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El Salvador se mantiene con cero muertes por dengue, zika y chikungunya
El Gobierno avanza con la estrategia de combate del zancudo transmisor del dengue, zika y chikungunya. En más de dos años, ni un solo salvadoreño ha muerto por causa de estas enfermedades, como resultado de las jornadas de fumigación y actividades para la salud ejecutadas por los equipos institucionales en distintas zonas del país.
El Salvador se mantiene en la Zona de Éxito del Corredor Endémico debido a los pocos pacientes que se registran en el sistema.
Los casos confirmados de dengue que registra el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud, correspondiente hasta la semana 17 indica 12 pacientes confirmados con dengue. El año pasado en similar periodo fueron 14.
Lo relevante en el manejo de esta enfermedad es que no hay personas fallecidas, los casos confirmados son tratados debidamente por los equipos de médicos y las personas se recuperan satisfactoriamente.
El Sistema de Salud Pública de El Salvador, posterior a la pandemia de COVID-19, ha quedado fortalecido con modernos equipos, insumos de calidad y personal capacitado. El Gobierno del Presidente Nayib Bukele se ha enfocado, desde el inicio de la gestión, en brindar un servicio médico de calidad a los pacientes, similar, incluso, mejor al ofrecido en el sector privado.
Sin embargo, la clave del éxito en el tema de la baja de casos de dengue, zika y chikungunya es, sin duda, las permanentes jornadas de salud que hacen diariamente en las poblaciones.
Solo a la semana 17 se contabilizan 32,637 viviendas visitadas en distintas zonas; 176,571 depósitos inspeccionados, entre útiles e inservibles, llantas y naturales; 3,680 viviendas fumigadas y 863 áreas colectivas tratadas (iglesias, centros escolares, instalaciones de instituciones, etc.) En total 1,869 actividades.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
