Judicial
Primos pandilleros le quitan la vida a otra prima por envidia en El Paisnal
Una pareja de primos miembros de una pandilla planificaron el asesinato de una de sus familiares a la que junto a otros compinches atacaron cuando regresaba de comprar pupusas sobre la carretera troncal del norte en el municipio de El Paisnal. El hecho provocó una división en la familia ya que una parte defiende a los delincuentes asegurando que son inocentes.
Desde la infancia Brayan Alexander Mulato y R. Marroquín eran muy unidos a tal punto que decidieron ingresar a la pandilla 18 al mismo tiempo y así ser complices en los delitos que cometían en la zona donde residían.
La complicidad de los primos llevó a Marroquín a pedirle a Mulato que le ayudara a quitarle la vida a una de sus primas con quien trabajaba vendiendo plátanos en un mercado de Apopa.
El 14 de julio de 2017, los procesados se pusieron de acuerdo para junto a otros pandilleros interceptar a Karina Isabel Melara quien caminaba por una senda hasta una pupusería en las cercanías de la carretera.
Melara cuyos pasos eran marcados por una luz tenue de las lamparas colocadas en el sector no se percató que Mulato y Marroquín la seguían. Tener familiares pandilleros le daba confianza, sin sospechar que estos mismos estaban por traicionarla.
Cuando regresaba con el alimento, Melara se percató que al fondo del camino estaba un grupo de 9 personas con una actitud sospechosa, entre ellos sus dos primos, pero no había otro camino por lo cual decidió seguir caminando.
Al tener en frente a su prima, Marroquín y otros dos sujetos se dispersaron para hacer acciones de vigilancia mientras que mulato y tres pandilleros más se quedaron con su víctima; sacaron sus armas y le apuntaron a la cabeza.
En medio de la oscuridad se escuchó una ráfaga de disparos, fueron 28 los impactos que la mujer recibió en el cuerpo y quedó tendida en la calle de tierra junto con sus compras.
Investigaciones de la Policía dieron con varios de los implicados, entre los que estaban los primos. Algo que sorprendió a toda la familia debido a que nadie detectó el problema que había entre los primos ya que su relación siempre fue cordial.
“Fue por envidia”
El padre de Marroquín y la madre de Mulato estuvieron en el juicio realizado en este caso y al escuchar el resumen de la investigación de la Fiscalía coincidieron en que sus seres queridos fueron señalados por envidia de vecinos.
Ambos familiares se sentaron las últimas sillas de la sala de audiencias. Se tomaron de las manos y comenzaron a rezar, entre susurros pedían que fueran liberados de la tribulación mientras el juez del tribunal Primero de Sentencia de San Salvador dio su veredicto.
En su decisión, el juzgador alegó que no se había podido comprobar que Marroquín había participado en el hecho por lo que decidió absolverla de los cargos; su padre celebró la inocencia de su hija.
En tanto, la madre de Mulato -quien esperaba para su hijo un veredicto similar al de su sobrina- quedó en estado de shock al escuchar que el juez ordenó 25 años de prisión para el hombre por el delito de homicidio agravado.
Impactada por el número de años dejo su vista quieta sin poder creer lo que estaba pasando, volvió a ver a su hijo y sonrieron con resignación.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
