Judicial
Fiscalía presenta dictamen de acusación en Caso “El Chaparral”
La Fiscalía General de la República (FGR), presentará el dictamen de acusación en el caso conocido como “El Chaparral”, en el que se procesa al expresidente Mauricio Funes Cartagena y a 5 involucrados más por hechos de corrupción, este día, a las 2 de la tarde.
En esta etapa, figuran como imputados Carlos Mauricio Funes Cartagena, Jose Leopoldo Samour Gómez, José Miguel Antonio Menéndez Avelar, Mario Pieragostini Maiocchi, José Efraín Quinteros y Ada Mitchell Guzmán Sigüenza y será ventilado en el Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador.
Los delitos que se les atribuyen son: Peculado, Cohecho activo, Lavado de dinero y de activos y Agrupaciones ilícitas.
Conforme a los plazos establecidos por ley, la Jueza del caso determinó que la etapa de instrucción ha finalizado.
La etapa de instrucción está prorrogada, para los peritos, hasta el 7 de diciembre del 2020.
Relación de los hechos
El día 26 de septiembre de 2008, se suscribió entre CEL y la empresa constructora italiana ASTALDI, el contrato número CEL-4143-S, con la finalidad de ejecutar la construcción de la presa Hidroeléctrica El Chaparral, cuyo costo fue fijado en la cantidad de US$219,900,509.90.
La empresa constructora ASTALDI incumplió el contrato al cometer atrasos significativos en la obra desde sus inicios, hasta llegar a la suspensión unilateral de los trabajos.
Esto constituía motivo suficiente para que CEL caducara el contrato, les impusiera multas e hiciera efectivas las fianzas contractuales.
Por otra parte, la constructora ASTALDI, representada por el señor Mario Pieragostini MaiocchI, interpuso ante la CEL, una serie de reclamos donde se alegaba la existencia de situaciones geológicas no comprobadas, como el movimiento de la margen derecha del cauce del río, que denominaron “imprevistos imprevisibles”. Con esto, pretendían justificar un incremento o ajuste del precio del contrato.
Al presentarse los reclamos por parte de ASTALDI, el señor Carlos Mauricio Funes Cartagena, ya había asumido la presidencia de la República de El Salvador.
Con fecha 22 de agosto de 2010, CEL contrata a la firma legal internacional, CURTIS, MALLET-PREVOST, COLT & MOSLE, S.C., expertos en arbitrajes internacionales, con el objetivo de prevenir un posible litigio con la empresa ASTALDI.
La firma recomienda un peritaje común técnico para verificar las situaciones geológicas planteadas por ASTALDI.
CEL contrata a la empresa NOVOTEC, para que realice un peritaje en el sitio de la obra, emitiendo un dictamen técnico que sustenta las argumentaciones de CEL ante un posible arbitraje.
José Miguel Antonio Menéndez Avelar (Mecafé), ordena a los asesores legales locales buscar el arreglo directo con ASTALDI y evitar el arbitraje a toda costa.
Posteriormente Mauricio Funes nombra a José Leopoldo Samour Gómez como presidente de CEL y este, con fecha 11 de julio de 2011, ejecuta la orden previa de llegar a un arreglo directo con ASTALDI. Se les paga el costo de la obra ejecutada hasta ese momento, más una suma adicional de US$45,244,418.00, sin existir base legal ni técnica para pagar un monto adicional.
Paralelamente, cuando se daban las negociaciones para llegar al Arreglo Directo con ASTALDI, Miguel Menéndez en compañía de Leopoldo Samour y otras personas más, viajaron a la república de Panamá, entre el 10 y el 12 de junio de 2012, un mes antes de formalizarse el Arreglo Directo.
En este viaje, se adquiere una sociedad fachada denominada HEADFORD BUSINESS y se abre una cuenta bancaria en el FPB BANK INC de Panamá, a nombre de HEADFORD BUSINESS que se utilizó recibir las dádivas o retribuciones que entregó ASTALDI a MAURICIO FUNES y MIGUEL MENENDEZ por el arreglo directo que benefició a ASTALDI en más de cuarenta y cinco millones de dólares.
Una vez se comenzaron a ejecutar los desembolsos de CEL hacía ASTALDI, el señor Miguel Menéndez en acuerdo con Mario Pieragostini y la participación del testigo clave “Mateo”, elaboraron unos contratos falsos donde simulaban el pago o retribución de servicios supuestamente brindados por la sociedad HEADFORD, recién adquirida por Miguel Menéndez, y dos sociedades fachadas relacionadas con ASTALDI, RAILWAY INTERNATIONAL TRADING CORP. y RIFT INTERNATIONAL, S.A. Estos contratos fueron presentados al FPB BANK en Panamá. A su vez, MIGUEL MENENDEZ adquirió otra sociedad panameña denominada RAYNE SERVICES y le abrió una cuenta en el FPB BANK.
Según uno de los testigos del caso, Miguel Menéndez logó conseguir 3.5 millones de dólares de ASTALDI en beneficio del expresidente, Mauricio Funes.
Este monto ingresó a las Cuentas Bancarias de HEADFORD BUSINESS y RAYNE SERVICES, según las Asistencias Internacionales.
En el peritaje las cuentas bancarias de las dos sociedades adquiridas por el señor MENÉNDEZ AVELAR en Panamá, se constató que la Sociedad RAYNE SERVICES CORP. recibió depósitos por la cantidad total de US$1,500,000.00, y HEADFORD BUSINESS la cantidad de US$2,000,000.00, sumando ambas cantidades en un total de US$3,500,000.00, lo que concuerda con el último incremento negociado con ASTALDI para liquidar el Arreglo Directo, gestionado por José Leopoldo Samour.
Según las diferentes asistencias internacionales, se logra establecer vínculos comunes entre las diversas personas naturales y jurídicas en la trazabilidad de fondos ilícitos.
En total, ASTALDI transfirió US$3,500,000.00, a las empresas fachadas de Mauricio Funes y Miguel Menéndez.
Se comprueba que una parte de este dinero se utilizó para la creación y funcionamiento de la franquicia de sociedades LATIN AMERICA SPAS, constituyéndose en El Salvador, Panamá y Suiza, propiedad de Mauricio Funes.
En El Salvador, LATIN AMERICA SPA tenía un negocio de masajes, peluquería y Spa que era administrado por Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, compañera de vida de MAURICIO FUNES.
Esta sociedad adquirió dos inmuebles de alto valor comercial, uno en la colonia Maquilishuat, San Salvador, donde funcionaba el negocio del Spa, y otro en Sierra de Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, destinado como residencia de Mitchell Guzmán. El señor José Efraín Quinteros trabajaba en un despacho que llevó la contabilidad de LATIN AMERICA SPA, y esta persona era la encargada de nombrar la estructura de testaferros para ocultar a los verdaderos propietarios de los inmuebles y los fondos ilícitos.
La otra parte de las dádivas entregadas por ASTALDI a Mauricio Funes y Miguel Menéndez fueron transferidas a la sociedad WARTILA ENGINEERING PROCESS LT, sociedad controlada por Miguel Menéndez constituida en Islas Marshall y con cuenta bancaria en Curacao.
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143 integrantes de la clica Cinco Cedros Locos Salvatruchos de la MS-13 fueron condenados hasta con 75 años de prisión
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 143 integrantes de la clica Cinco Cedros Locos Salvatruchos de la MS-13, del programa Libertad, fueran condenados a penas que van desde los 20 hasta los 75 años de prisión por su vinculación y pertenencia a la estructura criminal y por otros delitos.
Todos los pandilleros delinquían en el cantón Lourdes, del distrito de Colón, en en las colonias Cinco Cedros, San Mateo, El Chapernal, Bazzini, Las 600 y zonas aledañas del departamento de La Libertad y fueron sentenciados según el grado de participación o rango en la estructura criminal. Todos fueron capturados a partir de la implementación del régimen de excepción.
Entre las sentencias más altas está la 75 años de prisión impuesta a Cristian Dagoberto Alas García, alias Chory o Espía; al imputado se le condenó por los delitos de agrupaciones ilícitas, siembra y cultivo de marihuana y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego. El imputado fue capturado en agosto de 2022, en una finca de Talnique, donde almacenaba dos armas de guerra y cultivaba plantas de marihuana.
67 años de prisión fue la condena impuesta a Miqueas Misael Hernández Rodríguez, alias Miqueas, por agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas, posesión de drogas con fines de tráfico y amenazas agravadas. Al momento de la captura el imputado amenazó verbalmente a elementos de la Fuerza Armada y se le incautaron sustancias ilícitas y un arma de fuego sin documentación legal.
El corredor de clica, Carlos Gerardo Escobar, alias Drupi, fue condenado a 66 años de prisión por agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas de fuego y posesión de drogas; el imputado fue detenido en noviembre de 2022 en San Juan Opico, cuando intentó ocultar un arma de fuego y huir de las autoridades.
Otro de los condenados es el corredor de clica Jonathan David Doradea, alias Bacha o Mafioso, a quien se le impusieron 51 años de prisión por agrupaciones ilícitas y posesión de drogas.
Los corredores de clica Fidel Antonio Ramos Flores, alias Viejo Tigre, y Nelson Enrique Larios Saget, alias Duende, recibieron 45 años de prisión por agrupaciones ilícitas.
A esa misma pena y por el mismo delito fueron condenados los homeboys: Juan Carlos López Serrano, alias «Chacal»; Edwin Alexander Monterroza Arévalo, alias «Sayco»; Víctor Manuel Miranda Rosales, alias «Wizar», Elvis Jovanny Henriquez Montes, alias Espiri; Óscar Alfredo Alas Corea, alias «Black» o «Kilo»; Pedro Antonio Urbano Menjívar, alias «Vago»; Marvin Joel Gómez Portillo, alias «Slow»; Jairo Adonay Molina Paz, alias «Sparky»; Samuel Enrique Nieto Flores, alias «Zombie»; Andrés Rivas Menéndez, alias «Timón»; Juan Antonio García Cortez, alias «Humilde» o «Juan»; Juan Ramón Hernández Estrada, alias «Little Boy»; Samuel Eduardo Martínez Salazar, alias «Dauner»; Roberto Antonio Bermúdez Santamaría, alias «Pulga»; Dagoberto de Jesús Quintanilla, alias «Shorty»; Nelson Edgardo Aguirre Martínez, alias «Sombra»; Pedro José Sánchez Leiva, alias «Zonte»; Dany Wilson Ávalos Abrego, alias «Vigion»; Marcos Salvador López Martínez, alias «Gato de la Belén»; Manfredy Marcos Vanegas Durán, alias «Flaco» o «Scrapy»; Luis Alonso Gómez de Paz, alias «Pega»; Edwin Osmín Ruiz Aguilar, alias «Maníaco»; Francisco López Hernández, alias «Sapo»; Hayser Antonio Madrid Argueta, alias «Hayser», Carlos Antonio Ramírez, alias «Mico» y Elmer Shunico Shunico.
El resto de penas oscilan entre 36, 30 y 20 años de prisión. Según el fallo se condenó a 4 corredores de clica, 27 homeboys, 61 chequeos, 4 observaciones y 47 paro o colaboradores.
Estas condenas fueron impuestas en presencia de los imputados por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, luego de valorar la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó el ente fiscal durante la audiencia única.
Milton Osmín Bonilla Romero fue condenado a 40 años de prisión por el delito de extorsión.
Según la acusación fiscal, entre abril y septiembre de 2011, la víctima fue amenazada de muerte por miembros de la MS-13. Por temor a las amenazas, la víctima denunció el hecho el 2 de agosto de ese mismo año ante la Policía Nacional Civil (PNC).
Para ubicar al responsable, se realizaron dos entregas controladas de dinero el 11 y el 29 de septiembre de 2011, en el interior de un centro comercial de la ciudad de San Miguel, donde identificaron y capturaron a Bonilla Romero.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel lo condenó a 20 años de cárcel por cada entrega de dinero en la que participó el procesado.
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Detenida mujer acusada de estafar a 11 parejas con servicios de organización de bodas en El Salvador
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó la detención provisional de Tránsito Guadalupe Marroquín, de 48 años, acusada del delito de estafa agravada en perjuicio de 11 personas que habrían contratado sus servicios para la organización de bodas.
De acuerdo con la investigación, la imputada promocionaba sus servicios como planificadora de eventos a través de redes sociales y solicitaba anticipos mediante transferencias bancarias para organizar celebraciones programadas entre 2025 y 2026.
La Fiscalía sostiene que, en algunos casos, los locales nunca fueron reservados, mientras que en los eventos que sí se realizaron, los servicios brindados no coincidieron con lo acordado.
Entre las irregularidades señaladas se encuentran la falta de decoración, banquete, cristalería, bebidas, ramo de novia y otros servicios adicionales que habían sido ofrecidos a los clientes.
Según el requerimiento fiscal, el perjuicio económico causado a las 11 víctimas asciende a $19,651.
Tras la audiencia inicial, la jueza determinó que existen suficientes indicios para que el proceso continúe en la etapa de instrucción y ordenó que Marroquín permanezca en detención provisional mientras avanzan las investigaciones.
