La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala, máximo tribunal del país, ha otorgado su protección a la fiscal general Consuelo Porras, ofreciéndole un amparo provisional que impide que esta sea destituida de su cargo, como lo había solicitado al Congreso el presidente Bernardo Arévalo.

«No podemos seguir con una institución tan politizada y tan temerosa de que el Congreso haga su trabajo. El país necesita salir adelante y ella misma [Porras] lo ha dicho: es un obstáculo», dijo el presidente Bernardo Arévalo.

La resolución de la CC, publicada ayer, ordena que las autoridades guatemaltecas «se abstengan de actos constitucionales y legales que atenten» contra el mandato de Porras, cuyo segundo término acabaría en 2026. Su reelección fue avalada por el expresidente Alejandro Giammattei.

Los magistrados de la CC también exigen al Ejecutivo que «en el ejercicio de sus facultades observen de manera irrestricta el sistema republicano, democrático y representativo de Gobierno, por virtud del cual se debe observar la alternabilidad en el ejercicio del poder y el plazo que para cada uno establece la Constitución».

La resolución también demanda que la presidencia brinde a la fiscalía todo el auxilio para «el ejercicio de sus funciones, especialmente las relativas a garantizar la provisión de fondos para su ejecución presupuestaria». Este amparo había sido presentado ante la CC el domingo por parte del Ministerio Público, al considerar amenazada la «integridad física» de la fiscal general y de otros funcionarios del ente.

El Congreso guatemalteco debía sesionar ayer sobre la petición de Arévalo para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público, cuyo fin sería que la fiscal Porras fuera removida del cargo, a quien señala de «la cooptación corrupta» del Estado. Sin embargo, no hubo quórum.

Samuel Pérez, diputado de Semilla, dijo ayer que varios legisladores no asistieron a la sesión porque fueron amenazados de muerte por su disposición de votar a favor de las reformas.

Los magistrados de la CC han sido cercanos a exgobernantes. Dina Ochoa, expresidenta de la alta corte, es conocida por votar a favor de las decisiones del exmandatario Jimmy Morales. El actual presidente de este jurado, Néster Vásquez Pimentel, ha sido tachado como actor corrupto y antidemocrático por el gobierno de Estados Unidos. Juan José Samayoa y Leyla Lemus fueron juramentados por Giammattei, antecesor de Arévalo, cuyo oficialismo había alegado fraude electoral y, de la mano de Porras, buscó retirar la inmunidad al entonces presidente electo.