ENTREGA ESPECIAL
Guatemalteco relata trato de EEUU a deportados en medio de COVID-19: «Ni jabón nos llevaron»
Por Luis Brito y Haroldo Martínez
El ciudadano guatemalteco Marvin Canahuí ha vivido la pandemia de COVID-19 cautivo, primero en un colmado centro de detención para migrantes en Estados Unidos y después en su propio hogar en Guatemala tras su deportación.
El guatemalteco, de 38 años, es uno de los miles de migrantes que el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha deportado a América Latina en medio de la pandemia, a pesar de que numerosos centros de custodia del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en inglés) de Estados Unidos han tenido brotes o cuando menos algún contagio.
«Ni jabón de manos para desinfectarse ni desinfectante nos llevaron nunca», dijo a Xinhua Marvin, en su casa en la aldea Santa Isabel, ubicada en una tropical zona del noreste guatemalteco, donde no había regresado desde hace 17 años que migró a Estados Unidos para trabajar.
Contó que en un centro del ICE se enteró por la televisión que la pandemia golpeaba al mundo, porque desde el 3 de enero de este año estuvo encerrado en distintas instalaciones, tras su arrestó en un autobús por ser indocumentado en el estado de Texas, en el sur de Estados Unidos.
Cuando el brote del virus aceleraba en Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia a nivel global, Marvin estaba en un centro de detención en el estado estadounidense de Louisiana (sureste).
Dijo que él nunca observó que ahí se aplicaran medidas sanitarias básicas como distanciamiento o limpieza, salvo en las áreas de teléfonos o en el comedor.
Dormitorio, regaderas y baños los compartía con alrededor de 200 guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses, algunos durmiendo en el piso sobre colchonetas, porque las literas estaban ocupadas por el constante ingreso de nuevos detenidos, según relató.
«Estaba repleto de gente, lleno totalmente, no cabía mas gente (…) llevaban y llevaban prisioneros, ahí estábamos totalmente apretados», describió.
Según el ICE, el centro correccional de Catahoula, Louisiana, donde Marvin dijo que pasó en abril las últimas semanas de su custodia, sumaba a la fecha 39 detenidos contagiados del virus, aunque cuando él preguntó a los oficiales le respondieron que no había ningún caso.
Antes de su deportación al país centroamericano, personal del centro le metió una paleta plástica a la boca que después guardó, sin explicarle si se trataba de una prueba para COVID-19, ni notificarle algún resultado.
Marvin describió su arresto, ocurrido cuando regresaba al estado de Carolina del Sur, tras pasar Navidad con un hermano en California, así como su detención por más de tres meses en centros de Texas, Nuevo México y Louisiana, como una experiencia humillante que lo hizo sentirse como basura.
Desde 2003, cuando cruzó la frontera de México con Estados Unidos por el estado de Arizona, el guatemalteco trabajó en la remodelación de casas en California, Nueva York, Massachussets y Carolina del Sur sin involucrarse en problemas, pero luego de su detención lo trasladaban esposado de pies y manos como un criminal.
A mediados de abril, le entregaron la ropa que vestía cuando fue arrestado, por lo que Marvin se alegró de que sería deportado a su país de origen, ya que anhelaba libertad debido a su encierro y al trato en algunos casos notoriamente racista de oficiales, según dijo.
Cuando el vuelo del ICE aterrizó en el aeropuerto de la ciudad de Guatemala procedente de Estados Unidos, el 14 de abril pasado, Marvin y los otros deportados fueron confinados en un albergue cercano a la terminal, donde permaneció dos semanas.
Para esas fechas, varias decenas de deportados habían dado positivo al nuevo coronavirus, por lo que el gobierno de Guatemala lidiaba con Washington para que examinara a los repatriados antes de subirlos a los aviones y después suspendió temporalmente los vuelos.
Guatemala, cuyo gobierno ha señalado que posé un débil sistema de salud frente al COVID-19, registraba hasta el momento más de 1.300 casos con 29 decesos, en que según datos recogidos por la prensa local, 102 contagios correspondían a deportados por Estados Unidos.
En Colombia, Haití, Jamaica y México también se han reportado deportados contagiados, por lo que Médicos Sin Fronteras pidió a Estados Unidos el pasado 4 mayo suspender las devoluciones, al advertir que podrían exacerbar la crisis en países de la región con sistemas de salud frágiles.
Previamente, el director de la organización médico humanitaria para México y Centroamérica, Loïc Jaeger, calificó de «política criminal» que en medio de la pandemia se realizaran deportaciones sin revisión previa.
El Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, siglas en inglés), con sede en Washington, concluyó igualmente en un análisis, que el gobierno de Trump exportaba el coronavirus a la región con los vuelos del ICE y las deportaciones terrestres a México desde centros con brotes.
De acuerdo con cifras del ICE, sumaban 943 detenidos contagiados en 45 centros y se habían realizado un total de 1.788 pruebas, pese a que la población en todas las instalaciones era de 29.675 personas a finales de abril anterior.
Marvin pudo dejar el albergue, tras dos semanas en que dio negativo a igual número de pruebas a COVID-19 aplicadas por autoridades guatemaltecas, aunque le ordenaron seguir 14 días en cuarentena en su casa en Santa Isabel, en el departamento de Petén, cerca de la frontera con Belice.
Cuando llegó al hogar donde se crío, a siete horas en automóvil de la capital guatemalteca, su madre, Mónica, una mujer de 78 años casi ciega por diabetes, lo abrazó y lloraron juntos, ya que habían pasado 17 años de no verse.
Pero vecinos de la pequeña comunidad, que vive del ganado y del cultivo de frutas tropicales, temían verlo en la calle, incluso, hasta un amigo de su infancia le negó un abrazo, pese a que Marvin le aseguró que estaba sano.
El municipio de San Luis, donde está Santa Isabel, registraba solamente el contagio de un policía que contrajo el virus en otra localidad, pero la población está temerosa y le asusta la llegada de personas, según explicó a Xinhua la directora del centro de salud local, Elvia Watters.
«Espero que no tengamos que llegar a la situación de otros países, porque no sé como nos iría si eso sucede», expresó la médica.
Después de 130 días encerrado desde su arresto, Marvin pudo caminar por el poblado que prácticamente redescubrió tras dejarlo de joven, lejos de las bulliciosas ciudades estadounidenses donde remodelaba y pintaba casas.
Dijo que aunque está libre de COVID-19, entiende el riesgo de que otros deportados puedan causar contagios en pequeñas comunidades como la suya, porque vivió las condiciones de los centros del ICE, pese a que esa agencia asegure tomar medidas.
Para Marvin, el comportamiento del gobierno de Trump con las riesgosas deportaciones durante la pandemia es una «maldad», por lo que dirigió un mensaje al presidente estadounidense: «Arrepiéntase, Trump, arrepiéntase».
ENTREGA ESPECIAL
¡De caminar entre lodo a recibir una respuesta de Bukele! MOP inicia obras en calle donde niños sufren para llegar a la escuela
Lo que comenzó como una denuncia ciudadana en redes sociales terminó provocando una respuesta del presidente Nayib Bukele y la intervención del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Habitantes del caserío Catarina, cantón Paratao, distrito de Victoria, en Cabañas, expusieron las difíciles condiciones del camino que utilizan diariamente los estudiantes para llegar a su centro educativo. Las imágenes mostraron una vía deteriorada, con abundante lodo y charcos que complican el desplazamiento de los menores, especialmente durante la temporada de lluvias.
@christianguevarasv El Presidente @Nayib Bukele respondió a madre de familia y niños que solicitan que arreglen la calle que caminan a diario hacia su escuela. Muy pronto tendrán su calle bonita 🥹 Poco a poco 🙏 #respuesta #nayibbukele #elsalvador #escuelas #calles ♬ sonido original – Diputado Christian Guevara
La denuncia se volvió viral por el testimonio de una mujer de la comunidad, quien pidió ayuda al mandatario para reparar la calle. La habitante explicó que los niños deben atravesar tramos llenos de agua y lodo para asistir a clases, pese a que en la escuela se les exige presentarse con los zapatos limpios. La situación evidenció una dificultad que afecta a las familias de la zona rural, donde llegar al centro escolar puede convertirse en un desafío cotidiano.
El presidente Bukele respondió públicamente a la petición el pasado 10 de octubre y aseguró que el Gobierno atendería la necesidad de la comunidad. El mandatario expresó: «Con mucho gusto llegaremos a arreglar el camino a la escuela de esos hermosos niños que son el futuro de nuestro país». También reconoció que existen numerosas comunidades con necesidades de infraestructura acumuladas durante décadas y señaló que las intervenciones continuarán de manera progresiva.
Tras la respuesta presidencial, el Ministerio de Obras Públicas anunció el inicio de la intervención en el caserío Catarina, con el propósito de mejorar las condiciones del camino y facilitar la movilidad de estudiantes, docentes y habitantes. La actuación representa un primer paso para atender la solicitud que alcanzó difusión nacional. Sin embargo, todavía no se han precisado públicamente la extensión total del tramo que será mejorado, el presupuesto destinado ni la fecha prevista para concluir los trabajos.
La problemática vial de Paratao no es reciente. Una investigación periodística publicada anteriormente documentó las dificultades que enfrentan habitantes de esta zona de Cabañas para desplazarse hacia escuelas, hospitales y otros servicios esenciales. El reportaje describió una carretera de aproximadamente 36 kilómetros entre Victoria y el caserío Papalón, de los cuales solo una pequeña parte contaba con pavimento o empedrado. Aunque no se ha establecido que toda esa ruta forme parte de la intervención anunciada, el antecedente demuestra que el deterioro de los caminos rurales ha sido una preocupación persistente para las comunidades del sector.
Ahora, la atención se concentra en que los trabajos anunciados se traduzcan en una solución duradera para las familias de Catarina. El caso también refleja cómo una denuncia difundida en redes sociales puede llevar una necesidad comunitaria hasta las autoridades nacionales. Para los estudiantes, la expectativa es sencilla: contar con un camino transitable que les permita llegar a sus clases sin tener que atravesar el lodo cada vez que llueve.
ENTREGA ESPECIAL
A 40 años del terremoto de 1986: los 10 segundos que devastaron San Salvador y dejaron más de 1,500 muertos
Este sábado 10 de octubre de 2026, El Salvador recuerda una de las tragedias más dolorosas de su historia. Hace exactamente 40 años, a las 11:49 de la mañana del viernes 10 de octubre de 1986, un terremoto de magnitud 5.7 sacudió violentamente San Salvador y convirtió en escombros edificios, viviendas y centros de trabajo. Bastaron aproximadamente 10 segundos para cambiar la vida de miles de familias y dejar una profunda huella en la memoria colectiva de los salvadoreños.
El movimiento telúrico tuvo su origen en fallas geológicas locales, a poca profundidad y muy cerca de la capital, factores que explican su enorme capacidad destructiva. La tragedia dejó aproximadamente 1,530 personas fallecidas, 10,000 heridas y alrededor de 200,000 damnificados, según estimaciones históricas. Las pérdidas materiales alcanzaron unos 1,031 millones de dólares, una cifra devastadora para un país que, además, atravesaba uno de los períodos más difíciles del conflicto armado.
Uno de los episodios más dolorosos ocurrió en el edificio Rubén Darío, ubicado en el centro de San Salvador, cuya estructura colapsó y sepultó a cientos de personas. También resultaron gravemente afectados el Gran Hotel San Salvador, el edificio Dueñas, el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom y numerosas construcciones históricas. La escuela Santa Catalina, en el barrio San Jacinto, fue otro de los escenarios de la tragedia. Incluso el Monumento al Divino Salvador del Mundo sufrió daños cuando la imagen cayó de su pedestal, convirtiéndose en una de las fotografías más recordadas de aquel desastre.
En medio del caos, los gritos de auxilio y las calles cubiertas de escombros, surgieron innumerables historias de solidaridad. Socorristas, bomberos, voluntarios y ciudadanos trabajaron durante horas y días para rescatar sobrevivientes, utilizando herramientas improvisadas y, en muchos casos, sus propias manos. Equipos de emergencia de Guatemala se sumaron a las labores de búsqueda, mientras cientos de familias permanecían en las calles por temor a nuevas sacudidas. Durante los cuatro días posteriores se registraron centenares de réplicas que prolongaron la angustia de una población golpeada por la pérdida de sus seres queridos.
Cuatro décadas después, el terremoto del 10 de octubre de 1986 sigue siendo una herida abierta en la historia salvadoreña, pero también un recordatorio de la importancia de la prevención, las construcciones seguras y la preparación ante emergencias. Aunque San Salvador ha cambiado su paisaje urbano y muchas de las estructuras destruidas desaparecieron, los recuerdos permanecen entre quienes sobrevivieron a aquella mañana. Hoy, el país honra a las víctimas, reconoce la valentía de los rescatistas y recuerda que, en apenas 10 segundos, una ciudad entera puede cambiar para siempre.
ENTREGA ESPECIAL
Abogados denuncian presunta injerencia de juez de EE. UU. en proceso penal de El Salvador
Representantes legales vinculados a Terra Towers y TBS Management solicitaron la intervención de la Fiscalía y Cancillería ante decisiones del juez federal Lewis A. Kaplan que, según sostienen, han producido efectos sobre actuaciones judiciales y bienes relacionados con un proceso penal abierto en territorio salvadoreño.
Abogados acuden a Fiscalía y Cancillería
Dos abogados salvadoreños acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Ministerio de Relaciones Exteriores para solicitar la intervención de ambas instituciones frente a una serie de decisiones adoptadas por el juez federal estadounidense Lewis A. Kaplan, del Distrito Sur de Nueva York.
Los representantes legales de Terra Towers Corp. y TBS Management plantearon mediante escritos formales lo que consideran una injerencia en la jurisdicción salvadoreña, al sostener que determinadas resoluciones dictadas en Estados Unidos han terminado repercutiendo sobre procedimientos judiciales que se desarrollan en El Salvador.
La controversia forma parte de una prolongada disputa empresarial por el control y eventual venta de Continental Towers Latam Holdings Limited, compañía dedicada al desarrollo y operación de infraestructura de telecomunicaciones en varios países de América Latina.
Documentos del tribunal federal estadounidense identifican a Terra Towers y TBS Management como accionistas mayoritarios de Continental, mientras que Telecom Business Solution y Latam Towers —vinculadas a Peppertree— y AMLQ Holdings figuran entre los inversionistas minoritarios. El mismo expediente señala que AMLQ es una afiliada de Goldman Sachs.
Una disputa empresarial que llegó a los tribunales
El conflicto entre los socios terminó trasladándose a un arbitraje en Nueva York y posteriormente a los tribunales estadounidenses. Desde entonces, las partes han protagonizado una extensa batalla jurídica que ha producido laudos arbitrales, órdenes judiciales, sanciones por desacato y decisiones relacionadas con el control y las acciones de Continental Towers.
La protesta presentada en El Salvador sostiene que las consecuencias de algunas de esas decisiones habrían trascendido la controversia estadounidense y alcanzado a sociedades y procedimientos sometidos a la jurisdicción salvadoreña.
Uno de los principales cuestionamientos se relaciona con una resolución emitida en abril de 2025. Según los escritos de los abogados, Kaplan dispuso el desistimiento de un amparo presentado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, además de la revocación de un arbitraje iniciado ante la Cámara de Comercio e Industria del país.
La medida contemplaba multas coercitivas que comenzaban en $10,000 diarios y podían incrementarse cada 14 días mientras persistiera el incumplimiento. Los representantes legales salvadoreños sostienen que esa presión económica llevó a la representante de Continental Towers El Salvador a desistir del proceso constitucional.
El traspaso de las acciones eleva la controversia
El conflicto escaló nuevamente en 2026.
De acuerdo con la documentación presentada por los abogados, el 21 de enero de 2026 se produjo una nueva decisión relacionada con la entrega de las acciones que Terra Towers y TBS Management mantenían en Continental Towers Latam Holdings.
Posteriormente, el 7 de mayo, Kaplan declaró en desacato a las sociedades y estableció un plazo para concretar el traspaso. Ante el incumplimiento de la orden, el secretario del tribunal estadounidense quedó facultado para ejecutar los documentos necesarios para efectuar la transferencia.
Esta parte del conflicto también consta en el expediente federal de Nueva York. La resolución del 7 de mayo señala que Terra Towers y TBS Management habían incumplido una orden que exigía transferir sus acciones como satisfacción total o parcial de una sentencia superior a $300 millones a favor de los peticionarios. El tribunal estadounidense sostiene que las sociedades habían desobedecido reiteradamente resoluciones anteriores.
Esta última precisión resulta relevante porque muestra las dos posiciones enfrentadas: mientras los representantes salvadoreños cuestionan los efectos que las decisiones estadounidenses habrían producido sobre asuntos sometidos a la justicia de El Salvador, el tribunal de Nueva York sostiene que sus actuaciones forman parte de la ejecución de laudos arbitrales y sentencias previamente dictadas dentro de esa controversia.
Denunciantes señalan efectos sobre un proceso penal salvadoreño
Para los abogados que acudieron a la FGR y Cancillería, el problema adquiere una dimensión mayor porque el traspaso de las acciones habría generado consecuencias sobre bienes relacionados con un proceso penal que permanece activo en El Salvador.
El expediente es conocido por el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador e incluye señalamientos por los delitos de estafa agravada, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas contra cinco personas relacionadas con la disputa empresarial, según la documentación proporcionada por los denunciantes.
Los representantes legales afirman que existen órdenes de arresto contra los procesados y señalan que entre ellos figuran tres ejecutivos estadounidenses relacionados con Peppertree, a quienes describen como fugitivos. Asimismo, indican que esperan la tramitación de una difusión roja de INTERPOL para su localización y detención. La documentación base no señala que esa difusión roja ya haya sido emitida.
Terra Towers, TBS Management y las subsidiarias salvadoreñas aparecen, de acuerdo con los escritos, como víctimas reconocidas dentro de esa causa penal.
Piden valorar una protesta diplomática
Ante este escenario, los abogados solicitaron que las autoridades salvadoreñas informen al Gobierno de Estados Unidos sobre las actuaciones que cuestionan y que se valore la presentación de una protesta diplomática.
El argumento central de los denunciantes es que las resoluciones adoptadas por el tribunal de Nueva York podrían reducir la eficacia práctica de medidas dictadas por la justicia salvadoreña, especialmente aquellas relacionadas con consecuencias patrimoniales dentro del proceso penal.
El caso abre así un nuevo capítulo en una disputa corporativa que dejó de limitarse hace tiempo a un desacuerdo entre accionistas. El conflicto involucra ahora arbitraje internacional, resoluciones de una corte federal estadounidense, procedimientos judiciales en El Salvador y cuestionamientos sobre hasta dónde pueden extenderse los efectos de decisiones adoptadas en una jurisdicción extranjera.
Por ahora, la calificación de estas actuaciones como una “injerencia” corresponde a los abogados que presentaron los escritos ante las autoridades salvadoreñas. En paralelo, el expediente estadounidense muestra que el tribunal de Kaplan considera sus decisiones parte de la ejecución de obligaciones contractuales, laudos arbitrales y sentencias que ha confirmado durante el litigio. En junio de 2026, el mismo tribunal confirmó el laudo arbitral final y rechazó la solicitud presentada para anularlo.
