Judicial
Director de Seguridad de la CSJ es señalado como responsable por fiesta de sindicalistas en sala de audiencias y es removido de su cargo
El director de Seguridad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Humberto Lozano, fue removido de su cargo, por ser señalado como el responsable de la autorización de la fiesta desarrollada por el Sindicato de Empleados Judiciales Salvadoreños (SINEJUS) en la sala de audiencias 5-B, del Centro Judicial “Isidro Menéndez”.
De acuerdo a la información brindada por el secretario general del Sindicato de Empleadas y Empleados Judiciales de El Salvador (SEJES), Stanley Quinteros, a Lozano lo señalan por las acciones del pasado 25 de agosto, fecha en donde tres mujeres de un grupo musical bailaron y cantaron con poco vestuario.
Los miembros de SEJES no participaron en el evento, sino más bien los de SINEJUS. Incluso, algunos de los sindicalistas de esta última institución pasaron al frente a bailar con las mujeres.
“Como sindicatos consideramos que realmente no se está realizando los procedimientos correctos”, indicó Quinteros.
Además, comentó, en lugar de Lozano se nombrará al mayor Galoud, quien –según él- es yerno del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Armando Pineda Navas.
Fuentes judiciales señalaron que se iniciará un proceso de destitución para el personal del Órgano Judicial que participó en la fiesta
Por: Carmina Castro/ El Salvador Times
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
