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Internacionales

Fiscalía investiga por tráfico de influencias al presidente de Costa Rica

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La Fiscalía de Costa Rica abrió una investigación contra el presidente del país, Rodrigo Chaves, y varios miembros del gobierno por «tráfico de influencias» tras la denuncia penal de un empresario contra el mandatario, informó el ente a la AFP el martes.

El Ministerio Público señaló a través de un escueto comunicado que el expediente se abrió «a raíz de la denuncia interpuesta por el señor (Leonel) Baruch», presidente de la Corporación BCT, entidad bancaria costarricense, y miembro de la junta directiva del medio de comunicación CR Hoy, un medio con que ha sido criticado abiertamente por Chaves.

Además del mandatario, la Fiscalía también indaga al ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez; a Gabriel Vargas, asesor del mandatario; a la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Adilia Caravaca Zúñiga; y a su exesposa Yafit Ohana.

Baruch denunció a Chaves el pasado 25 de julio por la presunta intervención del mandatario y el resto de funcionarios en el proceso de divorcio entre él y Ohana y la disputa por la custodia de sus hijos.

El empresario denuncia que su exesposa recibió un trato de favor por parte del gobierno en su divorcio después de contribuir en la creación de un vídeo para redes sociales que fue utilizado por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, para denunciar un presunto caso de evasión fiscal.

La disputa entre Baruch y Chaves salió a la luz a través de un comunicado enviado por el abogado del empresario, Cristian Arguedas, en el que confirmaba que «no queda otra alternativa que las acciones legales emprendidas hoy contra el presidente de la república y demás participantes en semejantes acciones».

El delito de tráfico de influencias está penado en Costa Rica con prisión de dos a cinco años.

La causa se encuentra «en etapa privada», informaron desde el Ministerio Público, por lo que no se puede entregar más información al respecto.

Segunda investigación

Esta es la segunda investigación abierta contra Chaves por parte de la Fiscalía en menos de un mes. El pasado 17 de julio el Ministerio Público abrió un oficio por la presunta comisión de «abuso de poder».

Esa otra investigación se abrió contra el presidente por presunta comisión del «aparente delito de influencia en contra de la Hacienda Pública», señaló la Fiscalía.

Chaves se encontraba en pleno viaje oficial en Bélgica para asistir a la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), y posteriormente tenía programado un viaje a Letonia, país del cual es originaria su mujer y primera dama, Signe Zeikate.

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Incautan más de medio millón de quetzales vinculados a extorsiones en una vivienda de Guatemala

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Las autoridades de seguridad pública de Guatemala reportaron este jueves 27 de agosto la captura de un hombre de 39 años y la incautación de Q548 mil 300 en efectivo, dinero que habría sido generado de manera ilícita.

El procedimiento policial se realizó en la 33 avenida y 46 calle de la colonia El Granizo II, zona 7 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con la información compartida, personal de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), en coordinación con fiscales del Ministerio Público, desarrolló el operativo como parte del seguimiento a investigaciones en curso.

Durante la inspección de una vivienda fueron localizados Q548 mil 300 en efectivo. Según las autoridades, el dinero también podría estar relacionado con casos de extorsión y ataques armados registrados en ese sector de la capital.

En el lugar fue detenido en flagrancia un hombre de 39 años, debido a que no pudo explicar el origen del dinero y por sus posibles vínculos con hechos delictivos.

El detenido fue puesto a disposición del juzgado correspondiente, que deberá dilucidar su situación legal.

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Internacionales

La OMS declara Uganda libre de ébola

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Uganda declaró el fin de un brote de ébola luego de cumplir 42 días desde que el último paciente confirmado fue dado de alta, sin que se documentara una nueva transmisión asociada a ese caso, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El último enfermo por ébola confirmado, importado desde otro país, fue dado de alta el 16 de julio de 2026. Tras cumplirse 42 días sin nuevos contagios relacionados con ese caso, la OMS señaló que se marca el fin del brote.

«Uganda cumplió 42 días desde que el último enfermo por ébola confirmado, importado desde otro país, fue dado de alta el 16 de julio de 2026, sin que se haya documentado ninguna transmisión posterior asociada a ese caso, lo que marca el fin del brote», publicó la OMS en X.

La organización elogió al gobierno de Uganda, al personal sanitario y a sus socios por «las sólidas medidas adoptadas para contener el brote y evitar una propagación más amplia».

Uganda registró un total de 20 casos de ébola, casi todos correspondientes a personas que habían viajado desde la República Democrática del Congo (RDC), además de dos fallecimientos.

El ébola se transmite mediante el contacto con fluidos corporales y provoca fiebre hemorrágica.

El país fue reconocido por sus esfuerzos para evitar la propagación del brote, que desbordó los centros sanitarios en algunas zonas del este de la vecina RDC.

Desde que se declaró el brote el 15 de mayo, en la RDC se registraron más de 5.600 casos confirmados, incluidos más de 2.700 fallecimientos.

Según el texto, este es considerado el brote de propagación más rápida de esta enfermedad registrado hasta la fecha.

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Internacionales

Irán ejecutó a más de 500 personas en lo que va de 2026, afirma ONG

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Irán ha ejecutado a más de 500 personas en lo que va de 2026, luego de un nuevo aumento de los ahorcamientos registrado en los últimos días, pese al llamado del presidente estadounidense Donald Trump para detener estas ejecuciones, informó el jueves la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.

De acuerdo con IHR, al menos 511 personas han sido ejecutadas en Irán durante 2026, entre ellas al menos 29 relacionadas con las protestas antigubernamentales de enero.

La organización señaló que entre las personas ejecutadas figuran al menos 16 mujeres y 13 «presos políticos» vinculados a grupos de oposición prohibidos.

Activistas acusan a las autoridades iraníes de utilizar la pena capital como un mecanismo para intimidar a la población después de las protestas y de la guerra que comenzó el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel.

«Todas las ejecuciones, independientemente de los cargos, tienen un claro propósito interno: generar miedo y evitar nuevas protestas», declaró a la AFP el director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, quien agregó que existe preocupación por que esta tendencia pueda empeorar durante los próximos meses.

Desde el 19 de marzo, también fueron ejecutadas dos personas en relación con las protestas que comenzaron en 2022 tras la muerte bajo custodia de la joven kurdoiraní Mahsa Amini, quien había sido detenida en Teherán por presuntamente incumplir el código de vestimenta.

El martes, Trump escribió en su red Truth Social que Irán «asesina a manifestantes, incluso cuando no están manifestando, en una magnitud que no se había visto nunca».

«Se trata de una crisis humanitaria de proporciones épicas y debe detenerse, AHORA», agregó el mandatario estadounidense.

Amiry-Moghaddam sostuvo que, durante la guerra, la comunidad internacional concentró su atención en la reapertura del estrecho de Ormuz y en el conflicto, lo que, según afirmó, dio «a las autoridades un mayor margen para llevar a cabo ejecuciones de manifestantes, presos políticos y otras personas condenadas a muerte».

El director de IHR valoró los comentarios de Trump y afirmó que «una mayor atención aumenta el costo político para la república islámica».

La organización también aseguró que cientos de manifestantes han sido condenados a muerte o enfrentan cargos que podrían conllevar la pena capital.

Según Amnistía Internacional, Irán ejecutó al menos a 2.159 personas durante 2025. Sin embargo, las autoridades parecen estar intensificando actualmente las ejecuciones de manifestantes y de otras personas consideradas presos políticos durante el conflicto.

Más de 30 países, entre ellos Francia, Reino Unido y Canadá, condenaron este mes el uso de la pena capital por parte de Irán y afirmaron que el país está ejecutando a manifestantes para «silenciar la disidencia».

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