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Kellogg’s se va de Venezuela después de más de medio siglo, Maduro ordena tomarla
Después más de 50 años en Venezuela, Alimentos Kellogg’s cerró operaciones en el país este martes. Una comunicación pegada en la puerta de la planta ubicada en la ciudad de Maracay, en el centro del país, en la que indica que se ha visto forzada a cesar sus operaciones en el país, explicaba a los trabajadores que su liquidación y todos los compromisos laborales habían sido honrados en la quincena que cobraron hoy. La medida tomó por sorpresa a los 400 empleados que amanecieron en las instalaciones donde se fabricaba el icónico cereal Corn Flakes, y encontraron las puertas cerradas.
Kellogg’s, una marca estadounidense con un siglo de presencia en casi todo el mundo, se suma a los cientos de miles de empresas que han cerrado en Venezuela en los últimos años. La empresa ya había reducido su producción y algunas marcas ya habían desaparecido.
“El deterioro de la situación económica y social en el país ha obligado a que la compañía detenga sus operaciones y salga”, explican en otro comunicado en el que aclaran que queda suspendida la distribución y comercialización de sus productos en todo el país.
Los directivos de la empresa no han acudido a la empresa. Sin embargo, funcionarios del gobierno tomaron las instalaciones de la planta de cereales al mediodía del martes. Se repite la situación de otras multinacionales como la estadounidense Kimberly&Clark, empresa de productos de cuidado personal que cerró operaciones en el país en 2016 y su fábrica fue confiscada por el gobierno, que ahora está sometido a otra demanda ante el CIADI por esta expropiación. Lo mismo sucedió con Clorox, intervenida por el gobierno de Nicolás Maduro en 2014 para mantener los puestos de trabajo, cuya producción ha venido en picada.
Juan Torrealba, que trabajaba en la línea que a diario -si no había cortes de luz ni otro inconveniente- producía 14 toneladas de Corn Flakes, teme que pase lo mismo con esta. “Uno quisiera ser optimista, pero con la experiencia que uno ha visto con otras empresas tomadas por el gobierno es muy difícil serlo”, contó aún sorprendido por la medida tomada de la empresa.
En 15 años, cerca de 500.000 negocios han bajado las rejas en el país sudamericano. El último año se ha agravado la profunda crisis económica por la entrada de la hiperinflación y la imposibilidad de acceder divisas por parte el sector industrial. Los constantes incrementos salarios que ha decretado al gobierno también han llevado a números rojos al sector, al que se le hace inviable costear los aumentos. Desde 2015 se han perdido 3 millones de puestos de trabajo por el cierre de empresas o la reducción de su operatividad, de acuerdo con datos de Coindustria.
La contracción de la industria, en particular la de alimentos que ronda el 70%, que ha provocada por el control de cambio y de precios impuesto por el gobierno hace 15 años, ha acentuado la escasez de comida en los supermercados, donde a diario la gente hace filas para poder acceder, y de forma limitada, a los pocos productos que llegan a los establecimientos. El gobierno venezolano tiene casi 300 empresas de alimentos, entre tomadas y estatales, controla toda la cadena de producción, distribución y venta de estos productos y no ha podido frenar el desabastecimiento
La semana pasada en la Asamblea Anual de Fedeagro, el presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Juvenal Arveláez, advirtió que la falta de liquidación de divisas para el sector ha comprometido la relación con los proveedores internacionales de materia prima para el procesamiento de alimentos. “La gente está pasando hambre”, dijo el empresario.
El mes pasado el representante de Fedeagro, Aquiles Hopkins, también había advertido que el panorama para el país es oscuro en materia de seguridad alimentaria. Este año, el campo venezolano solo podrá producir 25% de la demanda del país, pues no recibieron a tiempo los insumos para la siembra, cuya venta está monopolizada por el gobierno, y en el mercado negro son excesivamente costosos para los productores agropecuarios nacionales.
El papa León XIV recibió este viernes a los obispos de El Salvador, quienes se encuentran en Roma para realizar la visita «ad limina Apostolorum», una jornada en la que los representantes de la Iglesia salvadoreña presentaron al Pontífice la situación de sus diócesis y los principales desafíos pastorales.
El encuentro se desarrolló al cierre de la visita iniciada el pasado 7 de septiembre, durante la cual los obispos sostuvieron reuniones con diferentes organismos de la Curia Romana y compartieron aspectos relacionados con la realidad de El Salvador y de la Iglesia en el país.
Como parte de la visita, los obispos entregaron al papa León XIV una reliquia de primer grado de san Óscar Arnulfo Romero, figura central de la Iglesia salvadoreña y uno de los santos más reconocidos del país.
El cardenal Gregorio Rosa Chávez destacó el ambiente de cercanía durante las actividades realizadas en Roma y señaló que los encuentros permitieron abordar diferentes temas de interés para la Iglesia salvadoreña.
Entre los aspectos señalados por el cardenal estuvo la importancia de colocar a la persona humana en el centro frente a los desafíos actuales. También destacó el legado de san Romero y el cariño que existe hacia su figura dentro de la Iglesia.
Rosa Chávez hizo además un llamado a mantener la esperanza y a trabajar por una cultura de encuentro y diálogo en El Salvador, con una mirada puesta en el futuro del país.
Al finalizar su participación, el cardenal dejó un mensaje para los salvadoreños: «Que no decaiga la esperanza. Que sigamos esperando con esperanza y soñando el futuro que Dios quiere», expresó.
Cilia Flores, esposa del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, solicitó a la justicia de Estados Unidos que le permita continuar el proceso judicial en su contra bajo arresto domiciliario, debido a problemas cardíacos que, según su defensa, requieren atención médica especializada.
Flores, de 69 años, se encuentra detenida en una prisión federal de Brooklyn, Nueva York, donde permanece desde el 3 de enero, cuando fue capturada junto a Maduro durante un operativo estadounidense en Caracas.
Antes de su captura, Flores «estaba físicamente sana y no tomaba ningún medicamento de forma continua, salvo una inyección mensual», aseguró su abogado Mark Donnelly en un documento fechado el miércoles.
Sin embargo, de acuerdo con su defensa, actualmente toma cuatro medicamentos y presenta problemas cardíacos que requieren una exploración coronaria y una intervención.
Ante esta situación, el abogado solicitó que Flores sea trasladada a una residencia privada en Estados Unidos, donde cumpliría un régimen de arresto domiciliario bajo condiciones estrictas. La propuesta contempla vigilancia armada las 24 horas, el uso de un brazalete electrónico y la confiscación de su pasaporte.
El pedido también señala que las condiciones de reclusión actuales no le permiten recibir la atención que necesita para atender sus problemas de salud.
El exmandatario venezolano y su esposa están procesados en Estados Unidos y acusados de haber ayudado a traficar cocaína hacia ese país, cargos que ambos niegan.
Hace una semana, Maduro solicitó desestimar los cargos en su contra y apeló a su inmunidad como jefe de Estado para argumentar que el tribunal de Nueva York que lleva su caso y el de Flores no es competente.
Desde que Maduro fue depuesto, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez gobierna Venezuela de manera interina, bajo fuerte presión de Washington.
Cientos de personas continúan durmiendo en calles, carpas o albergues en Pereira, Colombia, un mes después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto, que dejó más de 330 personas fallecidas y provocó el derrumbe de miles de edificios.
Fanery Andrade, una vendedora ambulante de 41 años, permanece junto a su familia en una carpa instalada en un parque, después de que su vivienda quedara reducida a escombros. La mujer espera recibir las ayudas anunciadas por el Gobierno.
«Aún estamos acá porque está difícil los arriendos, hemos mirado, son costosísimos, los subieron por las nubes», relató Andrade a la AFP.
El terremoto, que golpeó el occidente de Colombia, también derribó colegios, hospitales y miles de edificios. Las pérdidas económicas fueron estimadas en $9,500 millones y las labores de reconstrucción tomarán años.
Andrade recordó que logró salir de su vivienda poco antes de que esta se derrumbara, a pocos metros del parque donde actualmente permanece. «Uno duerme todavía con susto», aseguró mientras señalaba los restos de su casa.
La mujer tuvo la posibilidad de trasladarse a un albergue, pero decidió permanecer cerca de seis familias vecinas que también instalaron sus carpas en el lugar. «Entre todos nos colaboramos», expresó.
Andrade, quien padece anemia y otras patologías, también busca recuperar su pequeño puesto de frituras y conseguir nuevamente una vivienda. «Una casita» es uno de sus principales anhelos.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo tres días antes del terremoto, anunció subsidios de $285 mensuales para el alquiler durante tres meses destinados a las personas afectadas. Sin embargo, varios damnificados consultados por la AFP afirmaron que todavía no habían recibido la ayuda gubernamental.
Entre quienes buscan salir adelante se encuentra Francia Elena Vásquez, quien perdió su tienda familiar de velas aromáticas y utensilios desechables, negocio en el que trabajó durante 28 años.
Tras perder el establecimiento, Vásquez retomó sus actividades comerciales en un espacio prestado dentro de un estacionamiento. «Gracias a la comunidad, a la gente, (…) nos ha ido bien», relató la comerciante.
De acuerdo con la entidad de atención de desastres, el terremoto dejó más de 36,300 viviendas destruidas.
Otro de los afectados es Matías Vélez, un auxiliar de enfermería de 36 años que resultó herido durante el terremoto. Tras el colapso de su apartamento, se trasladó a vivir con sus padres mientras se recupera y retoma sus actividades laborales.
«Nos toca empezar de cero», afirmó Vélez.
