Internacionales
Tensión en frontera: Estados Unidos despliega a 24,000 agentes
A pocas horas para que expiren las reglas del Título 42, Estados Unidos anunció nuevas disposiciones que buscan disuadir la migración irregular y promover vías legales para quienes buscan llegar a este país.
Tras la expiración del llamado Título 42 (que permite la deportación inmediata), EE. UU. desplegó a 24,000 agentes en la frontera con México para atender a los migrantes que tomen «vías legales» para entrar al país y expulsar a los demás.
El Gobierno envió a la frontera a más de 24,000 agentes del orden junto con otros 1,100 nuevos coordinadores de la patrulla fronteriza. También reforzó con policías de otras agencias del Departamento de Seguridad Nacional, 400 voluntarios y 1,000 personas encargadas de las entrevistas de miedo creíble, para que evalúen si existe la posibilidad de que la persona sea perseguida o torturada si regresa a su país.
Sumando al personal, han contratado a 1,400 médicos y personal sanitario. Bajo las nuevas restricciones, la vía legal para pedir asilo será a través de la aplicación en línea CBP One, y una vez que la persona llegue a un puerto de entrada con su cita programada, un funcionario de inmigración determinará si puede entrar a completar el trámite.
De acuerdo con el DHS, se otorgarán 1,000 citas cada día a través de dicha aplicación. Los funcionarios explicaron que, bajo el Título 8, los migrantes que cruzan la frontera de manera irregular no son elegibles para solicitar protección bajo la figura de asilo.
Con esa idea buscan penalizar a todos los individuos que no utilicen las vías que se han establecido. En cuanto a los migrantes irregulares a quienes no es posible deportar a México, los funcionarios dijeron que la capacidad de los vuelos de repatriación a sus países aumentó más de 70 % en el último año y continuará expandiéndose bajo el Título 8.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, informó en una conferencia de prensa que endurecerán los requisitos de asilo para los migrantes irregulares y recalcó que «el fin del Título 42 no significa una frontera abierta, sino todo lo contrario».
Según las nuevas condiciones, quienes sean expulsados a partir del viernes deberán esperar cinco años para volver a pedir asilo. Además, serán inelegibles los migrantes que lleguen a la frontera sin cita y sin que se les haya negado protección en un tercer país.
EE. UU. intenta convencer a los migrantes de que recurran a estas vías, como pedir cita a través de la aplicación móvil, recurrir a un permiso de reunificación familiar o acogerse a un programa que autoriza entrar a 30,000 personas por mes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití por motivos humanitarios.
El papa León XIV recibió este viernes a los obispos de El Salvador, quienes se encuentran en Roma para realizar la visita «ad limina Apostolorum», una jornada en la que los representantes de la Iglesia salvadoreña presentaron al Pontífice la situación de sus diócesis y los principales desafíos pastorales.
El encuentro se desarrolló al cierre de la visita iniciada el pasado 7 de septiembre, durante la cual los obispos sostuvieron reuniones con diferentes organismos de la Curia Romana y compartieron aspectos relacionados con la realidad de El Salvador y de la Iglesia en el país.
Como parte de la visita, los obispos entregaron al papa León XIV una reliquia de primer grado de san Óscar Arnulfo Romero, figura central de la Iglesia salvadoreña y uno de los santos más reconocidos del país.
El cardenal Gregorio Rosa Chávez destacó el ambiente de cercanía durante las actividades realizadas en Roma y señaló que los encuentros permitieron abordar diferentes temas de interés para la Iglesia salvadoreña.
Entre los aspectos señalados por el cardenal estuvo la importancia de colocar a la persona humana en el centro frente a los desafíos actuales. También destacó el legado de san Romero y el cariño que existe hacia su figura dentro de la Iglesia.
Rosa Chávez hizo además un llamado a mantener la esperanza y a trabajar por una cultura de encuentro y diálogo en El Salvador, con una mirada puesta en el futuro del país.
Al finalizar su participación, el cardenal dejó un mensaje para los salvadoreños: «Que no decaiga la esperanza. Que sigamos esperando con esperanza y soñando el futuro que Dios quiere», expresó.
Cilia Flores, esposa del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, solicitó a la justicia de Estados Unidos que le permita continuar el proceso judicial en su contra bajo arresto domiciliario, debido a problemas cardíacos que, según su defensa, requieren atención médica especializada.
Flores, de 69 años, se encuentra detenida en una prisión federal de Brooklyn, Nueva York, donde permanece desde el 3 de enero, cuando fue capturada junto a Maduro durante un operativo estadounidense en Caracas.
Antes de su captura, Flores «estaba físicamente sana y no tomaba ningún medicamento de forma continua, salvo una inyección mensual», aseguró su abogado Mark Donnelly en un documento fechado el miércoles.
Sin embargo, de acuerdo con su defensa, actualmente toma cuatro medicamentos y presenta problemas cardíacos que requieren una exploración coronaria y una intervención.
Ante esta situación, el abogado solicitó que Flores sea trasladada a una residencia privada en Estados Unidos, donde cumpliría un régimen de arresto domiciliario bajo condiciones estrictas. La propuesta contempla vigilancia armada las 24 horas, el uso de un brazalete electrónico y la confiscación de su pasaporte.
El pedido también señala que las condiciones de reclusión actuales no le permiten recibir la atención que necesita para atender sus problemas de salud.
El exmandatario venezolano y su esposa están procesados en Estados Unidos y acusados de haber ayudado a traficar cocaína hacia ese país, cargos que ambos niegan.
Hace una semana, Maduro solicitó desestimar los cargos en su contra y apeló a su inmunidad como jefe de Estado para argumentar que el tribunal de Nueva York que lleva su caso y el de Flores no es competente.
Desde que Maduro fue depuesto, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez gobierna Venezuela de manera interina, bajo fuerte presión de Washington.
Cientos de personas continúan durmiendo en calles, carpas o albergues en Pereira, Colombia, un mes después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto, que dejó más de 330 personas fallecidas y provocó el derrumbe de miles de edificios.
Fanery Andrade, una vendedora ambulante de 41 años, permanece junto a su familia en una carpa instalada en un parque, después de que su vivienda quedara reducida a escombros. La mujer espera recibir las ayudas anunciadas por el Gobierno.
«Aún estamos acá porque está difícil los arriendos, hemos mirado, son costosísimos, los subieron por las nubes», relató Andrade a la AFP.
El terremoto, que golpeó el occidente de Colombia, también derribó colegios, hospitales y miles de edificios. Las pérdidas económicas fueron estimadas en $9,500 millones y las labores de reconstrucción tomarán años.
Andrade recordó que logró salir de su vivienda poco antes de que esta se derrumbara, a pocos metros del parque donde actualmente permanece. «Uno duerme todavía con susto», aseguró mientras señalaba los restos de su casa.
La mujer tuvo la posibilidad de trasladarse a un albergue, pero decidió permanecer cerca de seis familias vecinas que también instalaron sus carpas en el lugar. «Entre todos nos colaboramos», expresó.
Andrade, quien padece anemia y otras patologías, también busca recuperar su pequeño puesto de frituras y conseguir nuevamente una vivienda. «Una casita» es uno de sus principales anhelos.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo tres días antes del terremoto, anunció subsidios de $285 mensuales para el alquiler durante tres meses destinados a las personas afectadas. Sin embargo, varios damnificados consultados por la AFP afirmaron que todavía no habían recibido la ayuda gubernamental.
Entre quienes buscan salir adelante se encuentra Francia Elena Vásquez, quien perdió su tienda familiar de velas aromáticas y utensilios desechables, negocio en el que trabajó durante 28 años.
Tras perder el establecimiento, Vásquez retomó sus actividades comerciales en un espacio prestado dentro de un estacionamiento. «Gracias a la comunidad, a la gente, (…) nos ha ido bien», relató la comerciante.
De acuerdo con la entidad de atención de desastres, el terremoto dejó más de 36,300 viviendas destruidas.
Otro de los afectados es Matías Vélez, un auxiliar de enfermería de 36 años que resultó herido durante el terremoto. Tras el colapso de su apartamento, se trasladó a vivir con sus padres mientras se recupera y retoma sus actividades laborales.
«Nos toca empezar de cero», afirmó Vélez.
