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FGR desarticula estructura dedicada al tráfico ilícito de drogas
Como parte de un esfuerzo coordinado entre la Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Nacional Civil (PNC), esta madrugada se realizó un operativo que permitió desmantelar una estructura dedicada a la venta de drogas en Santa Tecla, Lourdes y Soyapango.
En esos lugares se realizaron 24 allanamientos en donde fue posible capturar a los miembros de la red.
Los sujetos operaban a través de plataformas en las que simulaban ser un negocio de paquetería y de esa forma movían la droga, con la intención de no ser detectados por las autoridades.
El cabecilla de esta organización es José Antonio Pérez Montoya, quien era apoyado y respaldado por otros sujetos, incluyendo sus familiares quienes también han sido detenidos.
Otros de los detenidos fueron identificados como Edwin Edgardo Martínez Alvarado, Juan Manuel Reyes Flores, alias pelón; Christian Enrique Mirón Noyola, alias, tatuado; William Alexander Rivera Huezo, Pamela Sarai Acevedo Guevara, José Ezequiel Sosa Rodríguez Julio Enrique Morales Quintanilla, Gloria América Gil, Maykol Francisco Pichinte Alvarado, Orlando Francisco Díaz, Bryan Moisés Pérez Valladares, Bryan David Sánchez Molina, Josué Edenilson Bonilla Rivas, Miguel Ángel González, Guillermo Enrique Orellana Benítez, Bryan David Sánchez Molina y Brenda Guadalupe Leones Navarrete.
A los imputados se les procesará por el delito de tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas.
Como resultado de los registros, se han decomisado 19 porciones de cocaína y crack listas para su venta, 18 teléfonos celulares con información que robustecerá la investigación y más de $3,000 en efectivo.
En el marco de la conmemoración del 188 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y El Salvador, la Embajada de México en El Salvador desarrolló ayer un conversatorio para reflexionar sobre la importancia de fortalecer estos lazos de cooperación entre los dos países. Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, comentó que este tipo de eventos sirve «para reconocer cuál ha sido su historia, sus orígenes y con base a eso actuar en el presente con mayor acierto para que las relaciones sigan mejorando».
La conferencia magistral estuvo a cargo de Mario Vásquez, secretario académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y Roberto Turcios, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, quienes dieron detalles de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, desde sus primeros años.
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
