Judicial
FGR logra condena de 8 años de cárcel para sujeto que no logró justificar el origen de US$21 mil en efectivo
La Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer la sentencia condenatoria en contra de una persona a quien se le decomisaron más de US$21 mil en efectivo, del que no supo justificar su procedencia, por lo que fue procesado por un delito ligado al Lavado de Dinero, en Santa Ana.
El informe de la Unidad Especializada Contra el Lavado de Activos señala que se trata de Rodrigo Antonio Pineda Miranda, quien fue procesado por el delito de Casos Especiales de Lavado de Dinero y Activos. La vista pública fue realizada por el Juzgado Segundo de Sentencia de Santa Ana.
Los hechos en este caso ocurrieron el 27 de junio de 2020 en kilómetro 95 de la Carretera CA-12, frente al Centro Escolar del Caserío San Francisco, Cantón Belén Guijat, municipio de Metapán, departamento de Santa Ana.
En su exposición, la representación fiscal fue contundente en demostrar que en esa fecha Pineda Miranda fue interceptado en un control vehicular, en el que la Policía observó al conductor un tanto nervioso, por lo que procedieron a registrarlo. En ese momento, los agentes policiales vieron que en el asiento trasero del vehículo había un bolso de lona el cual contenía en su interior un paquete envuelto con dos capas de cinta adhesiva.
Fue Pineda Miranda que les manifestó que en ese paquete llevaba dinero, incautándole la cantidad de $21,130.00 dólares los cuales posteriormente no pudo justificar la procedencia lícita.
Al final del juicio, fue declarado responsable penalmente por el delito de Casos especiales de lavado de dinero y activos y se le impuso la pena de 8 años de prisión; de igual manera, deberá responder con el pago de $18,250.00 que le aplicó en concepto de multa.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
