Internacionales
MARAS: El Control, Crimen y Migración de las pandillas que atenta con la seguridad de las naciones
En Chiapas pasan cosas como esta: cinco jóvenes de entre 18 y 24 años torturaron y asesinaron a Rudy Alonso Pacheco Niño, de 18 años, en el municipio de Acacoyagua, el pasado 26 de junio.
Dos de los presuntos asesinos, detenidos un mes después, son guatemaltecos, uno salvadoreño y tres mexicanos. Todos miembros de la mara Barrio-18.
Su víctima, a su vez, era mexicano que pertenecía a la «Mara Salvatrucha» (MS-13), de acuerdo con las autoridades.
Con la atención siempre puesta en su frontera norte, México olvida que el sur también existe en el mapa de la violencia.
Chiapas, estado del sur de México, empalmado con Centroamérica por su geografía, enfrenta graves problemas de seguridad atribuidos al arribo de jóvenes «maras».
Así llaman a los integrantes de pandillas centroamericanas como la «Mara Salvatrucha» y «Barrio 18», que son las más conocidas y que en Chiapas han reclutado ya a jóvenes mexicanos, desde hace al menos 20 años.
Héctor Castillo, investigador de la UNAM y especialista en grupos juveniles, lo compró al participar en un programa gubernamental que se llamó Hábitat, y que puso en marcha el gobierno de Felipe Calderón en distintas ciudades del país para prevenir la violencia.
Entre esas ciudades estaba Tapachula, capital de Chiapas y una de las ciudades más afectadas por la actividad de las «maras».
«El propósito era intervenir con los jóvenes, a partir de distintas actividades, para alejarlos de las pandillas, porque uno no puede llegar y enfrentar así nada más a las ‘maras'», explica.
Por algo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde 2004, consideró a las «maras» como «un problema que atenta no solamente contra la seguridad pública de las personas, sino también contra la seguridad nacional del Estado».
Pandillas en expansión
Hace años que México detectó las actividades de grupos de «maras» en el país. Desde 1996 al menos, de acuerdo con la CNDH y Héctor Castillo.
Su presencia, sin embargo, progresivamente se expandió hasta llegar a 23 estados del país y sumar más 5.000 integrantes hasta 2005, año en que la CNDH hizo el estudio.
En este advertía además que en Chiapas habían nacido ya otras «clicas» (grupos considerados como «familias» que pertenecen a las «maras»), que en 2001 ya sumaban 200 grupos con al menos 3.000 pandilleros.
El problema entonces no es reciente, afirman especialistas. Y tampoco simple, aclaran. El fenómeno de las pandillas centroamericanas que operan en México es una mezcla que combina migración, pobreza, crimen y corrupción, y que exhibe la falta de políticas públicas en la región y las fallidas estrategias de seguridad como el Plan Frontera Sur, el cual consiste básicamente en el reforzamiento de la seguridad policial y militar.
Esta estrategia, sin embargo, no ha disuadido la operación de las pandillas en Chiapas. Y aun peor, al parecer su número y sus actividades ha aumentado en los últimos dos años: de 13 supuestos pandilleros detenidos en 2016, el número se elevó a 161 hasta febrero de 2018, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas.
También aumentaron los homicidios vinculados a los enfrentamientos entre pandillas: de 18 ocurridos en 2016 pasaron a 22 en 2017 y este año suman 7, según las cifras oficiales.
Los especialistas advierten, sin embargo, que alrededor de estos números oficiales hay una «cifra negra», que impide conocer el total de los asesinatos o hechos violentos relacionados con las «maras», porque la mayoría de la veces sus delitos involucran migrantes sin documentos.
Para enfrentar el problema – que afecta sobre todo a los municipios de Suchiate, Tapachula, Mapastepec y Tuxtla Gutiérrez– las autoridades de Chiapas pusieron en marcha el Programa Antipandillas, que opera desde la Fiscalía de Inmigrantes.
Esta instancia colabora con los gobiernos de Guatemala y El Salvador, y ha detectado los vínculos entre las maras de Centroamérica y las que operan en México.
Incluso advierten que desde cárceles como «El Infiernito», en el departamento de Escuitla, Guatemala, o desde los centros de reinserción social para sentenciados 14 de Cintalapa y 3 de Tapachula salen las órdenes de asesinatos de los jefes maras a sus «clicas».
Así lo comprobaron cuando detuvieron a los asesinos de Rudy Alonso. De acuerdo con la investigación, en «El Infiernito» está recluido Fernando Muñoz Sinar, conocido como «El Happy» y/o «El Ratón», a quien identifican como el actual líder de la «clica» llamada «Sólo para Locos», de «Barrio 18».
En 2017 este líder contactó a Juan Carlos N, «El Pastrana», que se encuentra en el centro penitenciario número 14 de Cintalapa para formar una alianza para la venta de droga en toda la región del río Suchiate, la Costa de Chiapas y Tapachula.
Para ellos operaba Yener Aldair, conocido como «El Panzas», de 19 años, guatemalteco, quien encabezó el asesinato del joven mexicano vinculado con «MS-13» en Acacoyagua, por órdenes de «El Happy».
Pero la violencia en Chiapas no sólo ocurre entre pandillas. Los más vulnerables son los migrantes centroamericanos que salen de sus países para huir de estas.
Jóvenes detenidos como presuntos miembros de las “clicas” en Chiapas.
La doctora Ailsa Winton, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (Ecosur), explica que desde hace un par de años ha sucedido que los migrantes que abandonan sus países por el acecho de las pandillas, se encuentran en Chiapas a los mismos de quienes huyen.
«Se comenzó a escuchar que estos migrantes se habían topado con quienes los habían amenazado allá (en sus países) o que reconocía a pandilleros de su país aquí en México, en espacios públicos como el parque central de Tapachula o los albergues, donde las personas encargadas de estos han alertado de esta situación», explica.
Esto sucede porque los pandilleros siguen a sus víctimas, las persiguen hasta México, dice. Y aunque este tipo de situaciones ya se conocían, agrega, no hubo respuesta de las autoridades: ni atención ni protección para los migrantes, y tampoco investigación.
El riesgo de la criminalización
Centroamérica y México comparten una frontera de 1.149 kilómetros que se extiende desde el Océano Pacífico al Caribe y atraviesa algunos de los territorios más pobres de la región, donde apenas hay infraestructuras y empleo formal.
Parte de la frontera de 956 km entre México y Guatemala serpentea a lo largo de los ríos Suchiate y Usumacinta. Los 193 kilómetros restantes siguen el curso del río Hondo que divide a México de Belice.
En esa geografía Chiapas es la puerta de entrada de la migración proveniente de la cintura del continente. O como lo llaman ahora: del «Triángulo Norte» que forman Guatemala, El Salvador y Honduras, países donde la pobreza y la violencia de las pandillas han disparado los desplazamientos forzados.
Los números lo evidencian. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 294.000 ciudadanos de esos países estaban registrados en 2017 como refugiados o solicitantes de asilo, lo que significa un aumento de 58% con respecto a 2016, y 16 veces más que en 2011.
La mayoría son mujeres y jóvenes que escapan del reclutamiento forzado de las maras o pandillas y de sus amenazas de muerte. «Están huyendo de la violencia», dice el investigador Iván Porras, también del Ecosur.
Para ellos, el primero de sus destinos es Estados Unidos, donde se encuentran 260.000 refugiados y solicitantes de asilo de Centroamérica, de acuerdo con cifras del ACNUR.
México –que ACNUR ya no considera un país de tránsito sino de destino– está en el segundo sitio con 12.700 solicitudes de asilo, seguido por Costa Rica con 3.200, Panamá con 1.400, y Nicaragua con 700.
Si la migración es un tema regional, también la seguridad lo es, dice el investigador Iván Porras. «No son fenómenos que puedan aislarse porque están vinculados», asegura.
Migración y seguridad a su vez están enganchados a las políticas migratorias de Estados Unidos y México, agrega Winton, del Ecosur.
«Si hay más controles migratorios en México y Estados Unidos, las personas que tienen que moverse están más sujetas a los grupos criminales, de quienes dependen para poder trasladarse de manera clandestina, pagándoles».
De modo que si cambia la política migratoria, cambia la migración y cambian los grupos criminales que se mueven en función de esos migrantes. Pero ni unos ni otros se detienen, a pesar de las políticas de seguridad que México ha aplicado como una especie de «tapón» para impedir que los centroamericanos lleguen a Estados Unidos.
Los resultados, parece, son contraproducentes debido a la corrupción de cuerpos policiacos y autoridades migratorias que extorsionan a los migrantes en su tránsito o son cómplices de los traficantes de personas.
De modo que los mecanismos de seguridad que ha implantado México para impedir la entrada de «maras», también han fermentado un caldo de cultivo para criminalizar la migración centroamericana y abandonarla a su suerte ante las acciones criminales de estos grupos.
«A quién recurren si están en el país de manera ilegal», pregunta Porras.
La presión migratoria
Apenas en enero de este año, los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras alertaron a México sobre los flujos masivos de pandilleros hacia Chiapas, como consecuencia de los operativos que esos países aplican contra esos grupos delictivos.
De inmediato se levantaron voces que demandaron a las autoridades federales y estatales controles más estrictos contra los migrantes que viajan sin papeles. Una de esas voces fue el Comité de Consulta y Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública (Cocoparci).
Esta organización argumentó que los ciudadanos centroamericanos pueden recurrir a la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), que en los últimos dos años ha permitido contabilizar aproximadamente 4.5 millones de ingresos legales por la frontera sur.
Una condición para acceder a la TVR es que los centroamericanos deben registrar y comprobar su identidad y domicilio. Por lo tanto, según la Cocoparci, muchos de quienes no tramitan la TVR es porque quiere ocultar quiénes son y de dónde vienen, tal vez porque tienen antecedentes penales.
Para Ailsa Winton, investigadora del Ecosur, estas son reacciones producto de la mala atención y comprensión de un problema como la violencia asociada a la migración y la movilidad, que termina distorsionando su percepción.
«Lo que sucede en Chiapas es que la gente ahora asocia más el refugio y a los refugiados con la criminalidad, y lo escuchamos en foros y de asociaciones civiles que argumentan que son los mismos criminales a quienes se les está beneficiando con la condición de refugiados», afirma.
Más allá de la xenofobia, que sí existe en México contra los centroamericanos, la preocupación de Winton es que, frente a esos argumentos y la falta de atención al problema, «las personas que necesitan protección quedan desprotegidas y los criminales pueden tener la libertad para seguir haciendo lo que hacen».
Ella y Porras coinciden que la atención debe ser regional y participar todos los gobiernos y autoridades involucradas.
Pero «no hay mucho interés, tampoco recursos asignados para atender el problema, y mucho menos comprensión sobre qué es la criminalidad, cómo operan esos grupos y su relación con la migración y movilidad en la región».
Por eso, historias como las de Rudy Alonso Pacheco, asesinado a machetazos, seguirán ocurriendo sin que nadie vuelva la vista hacia el sur.
El número de fallecidos por el actual brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) superó las 300 personas, mientras el país endurece las medidas de control para contener la propagación de la enfermedad, según la información más reciente divulgada por el Gobierno.
El Ministerio de Comunicaciones y Medios informó que se han confirmado 1,155 casos de ébola, incluidos 304 fallecimientos. Además, 138 pacientes se han recuperado y otros 326 permanecen aislados o hospitalizados.
Entre los casos confirmados figura un médico francés que participó en las labores de respuesta en la provincia de Ituri, considerada el epicentro del brote. El ministerio informó, a través de un mensaje publicado en X, que las autoridades sanitarias de ambos países mantienen un seguimiento cercano de la situación.
Como parte de las medidas para frenar la propagación del virus, la República Democrática del Congo implementó reglas de viaje más estrictas para las personas que regresan de las zonas afectadas por el ébola.
De acuerdo con un decreto firmado el miércoles por el ministro de Salud, Roger Kamba, los trabajadores sanitarios, personal de laboratorio y equipos de respuesta que regresen de las áreas afectadas deberán cumplir un monitoreo sanitario activo durante 21 días. Durante ese período tendrán prohibido realizar viajes nacionales e internacionales.
Asimismo, todas las personas que hayan permanecido en una provincia afectada por el brote solo podrán viajar al extranjero después de permanecer 21 días fuera de la zona afectada. Además, los pasajeros internacionales deberán completar un formulario de declaración de salud emitido por las autoridades sanitarias fronterizas, mientras que las aerolíneas serán responsables de verificar el cumplimiento de este requisito.
El brote, declarado a mediados de mayo, es causado por la cepa Bundibugyo del virus del ébola, para la cual actualmente no existen vacunas autorizadas ni tratamientos específicos.
Más de 50,000 personas permanecen desaparecidas tras los potentes terremotos que sacudieron Venezuela, informó a la AFP el jefe de ayuda humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Tom Fletcher, quien advirtió que el número de fallecidos «aumentará considerablemente».
«Se trata de una operación de rescate extremadamente compleja. Hay más de 50,000 personas desaparecidas y más de 500 han fallecido; por lo tanto, rebuscar entre los escombros es una tarea colosal», declaró Fletcher en una entrevista concedida a la AFP en Ginebra.
El funcionario, quien también se desempeña como secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, explicó que las labores de rescate enfrentan dificultades adicionales debido a la amenaza de réplicas.
«También existe la amenaza de réplicas, por lo que los equipos de rescate trabajan en condiciones de una complejidad increíble», afirmó.
El último balance difundido por las autoridades venezolanas reporta al menos 589 personas fallecidas. Sin embargo, los daños observados por periodistas de la AFP en las zonas afectadas hacen prever que el número de víctimas mortales podría ser mayor.
Fletcher reiteró que unas 50,000 personas continúan desaparecidas y señaló que el principal objetivo de los equipos de emergencia es localizar al mayor número posible de sobrevivientes.
«Nuestra misión es encontrar al mayor número posible de ellas y mantener el número de fallecidos lo más bajo posible, pero es evidente que la cifra aumentará considerablemente», reconoció.
La ONU anunció este viernes el despliegue de equipos de rescate procedentes de al menos 17 países para reforzar la búsqueda de sobrevivientes.
Actualmente, la operación cuenta con 35 equipos desplegados sobre el terreno, integrados por más de 1,600 rescatistas urbanos calificados y más de 100 perros de rescate.
Además, Fletcher informó que también se utilizan drones para acceder a edificios inaccesibles y localizar sobrevivientes, como parte de una operación de rescate a gran escala.
Como referencia, terremotos de magnitud similar dejaron más de 200,000 muertos en Haití en enero de 2010, 73,000 en Cachemira en octubre de 2005 y cerca de 53,500 en la frontera entre Turquía y Siria en febrero de 2023.
Un bebé de 18 meses falleció luego de ser encontrado dentro de un automóvil en el estacionamiento de un hospital universitario de Marsella, en el sureste de Francia, en medio de la ola de calor que afecta al país, informó este viernes el centro hospitalario.
Los bomberos de la segunda ciudad de Francia indicaron que fueron alertados el martes, poco antes de las 14:00 horas (12:00 GMT), sobre la presencia del menor en el vehículo. El niño fue trasladado a la unidad de urgencias pediátricas del hospital La Timone con pronóstico reservado.
El rector de la Universidad Aix-Marsella, Éric Berton, cuya Facultad de Medicina está vinculada al hospital, confirmó en un comunicado enviado a AFP el fallecimiento del menor, una información que había sido adelantada por el medio BFMTV. De acuerdo con el diario La Provence, el bebé murió el miércoles.
Según varias fuentes, uno de los progenitores habría olvidado al niño dentro del vehículo. Esa persona trabajaría diariamente en el campus universitario de La Timone y, según La Provence, se trataría del padre del menor.
La ola de calor que afecta a Francia y a gran parte de Europa desde hace casi una semana ha provocado múltiples tragedias. Hasta el momento, se reportan 55 muertes por ahogamiento en Francia y el fallecimiento de varias personas en situación de calle.
En Marsella, las temperaturas rondaban los 30 grados Celsius el martes, cuando el bebé fue encontrado dentro del automóvil.
El lunes, dos hermanos de 2 y 4 años también fueron hallados muertos dentro del vehículo de su familia en Carpentras, en el sureste de Francia. Asimismo, el miércoles otro menor, de 3 años, falleció dentro de un automóvil familiar en Saint-Gratien, al noroeste de París.
Este viernes, la ministra de Salud, Stéphanie Rist, afirmó que espera nuevas muertes relacionadas con este episodio de ola de calor, debido a su intensidad y duración excepcionales, aunque por el momento no ha proporcionado una cifra de fallecidos asociada a este fenómeno.
