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Florida aprueba una dura ley contra la inmigración irregular
El estado de Florida, en el sur de Estados Unidos, aprobó el miércoles una ley con duras medidas contra la migración irregular, impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis, cuya postulación a la Casa Blanca en 2024 parece inminente.
DeSantis firmó el texto durante un evento en Jacksonville, en el noreste del estado, bajo el lema « »La crisis fronteriza de (Joe) Biden», el presidente demócrata al que acusa de no atender la inmigración ilegal.
«Los cárteles de la droga mexicanos tienen más que decir sobre lo que ocurre en la frontera sur que nuestro propio gobierno estadounidense», dijo el gobernador, justificando la necesidad de la nueva ley floridana.
El texto entrará en vigor el 1 de julio. Entre sus medidas más destacadas, exigirá a las empresas con más de 25 empleados que utilicen E-Verify, un sistema federal para comprobar el estatus migratorio de las personas a las que quieran contratar.
La ley obligará además a los hospitales que aceptan el seguro público Medicaid a recoger datos sobre el estatus migratorio de sus pacientes, y convertirá en un delito castigado con hasta 15 años de prisión el transporte de personas en situación migratoria irregular desde otro estado a Florida.
Las autoridades dejarán por otra parte de reconocer las licencias de conducir emitidas fuera del estado a migrantes que ingresaron al país de forma ilegal, además de prohibir la financiación de programas locales para otorgarles documentos de identidad.
«Florida está contraatacando»
Unos 660.000 extranjeros residían en Florida en situación irregular en 2018, según la última estimación publicada por el Departamento de Seguridad Interior (DHS) de Estados Unidos en 2021.
DeSantis, de 44 años, figura ascendente de la derecha estadounidense, ha promovido en los últimos meses una agenda muy conservadora en asuntos relacionados con la enseñanza, la inmigración o el derecho al aborto.
El gobernador defendió este miércoles la ley migratoria como una medida necesaria para reducir la delincuencia provocada, según él, por la «enorme negligencia» de la administración Biden.
Antes de firmar el texto, puso como ejemplo varios delitos violentos cometidos en Florida por «extranjeros ilegales» y las muertes provocadas por el tráfico de fentanilo –un opioide hasta 50 veces más potente que la heroína– desde México.
Esta situación «ha afectado mucho a nuestro país y Florida está contraatacando», declaró.
La mayoría republicana en ambas cámaras estatales le ha brindado a DeSantis su apoyo completo para aprobar leyes que le han garantizado una gran atención mediática.
El año pasado, el gobernador hizo enviar dos grupos de venezolanos indocumentados desde la frontera en Texas hasta bastiones demócratas del noreste de Estados Unidos a bordo de dos aviones privados.
Ese programa de traslado de migrantes recibirá 12 millones de dólares en el año fiscal 2013/2014 tras la entrada en vigor de la ley aprobada este miércoles.
Las iniciativas de DeSantis han sido cuestionadas por defensores de los derechos humanos.
«Florida penaliza a los inmigrantes por haber tenido la mala suerte de nacer en países convulsos y haber tenido el valor de buscar aquí la paz y la prosperidad», declaró Tessa Petit, directora ejecutiva de la organización Florida Inmigration Coalition, en un comunicado enviado este miércoles.
Las críticas de los detractores se centran sobre todo en las consecuencias del uso de E-Verify y la obligación para los hospitales de recopilar datos de sus pacientes.
Según la oenegé Florida Policy Institute, la imposición de utilizar E-Verify podría costarle 12.600 millones de dólares en un año a la economía de Florida, donde trabajan numerosos extranjeros en situación migratoria irregular en sectores como la construcción, la agricultura, la restauración y el ocio.
Respecto a la norma sobre hospitales, «hará que muchas personas renuncien a la atención médica o la retrasen, creando un clima de miedo si creen que acudir al hospital puede acarrear la deportación o la separación familiar», denunció en un comunicado Aurelie Colon Larrauri, defensora de política en Florida en la oenegé Latina Institute for Reproductive Justice.
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
