Judicial
Acusada de estafar con $170,000 es enviada a la cárcel
Por el delito de estafa, el Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador, ordenó que Cristina Arroyo Lima, siga en prisión para que un juzgado de instrucción la continúe procesando.
La Fiscalía General de la República la acusa de haber engañado a dos personas con $170,000 a quienes les propuso invertir en un negocio que les generaría muy buenas ganancias.
Según la acusación presentada por el ministerio público, entre octubre y noviembre de 2023, Arroyo Lima convenció a una de las víctimas a invertir en un negocio de elaboración y venta de cajas eléctricas de registro de varias medidas y filtros de purificación de agua.
Los denunciantes han dicho que la imputada les expresó que ella proveía productos a la embajada de Estados Unidos, pero la Fiscalía presentó un informe de la Oficina de Seguridad Regional e Investigaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el cual se hace constar que no tenían ninguna relación de negocios con la procesada.
La mujer les hizo creer que según el monto de dinero que invirtieran así serían las ganancias a obtener, pero luego de varios meses al no recibir nada, los afectados le preguntaron a la acusada y les respondió que había tenido varios problemas.
Para tranquilizarlas les emitió cheques sin fondos, por lo que las víctimas decidieron acudir a la Fiscalía a interponer la denuncia y que se comenzara una investigación.
Al culminar las pesquisas el ministerio público encontró indicios de estafa y el 3 de septiembre de 2024, giró orden de captura que fue ejecutada por la Policía Nacional Civil.
Al finalizar la audiencia inicial el juzgado resolvió que la mujer siga presa y por los dos casos el expediente fue instruido a la segunda fase del proceso penal.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
