pertenecer a la pandilla 18 por eso fue llevado a esa celda. Sin embargo, el grupo de condenados lo desconocieron y aproximadamente a las 7:00 de la noche lo comenzaron a vapulear.

Posteriormente, el grupo de pandilleros gritaban que había un recluso enfermo. La víctima se encontraba inconsciente y fue trasladado al hospital nacional de La Unión, donde falleció.

Las investigaciones a través de las pericias forenses determinaron que la causa de muerte de Fuentes Molina fue por “trauma cerrado de abdomen, tipo contuso”, por los golpes recibidos.

En el juicio en el Juzgado de Sentencia de La Unión, con base a las diferentes pruebas, se les impuso una pena de 35 años, a cada uno de los pandilleros por el delito de Homicidio Agravado.

Los sentenciados fueron identificados como: José Aníbal Hernández Pérez, Kevin Alexander Bonilla Maldonado, Enzo Antonio Fernán Escobar, Agustín Alberto Jiménez Granados, Antonio José Hernández Turcios, Alexander Josué Guevara Sagastizado, José Aldair Alvarado Bonilla, Steven Noé Reyes Mejía, y Edwin Josué Canales Castro.

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