El cuerpo de un líder social colombiano asesinado fue hallado un día después de que su esposa denunciara a través de un video que había sido secuestrado por hombres armados en el municipio Tame, en el departamento de Arauca, donde la violencia se ha recrudecido desde comienzos de año.

El homicidio de Hermán Naranjo Quintero, líder social afiliado a la Junta de Acción Comunal de Corocito, fue confirmado por la Defensoría del Pueblo, que publicó en su cuenta de Twitter que el día anterior había sido «retenido por grupos armados ilegales» en una zona rural de ese municipio.

El secuestro del líder social fue informado por su esposa, Edalid Carrillo, en un video que circuló en las redes. En su angustioso relato, afirmaba que unas personas se acaban de llevar a su pareja. «Le pedimos que por favor le respeten la vida», dijo.

«Nosotros no tenemos nada que ver con esta guerra, solamente somos trabajadores y él es comerciante», agregó Castillo, quien estaba acompañada por un adolescente y una niña pequeña.

En la corta grabación, manifestó que su esposo padecía de diabetes y le pidió ayuda a la Defensoría del Pueblo y a las organizaciones de defensa de los derechos humanos «para que vuelva a casa nuevamente».

Según el registro del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que también informó sobre este asesinato en su cuenta en las redes, Naranjo Quintero es el décimo sexto líder social ultimado en lo que va de año.

La retención ilegal del luchador social también había sido anunciada por la Comisión de Paz del Senado colombiano, que se había trasladado a Arauca a principios de esta semana, donde realizó una sesión junto a la Procuraduría y la Fiscalía.

Violencia desbordada en el Arauca

Durante su visita, los senadores hablaron sobre el aumento de la violencia en la zona y los organismos públicos recogieron testimonios sobre el desplazamiento masivo en los municipios de Arauquita, Fortul, Tame y Saravena, donde desde principios de año se registran enfrentamientos de grupos armados ilegales que ya han dejado al menos 66 asesinatos y 1.200 desplazados. 

Para la Defensoría, lo ocurrido en Arauca es una «crisis humanitaria» y tildó de «preocupante el panorama» que genera la confrontación armada entre el Ejército de Liberación Nacional y las facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Además, recordó que todos los municipios de ese departamento tiene «advertencia de riesgo» por la presencia de estos grupos armados.

Según su balance, 51 excombatientes en proceso de reincorporación fueron desplazados en el Arauca y fueron confinadas 130 familias de la comunidad indígena Macaguán, en el resguardo El Vigía, en Arauquita. Del mismo modo, 344 exguerrilleros de las FARC se declararon en confinamiento y hay riesgo de que a 319 familias indígenas les ocurra lo mismo.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, ratificó su «llamado vehemente» para que se aplique el Derecho Internacional Humanitario y se proteja a la población civil. «Es importante que toda la institucionalidad del Estado vuelque sus ojos y sus acciones a Arauca», agregó.