Judicial
Acusan a excomisionado de Acceso a la Información de manosear, borracho, a una mujer en una fiesta con diplomáticos
La noche del 12 de diciembre de 2014, la embajada de Alemania en El Salvador decidió sumarse a las celebraciones por la Semana de la Transparencia, una temática que desde hace algunos años ha sido motivo de festejo en la comunidad política salvadoreña. Para hacerlo, convocaron a un cóctel que tuvo como invitados a funcionarios y representantes de diferentes entidades relacionadas con el tema.
Como era de esperar, entre los invitados estaban los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), pero también representantes de instituciones como la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
Uno de los que acudió a la cita fue Mauricio Vásquez López, quien para esa fecha se desempeñaba como comisionado del IAIP y quien anteriormente había sido asesor jurídico en la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del río Lempa (CEL).
Los invitados fueron llegando a la sede de la legación, ubicada en la colonia Escalón, a eso de las 7:30 de la noche. Entre quienes acudieron está la supuesta víctima -quien por estar bajo régimen de protección no se puede revelar su nombre- y un amigo suyo.
La mujer permaneció en la terraza de la residencia, pero al paso de las horas decidió ingresar a una de las salas para sentarse junto a su acompañante y otros cinco invitados –entre ellos Vásquez López-. Eran aproximadamente las 10:00 de la noche.
Al entrar, la supuesta víctima observó cómo el imputado derramó una bebida y se desbalanceó, aparentemente a causa del estado en el que se encontraba producto de la ingesta de alcohol, según se conoció cuando se instaló la audiencia inicial del caso el 18 de abril de 2017.
Ahí se supo que tras pasar unos 15 minutos, y sin aparente motivo, Vásquez López tomó del cuello y del cabello a la mujer, la jaló hacia él e intentó besarla; como reacción, ella se asustó y lo empujó para separarlo. La insistencia del hombre fue tal que volvió a intentar obtener ese beso forzado.
Según se ha conocido en el proceso judicial, en la segunda ocasión el imputado la tomó de los brazos y le rozó uno de sus senos. Ante esto, ella logró levantarse de la silla.
Indignada, la mujer se fue al parqueo de la residencia con su acompañante, mientras Vásquez López fue acompañado por los representantes de FUNDE y Fusades hasta afuera de la casa.
Ahí, pararon un taxi para que el hombre se fuera del lugar.
La continuación del proceso judicial
El Juzgado Decimoquinto de Paz envió a audiencia preliminar el caso, que actualmente se encuentra en el Juzgado 6° de Instrucción.
Vásquez López obtuvo medidas con sustitución a la detención, por lo que cada ocho días debe presentarse a firmar en ese juzgado. Además, se le indicó que no debía salir del país, no debía cambiar de domicilio ni tener contacto con la víctima.
Durante este tiempo, el imputado laboró como comisionado propietario en el IAIP de manera normal y en el periodo de los cuatro años que le correspondían, del 23 de febrero de 2013 al 7 de junio de 2017. Esta última fecha fue alargada debido a que hubo un retraso en la elección de los nuevos comisionados.
El próximo 6 de marzo el Tribunal 1° de Sentencia instalará la audiencia de vista pública, luego de haberla suspendido el pasado 29 de enero por falta de la supuesta víctima, de los abogados de la Fiscalía General de la República (FGR), de testigos y de un abogado querellante.
René Alberto Rivera Hernández fue condenado a 91 años de prisión por el feminicidio agravado de una niña de 3 años y por violar e intentar asesinar a otra menor.
De acuerdo con la acusación fiscal, una de las víctimas falleció en enero de 2024, luego de haber sido golpeada brutalmente por René Rivera.
La otra víctima fue localizada con múltiples lesiones, fracturas, con signos de abuso sexual y desnutrición.
Por el mismo caso también Patricia Elizabeth García Castro recibió más de 46 años de cárcel por su complicidad en el crimen, ya que no denunció los hechos.
Por el mismo caso también Patricia Elizabeth García Castro -madre de una de las víctimas – recibió más de 46 años de cárcel por su complicidad en el crimen, ya que no denunció los hechos.
Las investigaciones han demostrado que la víctima sufría violencia física de manera continua.
Según las autoridades, Rivera Hernández golpéo a la niña, causándole graves lesiones que requirieron que fuera hospitalizada; la menor murió el 4 de enero de este año cuando recibía asistencia médica. El crimen ocurrió en el interior de un mesón ubicado en barrio El Molino, en la ciudad de San Miguel.
El Juzgado Sexto de Paz de San Salvador procesó en audiencia inicial, a René Francisco Salazar Castro, capturado de forma infraganti con marihuana, en el bulevar Constitución de San Salvador.
Según la información, una denuncia alertó a las autoridades que en la vivienda del imputado se vendía marihuana, tras esa llamada anónima la Fiscalía General de la República tramitó una orden de allanamiento y junto a un equipo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), ingresaron al inmueble para registrar, encontraron 58 porciones medianas y 17 pequeñas de marihuana.
También decomisaron 18 vapeadores con marihuana, dos balanzas, tres teléfonos celulares y $2,680 en efectivo. Todo lo incautado fue embalado y documentado en un acta para que al momento de judicializar el caso sirviera como evidencia.
Además, hubo actas del procedimiento de captura y prueba de campo realizada a la droga. Todos esos elementos probatorios fueron valorados por el juzgado.
Al finalizar la diligencia se decretó instrucción formal con detención provisional en contra de Salazar Castro, quien permanecerá en un centro penal mientras dure el proceso por el delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud pública.
Según las pesquisas iniciales, el imputado supuestamente tenía bastante tiempo de dedicarse a la venta de marihuana en la zona, pero será en la fase de investigación que durará seis meses, que la Fiscalía amplíe las indagaciones y recolecte más información.
Luego de la audiencia inicial, el expediente será enviado a un juzgado de instrucción de San Salvador, una vez finalice la segunda etapa del proceso se hará la vista pública.
El Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador envío a juicio a Albert Jahrell Henríquez Meléndez, acusado del delito de apropiación indebida de vehículo automotor.
Tras valorar las pruebas presentadas por ambas partes, el juzgado decretó la apertura a juicio y detención provisional para el imputado.
Según el dictamen fiscal, el 15 de julio de 2023, Henríquez Meléndez contactó a una persona a través de redes sociales para alquilar un vehículo. Se identificó con su nombre completo y expresó su interés en rentar un vehículo tipo sedán por un período de cuatro días, acordando un pago de $120, a razón de $30 diarios.
El 16 de julio de 2023 se llevó a cabo la entrega del vehículo, un Kia Forte gris modelo 2014, en las instalaciones de una gasolinera ubicada en la 24 Avenida Sur, frente al mercado Cuscatlán de San Salvador. Ambas partes firmaron un contrato en el que se establecieron las garantías, el costo y el plazo del alquiler.
Sin embargo, el 20 de julio de 2023, Henríquez Meléndez solicitó una prórroga de tres días adicionales. El propietario del vehículo accedió, pero le indicó que era necesario firmar un nuevo contrato y fijó un lugar para realizar el trámite. No obstante, el imputado nunca se presentó.
Ante la falta de respuesta y la imposibilidad de recuperar su vehículo, el afectado interpuso la denuncia correspondiente.
