Internacionales
Salvadoreño es procesado por asesinar a la mascota de su tía en EE.UU.
Un joven salvadoreño es procesado en el condado de Springs, Nueva York, Estados Unidos, por quitarle la vida al perro su tía.
El hombre identificado como José Gálvez García, de 21 años, fue detenido por las autoridades luego que la dueña del animal diera parte sobre lo sucedido, luego de encontrar sin vida al perro llamado Simba.
La jueza Lisa Rana de East Hampton Town fijó una fianza de $ 25,000 en efectivo o $ 50,000 en propiedades contra el salvadoreño y este fue remitido a la cárcel del condado de Suffolk en Riverside después de que no pudiera pagar la fianza; su abogada, Cynthia Darrell, intentó en vano que se redujera , señalando que Gálvez García no había tenido hechos previos ni detenciones.
La asistente del fiscal del distrito, Stacy Skorupa, dijo que la familia del salvadoreño que éste estaba actuando de manera “rara” cuando regresó a casa con su madre y su padrastro la noche del domingo, y que “parecía molesto”.
Poco después, un miembro de la familia notó manchas en la chaqueta del Gálvez García. Más tarde, su tía y su tío llamaron a la familia para decir que su perro había desaparecido.
Días después, el cuerpo de Simba fue encontrado en el bosque a unos 50 metros de la carretera, con múltiples lesiones.
De manera preliminar se conoce que el joven aceptó los hecho y afirmó que estaba molesto por como su tía lo había tratado y por eso actuó de esa forma ante la mascota.
Internacionales
Video muestra cómo un hombre fue salvado de morir electrocutado por la rápida acción de su amigo
Un video que circula en redes sociales se ha viralizado al mostrar el momento en que un hombre interviene para auxiliar a un amigo que estaba recibiendo una fuerte descarga eléctrica.
En las imágenes se observa cómo la víctima permanece atrapada por la corriente eléctrica, mientras su compañero reacciona de inmediato e intenta apartarlo de la fuente de peligro.
El hecho quedó registrado en video y ha generado numerosas reacciones en plataformas digitales, donde usuarios han destacado la rápida acción del rescatista durante la emergencia.
Internacionales
Senado de Estados Unidos aprueba 70,000 millones de dólares para la ofensiva migratoria de Trump
El Senado de Estados Unidos aprobó una asignación de 70.000 millones de dólares destinada a financiar la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, tras una extensa jornada de votaciones sobre diversas enmiendas que pusieron de manifiesto diferencias dentro del Partido Republicano.
La iniciativa contempla recursos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza durante el resto del mandato presidencial. Con esta aprobación, el proyecto avanza a la Cámara de Representantes, donde los líderes republicanos prevén discutirlo en los próximos días antes de enviarlo al mandatario para su eventual sanción.
La votación se produjo después del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) registrado a principios de año, cuando los demócratas rechazaron respaldar nuevos fondos para la aplicación de las leyes migratorias sin restricciones específicas. Entre los puntos cuestionados se encontraban las redadas y el uso de máscaras por parte de agentes migratorios.
Ante la falta de consenso con la oposición, los republicanos recurrieron al mecanismo de reconciliación presupuestaria, que permite aprobar determinadas medidas con mayoría simple siempre que mantengan el respaldo de sus propios legisladores.
Durante el debate también surgieron discrepancias internas sobre otras iniciativas vinculadas a las prioridades de Trump, entre ellas un fondo destinado a compensar a personas que afirman haber sido perseguidas políticamente por administraciones anteriores. Algunos senadores expresaron preocupación por el impacto político de estas propuestas y buscaron limitar o eliminar ciertos componentes del paquete.
Los demócratas, por su parte, intentaron redirigir parte de los recursos hacia programas de vivienda y otras áreas sociales, argumentando que la prioridad debería centrarse en asuntos relacionados con el costo de vida y la inflación.
El gobierno de Francia analiza cómo responder a las críticas surgidas tras la desaparición de una niña de 11 años, en un caso que ha generado cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema judicial y el tratamiento de denuncias previas por agresiones sexuales contra el principal sospechoso.
La menor, identificada como Lyhanna, desapareció el 29 de mayo en la localidad de Fleurance, en el suroeste del país. Según las investigaciones, la última vez que fue vista con vida fue cuando subía al vehículo de un hombre señalado posteriormente como principal sospechoso, quien es padre de una amiga de la niña.
Las autoridades informaron que, tras varios días de búsqueda, fue hallado un cadáver con características similares a las de la menor en un silo agrícola abandonado. Las diligencias continúan para confirmar formalmente la identidad del cuerpo y determinar las causas de la muerte.
El principal sospechoso, identificado como Jérôme B., había sido acusado previamente de secuestro y se encontraba encarcelado. De acuerdo con la fiscal local, el hombre acumulaba varias denuncias por presuntos delitos sexuales contra menores presentadas entre 2017 y 2025. Algunos de estos casos fueron archivados por falta de pruebas o por declaraciones de las denunciantes.
Ante la conmoción generada por el caso, el presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció la existencia de posibles fallos y deficiencias que deberán ser esclarecidos. Asimismo, expresó su solidaridad con la familia de la menor.
El primer ministro, Sébastien Lecornu, sostuvo una reunión con los ministros de Justicia e Interior para revisar los posibles errores judiciales y ordenó una investigación administrativa. Paralelamente, la gendarmería y las autoridades judiciales anunciaron revisiones de procedimientos relacionados con casos sensibles que involucran a menores.
El caso ha reavivado el debate en Francia sobre la atención que reciben las denuncias de violencia sexual contra menores. Según datos de la comisión independiente Civiise, una parte significativa de estas denuncias son archivadas sin llegar a una condena judicial.
