Judicial
Acusan a excomisionado de Acceso a la Información de manosear, borracho, a una mujer en una fiesta con diplomáticos
La noche del 12 de diciembre de 2014, la embajada de Alemania en El Salvador decidió sumarse a las celebraciones por la Semana de la Transparencia, una temática que desde hace algunos años ha sido motivo de festejo en la comunidad política salvadoreña. Para hacerlo, convocaron a un cóctel que tuvo como invitados a funcionarios y representantes de diferentes entidades relacionadas con el tema.
Como era de esperar, entre los invitados estaban los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), pero también representantes de instituciones como la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
Uno de los que acudió a la cita fue Mauricio Vásquez López, quien para esa fecha se desempeñaba como comisionado del IAIP y quien anteriormente había sido asesor jurídico en la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del río Lempa (CEL).
Los invitados fueron llegando a la sede de la legación, ubicada en la colonia Escalón, a eso de las 7:30 de la noche. Entre quienes acudieron está la supuesta víctima -quien por estar bajo régimen de protección no se puede revelar su nombre- y un amigo suyo.
La mujer permaneció en la terraza de la residencia, pero al paso de las horas decidió ingresar a una de las salas para sentarse junto a su acompañante y otros cinco invitados –entre ellos Vásquez López-. Eran aproximadamente las 10:00 de la noche.
Al entrar, la supuesta víctima observó cómo el imputado derramó una bebida y se desbalanceó, aparentemente a causa del estado en el que se encontraba producto de la ingesta de alcohol, según se conoció cuando se instaló la audiencia inicial del caso el 18 de abril de 2017.
Ahí se supo que tras pasar unos 15 minutos, y sin aparente motivo, Vásquez López tomó del cuello y del cabello a la mujer, la jaló hacia él e intentó besarla; como reacción, ella se asustó y lo empujó para separarlo. La insistencia del hombre fue tal que volvió a intentar obtener ese beso forzado.
Según se ha conocido en el proceso judicial, en la segunda ocasión el imputado la tomó de los brazos y le rozó uno de sus senos. Ante esto, ella logró levantarse de la silla.
Indignada, la mujer se fue al parqueo de la residencia con su acompañante, mientras Vásquez López fue acompañado por los representantes de FUNDE y Fusades hasta afuera de la casa.
Ahí, pararon un taxi para que el hombre se fuera del lugar.
La continuación del proceso judicial
El Juzgado Decimoquinto de Paz envió a audiencia preliminar el caso, que actualmente se encuentra en el Juzgado 6° de Instrucción.
Vásquez López obtuvo medidas con sustitución a la detención, por lo que cada ocho días debe presentarse a firmar en ese juzgado. Además, se le indicó que no debía salir del país, no debía cambiar de domicilio ni tener contacto con la víctima.
Durante este tiempo, el imputado laboró como comisionado propietario en el IAIP de manera normal y en el periodo de los cuatro años que le correspondían, del 23 de febrero de 2013 al 7 de junio de 2017. Esta última fecha fue alargada debido a que hubo un retraso en la elección de los nuevos comisionados.
El próximo 6 de marzo el Tribunal 1° de Sentencia instalará la audiencia de vista pública, luego de haberla suspendido el pasado 29 de enero por falta de la supuesta víctima, de los abogados de la Fiscalía General de la República (FGR), de testigos y de un abogado querellante.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
