Judicial
El Salvador impone condenas históricas: más de 10 pandilleros sentenciados a 100 años o más de prisión
En el marco de la política de combate frontal a las estructuras criminales, autoridades salvadoreñas han logrado en el último año la condena ejemplar de al menos diez pandilleros y criminales a penas que superan los 100 años de prisión. Los delitos incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, privación de libertad y tráfico ilícito, según informes del sistema judicial y la Fiscalía General de la República.
Entre los casos más destacados en los primeros cuatro meses de 2025 se encuentran tres miembros de la pandilla MS-13: Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores, con una pena de 600 años; y José Aníbal Moreira Bernal, sentenciado a 524 años. Los tres delinquieron entre 2014 y 2018 en la zona oriental del país, siendo encontrados culpables de 28 homicidios agravados, un feminicidio, 50 conspiraciones para cometer asesinatos, 38 extorsiones y otros cargos relacionados con crimen organizado.
Otros casos recientes incluyen a Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, condenados a 155 y 120 años respectivamente, por su participación en varios homicidios y delitos cometidos en conjunto con otros miembros de la MS-13.
También se reporta la condena de Cristian Giovanni Miranda Muller, sentenciado a 100 años de cárcel por el asesinato de su excompañera de vida y su hija en Tonacatepeque, en mayo de 2021. Ronald Antonio Hernández Gómez, cómplice en el crimen, recibió 60 años de prisión.
En Ahuachapán, Jonathan Alexander Armas Patriz fue condenado a 110 años tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, homicidio agravado y aborto sin consentimiento. El sujeto asesinó a su expareja embarazada y a un menor.
Por su parte, Jonathan Barrera Ruano, alias «Sangriento», líder de una red criminal, recibió 218 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos el asesinato de Ruth Nohemy A. S. y su hijo de seis meses en Ciudad Delgado en noviembre de 2020. En esa misma estructura delictiva participaba Luis Alonso Zelada Ramírez, alias «Silent», quien fue sentenciado a 236 años.
En octubre del año pasado, Marvin Alberto Maldonado Arias fue condenado a 100 años por el asesinato de cuatro mujeres entre 2014 y 2017 en San José Villanueva. Dos de las víctimas fueron ejecutadas por sospechas de ser informantes, y las otras dos por haber presenciado el homicidio de un agente policial.
Finalmente, seis integrantes de la pandilla 18 fueron condenados el año pasado a penas de entre 75 y 100 años de prisión por su responsabilidad en tres homicidios y una desaparición forzada ocurridos en Ciudad Delgado entre 2021 y 2022.
Estas condenas forman parte de la ofensiva penal y judicial contra las estructuras criminales, impulsada por el Gobierno bajo el régimen de excepción. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces, con el objetivo de consolidar un país libre de violencia.
El Juzgado de Paz de La Libertad condenó a 20 años de prisión a Juan Diego Girón Ayala y Juan Diego Villalta Abarca por el delito de robo agravado cometido en perjuicio de una víctima en el municipio de La Libertad Costa.
De acuerdo con el informe fiscal, los hechos ocurrieron el 31 de enero de 2026 en la colonia Los Ángeles del Puerto de La Libertad. Según las investigaciones, los condenados se desplazaban en una motocicleta sin placas cuando interceptaron a la víctima y, bajo amenazas con un arma blanca, le sustrajeron una billetera, un teléfono celular y 100 dólares en efectivo, para posteriormente darse a la fuga.
Tras la denuncia presentada por la víctima, ambos fueron capturados por la Policía dentro del período de flagrancia. Durante el procedimiento, las autoridades les decomisaron un teléfono celular, una navaja de empuñadura y dinero en efectivo.
La Fiscalía General de la República señaló que continuará trabajando para llevar ante la justicia a quienes atenten contra la integridad de las personas y contribuir a la erradicación de hechos delictivos en el país.
Judicial
Ordenan captura de mujer acusada de agredir sexualmente a menores de edad y grabar material pornográfico
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ordenó la captura de Olinda Madai Claros Rivera, a quien se le acusa de agredir sexualmente a menores de edad y grabar material pornográfico infantil.
La mujer fue detenida este miércoles en su casa de habitación en San Miguel Centro, San Miguel. En el mismo lugar se encontraron a las dos víctimas menores de edad, quienes fueron rescatados y a quienes la Fiscalía les garantizará la debida atención sicológica.
Esta investigación inició en mayo de 2026, cuando se recibió una denuncia y se indicaba que Claros Rivera generaba material pornográfico infantil.
Durante el operativo se incautaron dos dispositivos celulares que ayudarán a robustecer la investigación en curso.
Rivera es acusada de los delitos de utilización de niños/as y adolescentes a través de las tecnologías de la información y la comunicación y agresión sexual en menor en incapaz continuada en perjuicio de los menores identificados. La mujer será presentada ante las autoridades competentes en los próximos días.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), desarticuló una estructura dedicada a almacenar, distribuir y vender crack, cocaína y marihuana en los distritos de San Francisco Gotera, Lolotiquillo, Cacaopera, Chilanga y El Divisadero, todos del departamento de Morazán, y en el distrito de Santa Rosa de Lima, La Unión.
La FGR realizó 22 registros y ordenó la captura de 16 sujetos perfilados como distribuidores, intermediarios, transportistas y vendedores de droga.
El fiscal del caso explicó que la investigación se realizó entre el 26 de mayo de 2025 y el 20 de mayo de 2026, tiempo en el que se efectuaron 18 detenciones en flagrancia y se identificaron aproximadamente 453 transacciones de droga, logrando individualizar a los miembros de las estructura de narcomenudeo.
La investigación determinó que esta estructura estaba conformada por tres células, donde Irma del Rosario Villatoro Hernández (capturada), era la distribuidora principal de dos estructuras que vendían crack y marihuana.
Villatoro Hernández le vendía la droga a Luis Antonio Gómez (primera célula). Este, a su vez, coordinaban a cuatro colaboradores que vigilaban, vendían, distribuían y buscaban compradores para la droga en los distritos de Lolotiquillo, Cacaopera y Delicias de Concepción, todos de Morazán.
Los colaboradores de esta célula fueron identificados como: José Santos Lucio Romero, Rigoberto Luna Romero Granados, Antonio del Cid Chicas y Ricardo Antonio Ganuza Ramos.
Además, Villatoro Hernández le distribuía droga a su hijo José Omar Rosales Villatoro, a Edwin Jeovanny Rosales Cruz y a Zoila Esperanza Ordóñez, los tres fueron capturados. Estos sujetos vendían y suministraban la droga en distintos sectores de Santa Rosa de Lima, La Unión (segunda célula).
La tercera célula vendía marihuana en la colonia La Paz, de San Francisco Gotera, y en Delicias de Concepción, y por eso hechos la FGR capturó a Rolando Wilber Medrano, James Douglas Sorto Castro y los hermanos Edwin Javier Escobar Claros y Douglas Alexander Escobar Claros.
También capturaron a Ruben Ernesto Álvarez Gómez, y José Nextalí Sorto, por vender droga en Santa Rosa de Lima.
Asimismo, fue capturado Mario Enrique Hernández Coca, quien utilizaba como fachada la comercialización de cuadros de pinturas para vender marihuana en Delicias de Concepción y en San Francisco Gotera.
Al momento de las capturas a los imputados se les decomisaron celulares, dinero en efectivo, una báscula electrónica, porciones pequeñas de marihuna y un vehículo (el cual, al realizarle las pruebas respectivas dio positivo a cocaína).
Todos los detenidos serán procesados por siembra y cultivo; agrupaciones ilícitas; tráfico ilícito; actos preparatorios, proposición, conspiración, y asociaciones delictivas.
