Internacionales
Florida aprueba una dura ley contra la inmigración irregular
El estado de Florida, en el sur de Estados Unidos, aprobó el miércoles una ley con duras medidas contra la migración irregular, impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis, cuya postulación a la Casa Blanca en 2024 parece inminente.
DeSantis firmó el texto durante un evento en Jacksonville, en el noreste del estado, bajo el lema « »La crisis fronteriza de (Joe) Biden», el presidente demócrata al que acusa de no atender la inmigración ilegal.
«Los cárteles de la droga mexicanos tienen más que decir sobre lo que ocurre en la frontera sur que nuestro propio gobierno estadounidense», dijo el gobernador, justificando la necesidad de la nueva ley floridana.
El texto entrará en vigor el 1 de julio. Entre sus medidas más destacadas, exigirá a las empresas con más de 25 empleados que utilicen E-Verify, un sistema federal para comprobar el estatus migratorio de las personas a las que quieran contratar.
La ley obligará además a los hospitales que aceptan el seguro público Medicaid a recoger datos sobre el estatus migratorio de sus pacientes, y convertirá en un delito castigado con hasta 15 años de prisión el transporte de personas en situación migratoria irregular desde otro estado a Florida.
Las autoridades dejarán por otra parte de reconocer las licencias de conducir emitidas fuera del estado a migrantes que ingresaron al país de forma ilegal, además de prohibir la financiación de programas locales para otorgarles documentos de identidad.
«Florida está contraatacando»
Unos 660.000 extranjeros residían en Florida en situación irregular en 2018, según la última estimación publicada por el Departamento de Seguridad Interior (DHS) de Estados Unidos en 2021.
DeSantis, de 44 años, figura ascendente de la derecha estadounidense, ha promovido en los últimos meses una agenda muy conservadora en asuntos relacionados con la enseñanza, la inmigración o el derecho al aborto.
El gobernador defendió este miércoles la ley migratoria como una medida necesaria para reducir la delincuencia provocada, según él, por la «enorme negligencia» de la administración Biden.
Antes de firmar el texto, puso como ejemplo varios delitos violentos cometidos en Florida por «extranjeros ilegales» y las muertes provocadas por el tráfico de fentanilo –un opioide hasta 50 veces más potente que la heroína– desde México.
Esta situación «ha afectado mucho a nuestro país y Florida está contraatacando», declaró.
La mayoría republicana en ambas cámaras estatales le ha brindado a DeSantis su apoyo completo para aprobar leyes que le han garantizado una gran atención mediática.
El año pasado, el gobernador hizo enviar dos grupos de venezolanos indocumentados desde la frontera en Texas hasta bastiones demócratas del noreste de Estados Unidos a bordo de dos aviones privados.
Ese programa de traslado de migrantes recibirá 12 millones de dólares en el año fiscal 2013/2014 tras la entrada en vigor de la ley aprobada este miércoles.
Las iniciativas de DeSantis han sido cuestionadas por defensores de los derechos humanos.
«Florida penaliza a los inmigrantes por haber tenido la mala suerte de nacer en países convulsos y haber tenido el valor de buscar aquí la paz y la prosperidad», declaró Tessa Petit, directora ejecutiva de la organización Florida Inmigration Coalition, en un comunicado enviado este miércoles.
Las críticas de los detractores se centran sobre todo en las consecuencias del uso de E-Verify y la obligación para los hospitales de recopilar datos de sus pacientes.
Según la oenegé Florida Policy Institute, la imposición de utilizar E-Verify podría costarle 12.600 millones de dólares en un año a la economía de Florida, donde trabajan numerosos extranjeros en situación migratoria irregular en sectores como la construcción, la agricultura, la restauración y el ocio.
Respecto a la norma sobre hospitales, «hará que muchas personas renuncien a la atención médica o la retrasen, creando un clima de miedo si creen que acudir al hospital puede acarrear la deportación o la separación familiar», denunció en un comunicado Aurelie Colon Larrauri, defensora de política en Florida en la oenegé Latina Institute for Reproductive Justice.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó nuevamente el domingo con aniquilar a Irán, dos meses y medio después del inicio de la ofensiva contra Teherán, mientras un dron se estrelló cerca de una instalación nuclear en Emiratos Árabes Unidos.
Tras más de un mes de tregua, la perspectiva de una solución al conflicto, que comenzó el 28 de febrero, sigue siendo lejana.
«Para Irán, el tiempo apremia, y más les vale moverse, RÁPIDO, o no quedará nada de ellos», advirtió Trump en su plataforma Truth Social.
Emisarios de los dos países no hablan directamente desde una reunión en Pakistán a mediados de abril.
Antes incluso del mensaje de Trump, Teherán había lanzado una advertencia a Washington.
«El presidente estadounidense debería saber que si […] Irán es agredido de nuevo, los recursos y el ejército de su país se verán confrontados a escenarios inéditos, ofensivos, sorprendentes y tumultuosos», dijo el portavoz de las fuerzas armadas, Abolfazl Shekarchi.
El vicepresidente del Parlamento, Hamidreza Hajibabaei, declaró que si se atacaban las instalaciones petroleras iraníes, Irán golpearía instalaciones petroleras en la región.
La guerra ha provocado un bloqueo de facto del estratégico estrecho de Ormuz, por el que pasaba alrededor del 20% de las exportaciones mundiales de hidrocarburos, y ha arrastrado a los vecinos Israel y Líbano a un mortífero conflicto paralelo.
Teherán, principal apoyo del grupo libanés Hezbolá, exige un alto el fuego duradero en Líbano para firmar la paz con Trump.
Un oficial militar israelí afirmó el domingo que Hezbolá había lanzado unos 200 proyectiles contra Israel y sus tropas durante el fin de semana, a pesar de que Israel y Líbano acordaron prorrogar el alto el fuego.
El ministerio de Salud libanés informó que nuevos ataques israelíes el domingo en el sur del país dejaron cinco muertos, entre ellos dos niños.
Los ataques israelíes desde el inicio de la guerra provocaron la muerte de más de 2,900 personas en Líbano, incluidos 400 desde el inicio de la tregua el 17 de abril, según las autoridades libanesas.
Washington y Teherán acordaron un cese de hostilidades el 8 de abril, pero las negociaciones de paz se estancaron y los ataques esporádicos continuaron.
El domingo, medios iraníes aseguraron que Estados Unidos no había cedido en nada concreto en su última respuesta a la agenda propuesta por Irán para las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra.
La agencia de noticias Fars señaló que Washington había presentado una lista de cinco puntos que incluía la exigencia de que Irán mantuviera en funcionamiento solo una instalación nuclear y transfiriera su reserva de uranio altamente enriquecido a Estados Unidos.
Washington también se negó a liberar «ni siquiera el 25%» de los activos iraníes congelados en el extranjero o a pagar reparaciones por los daños infligidos a Irán durante la guerra, según Fars
La agencia de noticias Mehr, por su parte, afirmó: «Estados Unidos, sin hacer concesiones tangibles, pretende conseguir concesiones que no logró obtener durante la guerra, lo que conducirá a un punto muerto en las negociaciones».
El domingo se registraron más disturbios en la región.
Un ataque con dron provocó un incendio cerca de una central nuclear en Emiratos Árabes Unidos, sin que se reportaran heridos ni un aumento en los niveles de radiación.
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, expresó «su profunda preocupación» y afirmó que «cualquier actividad militar que amenace la seguridad nuclear es inaceptable».
Grupos armados en Irak respaldados por Irán poseen drones de combate, y los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Teherán, también.
Pakistán ha mediado en las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos, y su ministro del Interior, Mohsin Naqvi, se reunió el domingo en Teherán con el principal negociador iraní y presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf.
En una publicación en redes sociales tras las conversaciones, Qalibaf afirmó que la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán había desestabilizado a todo Oriente Medio.
«Algunos gobiernos de la región creían que la presencia de Estados Unidos les traería seguridad, pero los acontecimientos recientes demostraron que esta presencia no solo es incapaz de proporcionar seguridad, sino que también crea las condiciones para la inseguridad», dijo.
Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, abordaron el tema del conflicto durante su cumbre de alto nivel esta semana.
Trump dijo que Xi le aseguró que China no se estaba preparando para enviar ayuda militar a Irán, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores chino afirmó el viernes en un comunicado que «las rutas marítimas deben reabrirse lo antes posible».
El hallazgo de 780 kilos de metanfetamina sólida y 300 litros de metanfetamina líquida ocurrió en el estado de Nayarit (oeste) durante «recorridos de disuasión» encabezados por la Secretaría de Marina, informó Seguridad en un comunicado.
La droga estaba almacenada en contenedores de plástico y hieleras en un terreno baldío, se observa en la fotografías distribuidas por el despacho.
Además, tres laboratorios clandestinos de fabricación de drogas sintéticas fueron inhabilitados en el estado de Sinaloa (noroeste) y uno más en el estado de Jalisco (oeste).
La metanfetamina incautada está relacionada con Audias «Jardinero» Flores, un líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) detenido hace tres semanas en México.
Flores fue considerado como uno de los posibles sucesores de Nemesio «El Mencho» Oseguera, fundador del CJNG que murió en un violento operativo del ejército mexicano el 22 de febrero.
El capo enfrenta acusaciones de tráfico de cocaína y heroína en Estados Unidos desde 2020.
El jueves la justicia de ese país amplió los cargos en su contra para incluir contrabando de metanfetamina, lavado de dinero y uso de armas.
Washington ha pedido a México la extradición de Flores, proceso que ha sido suspendido provisionalmente por un tribunal federal mexicano.
La embarcación, interceptada el viernes, fue trasladada a la Base Naval en el Puerto de San José para el conteo de la droga y la entrega de los detenidos a la Fiscalía, explicó en un comunicado la Policía Nacional Civil.
Precisó que la embarcación se ubicaba a más de 600 millas náuticas en aguas del Océano Pacífico guatemalteco, con seis tripulantes a bordo y transportaban 50 sacos que «contenían aproximadamente 1.500 kilos de cocaína».
Las autoridades indicaron que la embarcación zarpo de Ecuador y valoraron la droga en más de 150 millones millones de quetzales (unos 20 millones de dólares), según el valor del mercado local.
Durante el operativo fueron capturados tres ecuatorianos, un mexicano y dos guatemaltecos.
Washington estima que el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa en avionetas, tierra, lanchas y minisubmarinos a través de México y Centroamérica.
