Judicial
Pandillera es condenada por el homicidio de un agente policial
La Fiscalía, a través de la Unidad Fiscal Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidio, logró que un tribunal impusiera 10 años de prisión a una miembro de pandillas, por el delito de Homicidio Agravado, en su calidad de cómplice, en perjuicio de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC).
La imputada ha sido identificada como Jennie Elizabeth Durán Castellanos, miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13), y operaba en los municipios de Mejicanos y Cuscatancingo.
Los hechos se registraron el 3 de marzo del año 2016, en la etapa 2 de la urbanización Ciudad Futura del municipio de Cuscatancingo, del departamento de San Salvador, a eso de las 9:30 de la mañana.
Según las investigaciones, el agente Carlos Dinarte se dirigía a su casa de habitación cuando Durán Castellanos dio aviso a otros miembros de la pandilla que éste ya iba en dirección hacia ellos. En ese momento, el agente fue interceptado con arma de fuego, los sujetos le ocasionaron varios disparos que le causaron la muerte al instante.
Cabe destacar que, por este hecho uno de los autores materiales ya ha sido condenado a 30 años de prisión.
El Tribunal 2º de Sentencia de San Salvador validó toda la investigación realizada por los fiscales del caso, quienes aportaron diversas pruebas que corroboraron la participación de Durán Castellanos en los hechos acusados.
Gracias a las pruebas ofertadas por los fiscales se ha logrado que un peligroso miembro de la Mara Salvatrucha, MS-13, sea condenado a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado, en perjuicio de un hombre.
El terrorista fue identificado como: William Omar Ventura Martínez, quien delinquía en el municipio de San Pedro Perulapán, departamento de Cuscatlán.
Los hechos ocurrieron en el cantón Istahua, colonia San Benito, de San Pedro Perulapán, el 14 de octubre del año 2017.
Según consta en el proceso, el sentenciado, junto con otros cinco pandilleros, irrumpieron violentamente en la vivienda de la víctima y sin mediar palabra, le lesionaron con armas blancas y luego le dispararon.
Posteriormente, los delincuentes huyeron de la escena del crimen y la Fiscalía inició las investigaciones, las cuales determinaron que los imputados habrían asesinado a la víctima por negarse a colaborar con dicha estructura criminal.
Cabe destacar que todos los que participaron en este hecho, ya han sido condenados en diferentes procesos penales, donde se les ha impuesto sentencias similares a la recibida por Ventura Martínez, quien fue detenido gracias al Régimen de Excepción, pues había permanecido prófugo desde el año 2017.
El maquillista y asesor de imagen, José Eduardo Zelaya, reveló este viernes en calidad de testigo en el juicio de «Saqueo Público», los detalles de tres viajes que la expareja del expresidente Mauricio Funes, Ada Mitchell Guzmán, realizó junto a Funes, y que supuestamente se realizaron con fondos de la cuenta de gastos reservados de la Presidencia de la República.
A preguntas de la Fiscalía General de la República, el testigo afirmó que fueron tres viajes en los que él acompañó, en calidad de asesor de belleza e imagen, a la expareja de Funes; viajaron a Cuba, Panamá y Los Ángeles, en Estados Unidos. Al primer país, supuestamente Guzmán compró pinturas; en el segundo, aparatos de sonido, electrodomésticos, mientras que al tercero, la entonces pareja del mandatario fue a realizarse un cambio de look y una rinoplastía (cirugía estética en la nariz).
El testigo aseguró que Ada Mitchell Guzmán se realizó una rinoplastía en la clínica del doctor Jason Diamond, ubicada en Beverly Hills, en Los Ángeles, uno de los cirujanos plásticos de celebridades como Kim Kardashian, Hilary Duff.
«Ese viaje creo que fue en diciembre del 2011…ahí fue por asesoramiento de belleza e imagen, y que ella se iba a hacer una rinoplastía…se la realizó con el doctor Diamond, que su clínica está en Beverly Hills», declaró el maquillista en el juicio.
Sobre el costo de la cirugía plástica dijo no tener conocimiento, ya que no asistió el día que se realizó la operación. Relató que en ese viaje, Guzmán adquirió ropa en tiendas como Guess, y se realizó un cambió de look, todo pagado en efectivo.
Zelaya relató en su testimonio que en el año 2011, también la acompañó en un viaje a Cuba, que duró cinco días; en ese viaje compró cinco pinturas, que fueron pagadas con dinero en efectivo. Así mismo, realizó un viaje a Panamá en donde compró aparatos de sonido y electrodomésticos, siempre pagado en efectivo. Todo lo comprado fue para la remodelación de una casa ubicada en la colonia Lomas de San Francisco, en Antiguo Cuscatlán.
El maquillista dijo que de los tres viajes solo recibió honorarios por el viaje a Cuba, por $300.
La defensa en el caso, se abstuvo de preguntar al maquillista y asesor de imagen, ya que aseguró que su declaración es impertinente para el caso donde es procesada la exprimera dama, Vanda Piganato y nueve más, porque en este juicio no es procesada Ada Mitchell Guzmán.
En el requerimiento de acusación en la fase inicial, presentada por la Fiscalía General de la República, se estableció que las cirugías que se realizó Ada Mitchell Guzmán tuvieron un costo de $60,000, y que los fondos eran provenientes de las cuentas de gastos reservados de Casa Presidencial, de los $351 millones, que supuestamente se desviaron en el periodo de Funes.
Aunque en este juicio Guzmán no figura, si está acusada de lavado de dinero en el proceso de Saqueo Público que fue separado en la fase de instrucción, debido a su calidad de prófuga, y le cuestionan el manejo de $499,205.81 de fondos no justificados, provenientes, supuestamente de la cuenta de gastos reservados de la Presidencia.
Walter Eduardo Cortez Peña purgará una condena de 42 años y 8 meses de prisión por haber agredido sexualmente y violado a su hijastra, informó la Fiscalía General de la República.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador impuso la condena por los delitos de agresión sexual en menor e incapaz agravada continuada y violación en menor o incapaz agravada continuada.
De acuerdo con la investigaciones del ministerio público, el agresor cometió los abusos en el año 2015, en el municipio de Ilopango.
«El imputado aprovechó los momentos a solas con la menor de edad para tocarla; tiempo después, comenzó a abusar sexualmente de ella. Las agresiones culminaron hasta el año 2021, cuando se interpuso la denuncia», informó la Fiscalía.
El Tribunal valoró toda la prueba documental, testimonial y pericial presentada por el ministerio público y que demostraba la participación del violador en los delitos señalados.
