Nacionales
Gobierno inicia II fase de proyecto de agua en caserío Santa Elena de Texistepeque para beneficiar a más de 700 habitantes
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele, a través de la DOM inició la ejecución de la segunda fase del proyecto de agua potable en caserío Santa Elena del cantón Santo Tomás, en el distrito de Texistepeque, en el municipio de Santa Ana Norte.
Esta etapa del “diseño y construcción para una línea de impelencia (o red de tubería de distribución), tanque de almacenamiento y entronque a la red de distribución” garantizará la calidad adecuada, abastecimiento eficiente, operatividad y funcionamiento del sistema.
En la primera fase se construyó un pozo de 200 metros de profundidad, el cual fue debidamente equipado y como continuación; en esta etapa corresponde, diseñar el sistema que incluye la red de distribución de la tubería galvanizado de 1,500 metros lineales de 3 pulgadas de diámetro y un tanque de almacenamiento con la capacidad demandada.
Se construirá un cerco de malla ciclón, muros de contención, un entronque a la red de distribución existente, así como reparación o sustitución de 297 metros de tubería PVC de 2 pulgadas y ampliación de la red en 138 metros de tubería de igual diámetro.
También se agregarán acometidas domiciliares, así como las válvulas, para en un futuro, hacer reparaciones sin mayor problema y no tener que intervenir el sistema completo; se realizarán muros de contención para fortalecer el tanque de almacenamiento al igual que obras diseñadas para el abastecimiento de agua potable con características adecuadas en cuanto a calidad y cantidad para la comunidad del caserío Santa Elena del cantón Santo Tomas, del distrito de Texistepeque en el departamento de Santa Ana.
Completadas las obras requeridas, la zona tendrá una fuente y un moderno sistema de distribución de agua potable con capacidad de satisfacer una de las necesidades básicas de la población -dar agua a los habitantes- y de esa manera, superar la deficiencia de sistema potable actual, que ha incrementado los gastos en el presupuesto familiar de la población, así como molestias innecesarias en el abastecimiento de agua potable.
Este es el segundo proyecto de agua potable que la DOM ejecuta en Texistepeque después de Brisas de Guajoyo donde más de 260 habitantes muy pronto dejarán de padecer este problema. En la zona occidental, la DOM también ejecuta proyectos similares en el distrito Masahuat, El Porvenir, Santa Rosa Guachipilín y Santiago de La Frontera.
A escala nacional, la DOM ejecuta 28 proyectos de agua potable, tres de los cuales ya fueron entregados en cantón San Bartolo, Chalatenango, San Isidro en Morazán, cantón Palacios, Jutiapa, Cabañas y en cantón La Arenera, El Porvenir en Santa Ana, en este último más de 700 habitantes se abastecen ya del preciado líquido, desde el 8 de mayo del presente año.
Como estos proyectos, en dos años la DOM ha realizado más de 8,500 obras en los 262 distritos de El Salvador y “seguiremos trabajando en la dirección correcta”. De esa manera, el mandatario prioriza los proyectos que los salvadoreños necesitan e invierte los impuestos; y prueba que el dinero alcanza cuando nadie roba.
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Denuncian al rector y vicerrectora de la UES por presunto nepotismo, sobornos y malversación
Una denuncia interpuesta ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) coloca bajo escrutinio a las dos principales autoridades de la Universidad de El Salvador (UES). El escrito señala al rector Juan Rosa Quintanilla Quintanilla y a la vicerrectora académica Evelyn Beatriz Farfán Mata por la presunta comisión de actos de nepotismo, soborno y malversación de fondos públicos desde el inicio de su gestión en octubre de 2023.
En su primer apartado, la denuncia solicita esclarecer una posible relación marital entre ambos funcionarios. Según el documento, serían pareja desde hace varios años y estarían casados desde aproximadamente 2023, lo de confirmarse, podría representar un conflicto de interés, debido a la relación jerárquica entre los cargos que ocupan dentro de la institución.
El escrito también menciona que dicha relación no habría sido informada oficialmente, lo que, a criterio de los denunciantes, podría afectar la imparcialidad en la toma de decisiones administrativas en la universidad.
En un segundo punto, la denuncia pide investigar posibles beneficios otorgados por la empresa Huawei, en el marco de contratos vinculados a proyectos tecnológicos en la UES. Entre los señalamientos se incluyen viajes y otros gastos que habrían sido asumidos por la compañía, por lo que se solicita determinar si estos constituyen dádivas prohibidas por la legislación vigente.
Finalmente, el documento expone posibles irregularidades en el uso de fondos públicos asignados a la universidad. Se señala que recursos destinados a investigación científica y fortalecimiento docente no habrían sido ejecutados conforme a lo establecido, por lo que se pide trasladar el caso a la Corte de Cuentas de la República para una auditoría especial que permita verificar el manejo de estos fondos.
Hasta el momento, las autoridades mencionadas no han emitido una postura oficial sobre los señalamientos contenidos en la denuncia.
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Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín
El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.
El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.
Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.
Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
