Judicial
Funes y Munguía Payés podrían recibir penas de 14 a 18 años de cárcel por tregua con pandillas
Condenas de 14 y 18 años podrían recibir el expresidente Mauricio Funes y el exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, si son encontrados culpables y el juez les impone las penas máximas por cada uno de los delitos que la Fiscalía General de la República les atribuye en el caso Tregua.
Este viernes 12 de mayo está previsto que el Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador culmine el juicio por e ese caso que vincula a exfuncionarios y jefes pandilleros.
Son tres delitos los acusados por el ministerio público; el primero es agrupaciones ilícitas y tiene que ver con haber promovido, facilitado y favorecido a las pandillas con el proceso de la tregua.
El segundo ilícito atribuido es actos arbitrarios, según el ministerio público hubo un exceso en sus facultades para autorizar el traslado de reos desde el penal de Máxima Seguridad a otros reclusorios cuando los indicados para avalarlo eran los jueces de vigilancia penitenciaria.
Y el tercero es incumplimiento de deberes, el cual lo cometieron porque en su calidad de funcionarios públicos omitieron y no hicieron nada para detener las serie de ilegalidades que se estaban dando a raíz de la tregua.
Mauricio Funes enfrenta la vista pública por agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes. Por el primer delito puede llegar a recibir entre tres y seis años de prisión, el artículo 345 vigente para cuando se dieron los hechos reprocha promover, ayudar, facilitar y favorecer la conformación o permanencia en las agrupaciones, asociaciones u organizaciones.
Mientras que el incumplimiento de deberes es castigado con cárcel de cuatro a seis años y se incrementa en dos años, si ese ilícito da lugar a un hecho delictivo, que fue lo ocurrido con Funes, según la acusación Fiscal.
Si el expresidente es condenado y se le aplica las penas máximas puede llegar a recibir 14 años por los dos delitos.
En el caso de David Munguía Payés, la Fiscalía, además de los dos ilícitos que le atribuye a Funes, también lo señala de haber incurrido en actos arbitrarios castigado con prisión de dos a cuatro años, lo cual indica que si llegara a ser condenado a penas máximas por cada delito, podría recibir 18 años de prisión.
En la vista pública que ya está llegando a la recta final, los abogados defensores de David Munguía Payés han planteado al juez que al momento de emitir el fallo se aplique la subsunción de delitos, es decir, que si la sentencia es condenatoria el delito más complejo como es las agrupaciones ilícitas absorba el incumplimiento de deberes y actos arbitrarios.
De esa manera si el exministro Munguía Payés es condenado la pena se le impondrá solo por agrupaciones ilícitas y se estaría evitando una condena elevada.
Los abogados particulares hicieron esa petición en el juicio, pero el juez les manifestó que esa decisión la iba dejar para el final de la vista pública.
En el caso tregua lo que el ministerio público está buscando es que los dos exfuncionarios sean condenados aplicando el principio de concurso real de delito, es decir que existan penas por cada uno de los ilícitos porque son diferentes hechos punibles.
El primer beneficio que según la Fiscalía se le otorgó a las pandillas como parte del pacto de la tregua fue trasladar a los principales cabecillas de la Mara Salvatrucha y Pandilla 18 recluidos en el penal de máxima seguridad hacia penales comunes. Testigos han llegado a confirmarlo al juicio.
Las pandillas exigieron además, que en cada una de las celdas se les instalara electricidad para poder utilizar aparatos electrónicos y recargar los teléfonos celulares que se les iba permitir ingresar para mantener comunicación.
Los penales de pandillas se convirtieron además en centros de explotación sexual porque se les permitió que ingresaran mujeres y menores de edad a prestar servicios sexuales cuando se organizaban fiestas entre ellas para el día de los reos, la visita íntima se amplió y se modificó el horario para que las parejas de los pandilleros ingresaran a cualquier hora del día, así ha quedado establecido con testimonios de testigos.
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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que presentará un recurso de apelación tras la orden del Juzgado de sobreseer a los acusados por la tragedia en el estadio Cuscatlán.
Se trata del presidente de Alianza FC, Pedro Hernández; del gerente de Seguridad de Alianza FC, Edwin Abarca Ventura; de la gerente financiera de Alianza FC, Zoila Córdova; del gerente general de Estadios Deportivos de El Salvador (EDESSA), Reynaldo Avelar Contreras; y del encargado de las llaves del estadio, Samuel García Montano.
De acuerdo con la información, el Juzgado Primero de Paz decretó la suspensión del procedimiento contra los detenidos por el delito de estragos culposos y ordenara sobreseimiento definitivo por homicidio y lesiones culposas, por lo este viernes debían ser liberados los cinco procesados.
En el falló se estableció la suspensión del proceso por un año donde los imputados iban a cumplir una serie de acciones propuestas por la Fiscalía, pero las autoridades no se mostraron conformes, por lo que presentarán el recurso mencionado.
“La FGR presentará recurso de apelación ante el resultado obtenido este día, en el caso de la tragedia, ocurrida en el estadio Cuscatlán. Los responsables seguirán detenidos. Se continuará utilizando todas las herramientas legales, para lograr que se haga justicia”, expresó la Fiscalía tras conocer el fallo del Juzgado.
Mientras el caso continúa los imputados quedarán tras las rejas por la tragedia que dejó 09 fallecidos y 51 lesionados.
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Una condena de 20 años de prisión deberá cumplir Santos Manuel García Madrid, por haber sido declarado culpable de violar a una mujer en 2019.
Las pruebas presentadas en juicio por la Fiscalía General de la República (FGR) lograron que el tribunal que conoció el caso declarara responsable a García Madrid de violación y otras agresiones sexuales.
Las agresiones fueron cometidas aproximadamente a las 5:30 de la tarde el 29 de octubre de 2019, cuando víctima (mujer de 20 años), se encontraba en la parada de buses ubicada en la esquina opuesta de la Catedral Basílica de San Miguel.
Según la acusación fiscal, el imputado interceptó a la víctima y le realizó una serie de preguntas, hasta que finalmente le dijo que actuara con normalidad y que lo acompañara a otro lugar. La víctima se negó a acompañarlo.
“El imputado le dijo que si no se iba con él la mataría y que ya había matado otras mujeres, que ella no iba a ser la primera ni la última. Posteriormente, el hombre le dio un golpe en el pecho a la víctima, provocándole mucho temor”, manifestó la fiscal del caso.
La víctima intentó pedir ayuda a las personas que se encontraban en el lugar, pero nadie le prestó atención. El imputado obligó a la víctima que caminara hasta un hotel cercano a la terminal de buses, donde la obligó a bañarse.
“El imputado le preguntó a la víctima a que iglesia asistía, ella le dijo que a Iglesia Cret y le pidió que le cantara unas alabanzas. Posteriormente este la atacó sexualmente”, agregó la fiscal.
García Madrid, además de la pena de prisión, deberá pagar $600 en concepto de responsabilidad civil.
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FGR presentará apelación contra liberación de responsables por tragedia en estadio Cuscatlán
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que presentará un recurso de apelación contra tres dirigentes de Alianza y dos empleados de EDESSA, señalados por la Fiscalía como responsables de la tragedia ocurrida en el estadio Cuscatlán, el pasado 20 de mayo.
Más temprano, este mismo día se informó que los responsables habían llegado a un acuerdo con más de medio centenar de víctimas para conciliar por los delitos de lesiones y homicidio culposos, lo cual permitió que los cinco procesados quedaran en libertad.
En la audiencia inicial realizada este viernes, el Juzgado Primero de Paz de San Salvador autorizó la salida alterna por esos delitos ya que la normativa lo permite.
No obstante, el Ministerio Público indicó que continuarán utilizando todas las herramientas legales para que los responsables continúen detenidos.
«La FGR presentará recurso de apelación ante el resultado obtenido este día, en el caso de la tragedia, ocurrida en el Estadio Cuscatlán. Los responsables seguirán detenidos. Se continuará utilizando todas las herramientas legales, para lograr que se haga justicia», indicó la FGR en su cuenta oficial de Twitter.
El 20 de mayo, una estampida humana en el sector popular del estadio Cuscatlán provocó la muerte de 9 personas -y no 12 como se dijo en el primer momento- y provocó algún tipo de lesiones en decenas de aficionados, pero solo 51 casos de lesionados fueron judicializados.
En las investigaciones que la Fiscalía desarrolló, se determinó que hubo negligencia en la organización del evento deportivo por parte de los dirigentes y empleados de EDESSA procesados.
Los argumentos sostenidos por la representación fiscal es que los imputados estaban en la obligación de garantizar el desarrollo adecuado del encuentro futbolístico entre Alianza FC y Club Deportivo FAS como parte de los cuartos de final de la liga mayor y que definiría el club que avanzaría a las semifinales del torneo que fue dado por finalizado.
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