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Condenan a 29 años de prisión a pandillero, por el delito de homicidio agravado de un joven en Santa Ana

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Los fiscales de la Unidad de Vida del Juzgado Segundo de Sentencia de Santa Ana, acreditaran responsabilidad a un miembro de una estructura delincuencial, en los delitos de homicidio agravado y privación de libertad, en perjuicio de Enrique Antonio Morales Contreras de 18 años.

El delincuente fue identificado como Francisco Ismael Zetino García, a quien procedieron a dictarle una sentencia de 29 años de prisión.

Tras las pruebas ofertadas por los fiscales del caso durante la vista pública celebrada el 16 de junio de 2020,  entre ellas, testimonio de testigos, evidencia pericial y documental, el imputado fue sentenciado a una pena de 29 años de cárcel por los delitos antes mencionados, ambos previstos y sancionados en los artículos 129 y 148 del Código Penal, respectivamente.

La declaración de un testigo protegido señala que el crimen se registró el 5 de mayo de 2018, alrededor de las 10:00 de la mañana, cuando la víctima realizaba trabajos agrícolas en el caserío El Sitio, cantó Los Apoyos, de la jurisdicción de Santa Ana, cuando se le acercaron varios sujetos, entre ellos Francisco Ismael Zetino García, el cual portaba un corvo y una escopeta, manifestándole; “por vos venimos”, posteriormente con el corvo le ocasión varias lesiones en diferentes partes del cuerpo hasta causarle la muerte.

En otro caso, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó recientemente a Luis Humberto R., de 42 años de edad por el delito de violación en perjuicio de una mujer de 36 años de edad, además, se le declaró responsable penalmente por el delito de violación en menor e incapaz en perjuicio de una adolescente de 14 años de edad.

Por la primera víctima se le impuso una condena de 10 años de prisión; mientras que por la menor de edad deberá de purgar una pena de 20 años de cárcel.

En la misma causa también era procesado por los delitos de amenazas y lesiones, pero por ambos ilícitos fue absuelto de responsabilidad civil y penal, por lo que cesará la detención provisional por estos ilícitos. Sin embargo, su libertad no se hará efectiva en vista de las dos condenas impuestas por las dos violaciones.

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Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.

De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.

Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.

Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.

La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI

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La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Kenia Lisbeth Medrano Hernández, de 26 años, en una calle rumbo al distrito de Sesori, en San Miguel Norte. La mujer tenía orden de captura vigente por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las autoridades confirmaron que pertenece a la pandilla MS13 y la remitirán al juzgado correspondiente.
La identificación se realizó mediante el sistema ONI, una plataforma tecnológica instalada en los dispositivos móviles de los agentes. Esta herramienta permite consultar en tiempo real bases de datos de antecedentes, órdenes de captura y afiliaciones pandilleriles, además de escanear documentos y generar alertas con apoyo de inteligencia artificial. Forma parte de la fase de modernización del Plan Control Territorial.
El operativo se enmarca en la estrategia de seguridad iniciada en 2019, que ha reducido de forma notable la violencia en el país mediante control territorial, uso de tecnología y acciones sostenidas contra estructuras como la MS13. San Miguel, zona oriental con histórica presencia de esta pandilla, registra en 2026 múltiples condenas masivas a sus miembros por extorsión, homicidios y otros delitos, incluidos casos en Sesori y alrededores.
La detenida será puesta a disposición judicial para enfrentar los cargos. Este tipo de capturas continúa formando parte del esfuerzo por desarticular las redes de extorsión que durante años afectaron a comunidades del oriente salvadoreño.
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Juzgado ordena devolver $60 mil a acusado de estafa con falso negocio de camión de basura en El Salvador

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Una víctima entregó $60,000 a Moisés Ernesto U. con la promesa de invertir en un camión recolector de basura que generaría $2,500 mensuales. El acusado se presentó como abogado de una oficina consular, lo que reforzó la confianza inicial. Tras recibir el dinero, realizó pagos irregulares, justificó retrasos con supuestos desperfectos mecánicos del vehículo y luego cortó toda comunicación, dejando a la víctima sin el camión ni el capital invertido.
El caso llegó a un juzgado, que autorizó una conciliación en lugar de un juicio pleno. Esta salida es habitual en El Salvador para el delito de estafa cuando las partes acuerdan la reparación del daño, lo que evitó una condena penal inmediata y priorizó la recuperación económica. El procesado debe entregar $20,000 de inmediato y completar el resto con cuotas de $1,600 durante 22 meses, lo que suma el monto total reclamado.
Este tipo de fraudes con promesas de vehículos o negocios de recolección de desechos se ha repetido en el país, a menudo con argumentos de importación, reparación o rendimientos fijos. La modalidad aprovecha la necesidad de ingresos extra y la aparente formalidad de quien se presenta con un cargo profesional. La conciliación cierra el proceso penal si se cumplen los pagos, pero deja pendiente el cumplimiento efectivo de las cuotas.
Las autoridades suelen recomendar verificar identidad, contratos y existencia real del bien antes de transferir sumas altas. En este expediente, la resolución judicial busca resarcir a la víctima, aunque el desenlace final dependerá de que el acusado honre el calendario de pagos establecido.
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