Judicial
FGR presenta solicitud de antejuicio y petición de desafuero contra diputado Erick García
En horas del mediodía de este miércoles, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, presentó ante la Asamblea Legislativa la petición de desafuero y solicitud de antejuicio contra el diputado de Nuevas Ideas, Erick García, señalado del delito de falsedad ideológica.
Delgado enfatizó que, tras las investigaciones de la institución fiscal, se han reunido pruebas que determinan la existencia del delito, por lo que se ha puesto la solicitud para que pase a discusión en el pleno legislativo y su respectiva aprobación.
«Este día vengo a presentar una solicitud de antejuicio y petición de desafuero ante la Asamblea Legislativa, quien es la indicada para iniciar este proceso constitucional. Después de analizar la información recolectada hemos llegado a la conclusión que existen suficientes indicios que el diputado Erick García ha cometido el delito de Falsedad ideológica», comentó Delgado.
«Debo recalcar ante la población que la Fiscalía inició las investigaciones correspondientes desde el momento en que se conoció la situación en la que se vio involucrado el diputado Erick García, a través de las redes sociales», enfatizó.
El fiscal Delgado también señaló que «como Fiscalía nos debemos a la ley y a la constitución, debemos cumplir determinados procedimientos para hacer llegar las solicitudes correspondientes en el momento oportuno, para iniciar un proceso como este».
Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, confirmó que este mismo día, durante la sesión plenaria ordinaria, se procederá con la discusión de la solicitud, remarcando que no tolerarán actos contrarios los principios de justicia y según la ley en El Salvador.
«Como Asamblea cumpliremos con el procedimiento que nos mandata la Constitución y el reglamento interno de nuestra institución. Hoy mismo daremos trámite a esta solicitud para que el proceso inicie de manera transparente, de cara a la población. No cometeremos los errores de la vieja clase política. Lo único que nos interesa es llegar a la verdad. Seguiremos haciendo lo justo, lo legal y lo correcto», señaló Castro.
Tras conocer la presentación de la solicitud de antejuicio y petición de desafuero, el partido Nuevas Ideas publicó un comunicado oficial señalando que se ha procedido con la expulsión de García del instituto político y, por consiguiente, la anulación de su candidatura para las elecciones de 2024.
El presidente de Nuevas Ideas, Xavier Zablah, también reiteró el compromiso del partido con la transparencia y la erradicación de practicas del pasado en cuanto al ecosistema político del país. Además, reiteró que no se tolerarán conductos contrarias a la ley al interior del instituto político.
«Este partido es de TODOS los que queremos que nuestro país cambie para bien, los demás y sus intereses aquí no caben. Y si esto no le gusta algún funcionario nuestro: ¡Váyase! Las reglas para pertenecer aquí son claras. Y nuevamente les digo: tengan la certeza que SIEMPRE, haremos lo correcto», comentó Zablah.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez tres, condenó a 52 años de prisión a Diego Alejandro Romero de Paz, alias Little Happy, por los delitos de privación de libertad, limitación ilegal a la libertad de circulación y organizaciones terroristas en perjuicio de la seguridad del Estado.
De acuerdo con la resolución judicial, alias Little Happy tenía el rango de segundo palabrero dentro de la hengla Tiny Locos Sureños de la pandilla 18 Sureños, que operaba en la urbanización Jardines de Sel Sutt.
La juzgadora estableció que alias Little Happy participó en la privación de libertad de una menor de edad, a quien obligaban a sostener una relación sentimental con un pandillero que se encontraba detenido. Asimismo, amenazó de muerte a dos personas para que no denunciaran la desaparición de la víctima, por lo que ambas huyeron de sus hogares.
Junto a él, también fueron condenados José Dimas Romero Torres, alias Dimas, y José Alberto Martínez García, alias Chepe, a diez años de prisión por el delito de organizaciones terroristas, mientras que Hugo Adonay Miranda Romero, alias Black, fue condenado a ocho años de prisión por el mismo delito.
Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2017.
